La peatonalización del Raval de Santa puede darse por culminada, 22 meses después del inicio de las obras. Esta misma semana se ha instalado el mobiliario pendiente en el segundo y último tramo –que abarca desde la calle de Santa Anna hasta la plaza de Catalunya–, con lo que, en principio, el Ayuntamiento ya se encontraría en disposición de recepcionar la reforma.
Los afectados por el cierre al tráfico, comerciantes incluidos, están convocados a una reunión el 5 de septiembre. En ella, el gobierno municipal debería empezar a aclarar cómo se articulará el acceso de vehículos a motor a la zona, probablemente mediante una prueba piloto.
El nuevo mobiliario se ciñe a lo previsto y continúa la línea del que se colocó entre la plaza Prim y la calle de Santa Anna. Incluye así parklets –las plataformas de madera con asientos y vegetación–, sillas, aparcamientos de bicicletas y papeleras.
«Desde el primer día en que se pusieron las plataformas y las sillas, la gente las ha utilizado», indica el portavoz de los negocios del Raval de Santa Anna, Marc Niubó. Y destaca que «había mucha necesidad de papeleras. Estuvimos tiempo sin ellas y la basura iba al suelo».
Coincidiendo con la peatonalización, frente al Museu de Reus ha tomado forma también una estación para la futura bici pública compartida, la Ganxeta, cuya implantación avanza. Tal como informó el Diari, el Ayuntamiento trabaja con el objetivo de que las bicicletas lleguen a Reus este verano y el servicio esté en marcha a finales de año, una vez desarrollada la app asociada.
La intervención de peatonalización como tal, que costó casi un millón de euros, llevaba meses lista. Y el corte al paso de coches se aplicó de facto casi desde el inicio de los trabajos, que empezaron en octubre de 2021. Vecinos y negocios han estado haciendo malabares para entrar y salir de sus casas y asegurar el reparto de productos. La reunión de septiembre debería ser el principio del fin de esta situación difícil.
Aunque el Ayuntamiento nunca se ha pronunciado al respecto, una de las opciones que, al menos, se barajaba en este sentido era la de inspirarse en el modelo que aplica Girona. Este distingue entre una treintena de supuestos –por ejemplo, vecinos empadronados, alojamientos turísticos, familiares de residentes, coches de empresa...– con derecho a autorización para entrar. A cada uno de ellos le atribuye horarios y posibilidades distintas. «Tenemos ganas de ver cómo funcionará todo y cómo va a ser la movilidad», señala Niubó.