El pleno del Ayuntamiento del pasado viernes empezó con una propuesta de resolución para que se investiguen las declaraciones del excomisario Villarejo sobre los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils, asunto proceloso porque hay muy poco margen de seguridad entre pedir cuentas al CNI por sus contactos y entuertos con el imán de Ripoll y auspiciar una trama de infundios como hicieron algunos partidos y medios en comunicación con los atentados del 11-M. Sobre todo si la distancia entre una consideración y otra depende de las palabras de un personaje tan falaz como Villarejo.
Que la resolución aprobada incluyera reconocimientos a la labor de los Mossos –que en su día descartaron la teoría de la conspiración en base a la información de la que disponían– y a la memoria de las víctimas, invita a pensar que la sombra de las mezquindades perpetradas por quienes en 2004 intentaron tergiversar la autoría de los atentados de Madrid y utilizar políticamente a sus víctimas sobrevoló el debate de la junta de portavoces.
Villarejo fue un mal presagio, pero no el detonante de la crispación en el pleno telemático. La primera pelotera se desató en el debate sobre el Pla Local d’Educació, que no parecía terreno abonado para la contienda porque se trata de un diagnóstico de la ciudad desde la perspectiva educativa, acompañado de las líneas de actuación y objetivos para los próximos cinco años. Pero la portavoz de Ciudadanos, Débora García, lo utilizó para desenterrar el hacha de guerra y dirigirla hacia el asunto que su partido lleva por bandera. Esto es, «la alarmante discriminación hacia los alumnos castellanohablantes que no pueden estudiar en su lengua materna en su propio país», según García, que llegó a sostener que hay quienes «en España no pueden hablar en español».
Maltratar la realidad y la historia
Su intervención provocó una respuesta airada de Marta Llorens (CUP), que la acusó media docena de veces de mentir, verbo que también utilizó el concejal de Educació, Daniel Recasens (ERC), y que provocó una réplica aún más desatada de Débora García: «Este es un sistema clasista y supremacista que discrimina y resta oportunidades a los alumnos castellanohablantes dentro de una estrategia de ingeniería social de imposición de un solo pueblo y una sola lengua», soltó, para acabar tildando al Pla Local d’Educació de «una pieza más del engranaje de este totalitarismo puro y duro».
Una frase que constituye un buen ejemplo de la práctica política imperante de adaptar la realidad a las creencias e intereses de cada uno, sin que la veracidad del relato importe.
La trifulca probablemente habría quedado a beneficio de inventario, pero dio la casualidad que poco después los medios de comunicación informaron que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) acababa de declarar firme la sentencia que establece la obligatoriedad del 25% de enseñanza en castellano en las escuelas de Catalunya y daba al Govern de la Generalitat dos meses para ejecutarla.
Así las cosas, y como en el orden del día figuraba también una moción de la CUP para promover el uso del catalán en la ciudad, frenar su retroceso social y rechazar la imposición judicial del 25% de clases en castellano, su debate reabrió la caja de los truenos.
No repetiré los posicionamientos de los grupos políticos, porque en este tema son de sobras conocidos, pero sí algunas frases llamativas.
En este sentido, creo que la adrenalina le jugó una mala pasada a Débora García y sus argumentos entraron definitivamente en el terreno del disparate cuando dijo que «el franquismo benefició de forma extraordinaria a Catalunya con grandes inversiones que no se produjeron en el resto de España, con una Catalunya extremadamente dócil con la dictadura y apoteósicos recibimientos a Franco». A lo que siguieron referencias a supuestos delatores y espías lingüísticos, que llevaron a la portavoz de Cs a equiparar a la sociedad catalana actual con «la Alemania de los años 30».
La contestación más dura le llegó de nuevo de Marta Llorens, que la acusó de «racista». En semejante escenario, el llamamiento de Andreu Martín –portavoz del PSC y profesor en ejercicio– a hacer de la lengua un patrimonio colectivo y no de una parte, definió perfectamente los riesgos a los que nos enfrentamos.
En resumen, el pleno más bronco de la legislatura, del que no salió nada tangible respecto al catalán y al castellano, pero que ilustra crudamente como de un tiempo a esta parte la lengua se ha convertido en el arma predilecta de la guerra ideológica, con la escuela convertida en frente de batalla y los jueces tomando decisiones propias de los políticos y los maestros.