Ante el anunciado cierre de la residencia de ancianos ICASS de Reus, Generalitat se compromete a aportar soluciones antes de finales de año. La clausura por «deficiencias estructurales» no tiene marcha atrás y en las próximas semanas hay que resolver dos cuestiones: dónde ubicar los residentes a corto plazo y cómo tiene que ser la futura residencia ICASS. «¿Rehabilitamos el edificio o construimos una nueva residencia?», plantea el secretario general de Drets Socials de la Generalitat, Oriol Amorós, que subraya: «Cerramos el edificio, no la residencia».
Sobre la primera cuestión, la prioridad es que «todos los residentes sean reubicados en el mismo sitio». El Departament está estudiando la opción de acceder a una residencia que, actualmente, está a la venta en Reus, aunque lo que plantea Generalitat es un alquiler. Amorós admite que esta opción es complicada, «pero estamos negociando».
Paralelamente, barajan la opción de distribuir los usuarios entre, básicamente, dos residencias: Horts de Miró de Reus (con 29 nuevas plazas) y Mare de Déu de Mercè de Tarragona (la segunda planta). Entre ambas, un 90% de los residentes estarían reubicados, mientras que el 10% restante serían distribuidos en otros centros residenciales. Si se llevara a cabo esta opción, «respetaremos la capacidad de elección» de los usuarios, estudiando caso por caso.
Sobre la posibilidad de trasladar el servicio al antiguo hospital de Reus, fue una opción analizada. Pero ha quedado descartada porque es un edificio que «lleva diez años cerrado y requiere de mucha reforma».
En cuanto a los empleados, Amorós asegura que todos mantendrán el puesto de trabajo y que la preocupación recae sobre los trabajadores de proveedores, es decir, cocina y limpieza, en lo que se está trabajando.
Paralelamente, hay otra cuestión a resolver: ¿qué pasa con el futuro de la residencia ICASS de la avenida del Segle XX? Aquí la solución también tiene dos escenarios: rehabilitar el actual edificio o construir uno de nuevo. En este caso, Generalitat está evaluando conjuntamente con el Ayuntamiento varias alternativas. Todavía no pueden darse más detalles, pero, de momento, ambas partes han acordado constituir de forma inmediata una comisión mixta para estudiar la mejor solución. La opción definitiva tendrá que estar definida antes de que termine el año. Y es que éste es uno de los acuerdos entre Generalitat y Ayuntamiento. Una vez esté clara esta cuestión, y también dónde serán reubicados los mayores, será cuando empezará el traslado de los usuarios.
Una intervención integral
El secretario general de Drets Socials descarta la posibilidad de llevar a cabo una intervención en el edificio con el equipamiento en funcionamiento. Explica que los informes señalan tres problemas graves y dos de ellos requieren de intervenciones integrales incompatibles con la actividad diaria. Una es la presencia de legionelosis, detectada en 2022. «Está monitorizado con Salut Pública y se han llevado a cabo soluciones provisionales», pero el problema requiere de una sustitución completa de toda la instalación. Por otro lado, el edificio incumple la normativa de incendios y tendrían que construirse unas escaleras complementarias y más ascensores. Finalmente, hay riesgos estructurales del hormigón, con las armaduras de acero afectadas por la humedad exterior, por lo que hay que actuar sobre la estructura del edificio.
Oriol Amorós entiende la preocupación generada entre los afectados, pero «hemos optado por la transparencia», defiende.
