El calendario de 2024 de la Audiencia Provincial de Tarragona tiene señaladas dos fechas en rojo. Si nada se tuerce, en mayo será juzgada la pieza central del caso Innova sobre presuntas irregularidades en la gestión sanitaria en Reus, tras doce años de instrucción. Y en septiembre empezará la vista sobre el caso Parc Central por presunta corrupción en la compraventa de los terrenos y la concesión de la licencia al centro comercial de Tarragona, una causa que ha batido todos los récords de longevidad, porque el juicio llega 30 años después de la primera denuncia y tras haber pasado por las manos de 26 jueces de instrucción.
Serán dos juicios a dos épocas de la política y la gestión municipal en Tarragona y Reus, y por ende al urbanismo y la sanidad de la Catalunya de entonces, aunque las demoras acumuladas y la complejidad de ambos sumarios dificultan que la ciudadanía recuerde hoy con detalle los hechos que examinará el tribunal.
Estas circunstancias y el escándalo provocado cuando estallaron eran el principal vínculo entre dos casos sin ninguna conexión aparente, hasta que un último e inesperado giro los está relacionando: la sombra de la operación Catalunya, es decir, de las maniobras al margen de la ley de algunos poderes del Estado contra el proceso independentista catalán. Por bien que de manera distinta sobre una y otra causa.
El influjo de la operación Catalunya planea sobre la macrocausa Innova desde la célebre conversación grabada entre el ministro Fernández Díaz y el juez De Alfonso, en la que éste se jactaba de que «les hemos destrozado el sistema sanitario» y el ministro del Interior decía aquello de que «esto la Fiscalía te lo afina».
Desde entonces, los jueces han acabado archivando algunas piezas del caso en que decenas de políticos, médicos y directivos de empresas sanitarias públicas y privadas habían sido detenidos o imputados por indicios de los que no resultó nada. Cuando la Justicia dictaminó que la prevaricación y el tráfico de influencias en los contratos con el fabricante de prótesis Traiber o en el procedimiento para la construcción del Centre de Salut de Vila-seca, entre otras, no se sostenían, cobró aún más fuerza la hipótesis de que la investigación policial hubiese nacido contaminada.
El patrón
La revisión de las piezas ya cerradas permite incluso establecer un patrón. La policía judicial informaba de posibles delitos y, si la fiscalía y el magistrado les daban credibilidad, comenzaba un calvario para los imputados que se ha prolongado durante años, hasta que el juez instructor o el tribunal correspondiente han desestimado la causa.
No hablamos de fabricación de pruebas o delitos, sino de interpretaciones desajustadas de los hechos para encajarlos en el Código Penal, acompañadas de filtraciones interesadas y detenciones con preaviso a los medios para asegurar el máximo eco y la pena de Telediario. Diversos de estos casos no han llegado siquiera a ser juzgados porque el propio juez instructor les ha dado carpetazo al concluir que las pesquisas practicadas no aportaban evidencias de delito.
En esas estábamos, cuando una investigación periodística desarrollada por La Vanguardia y Eldiario.es ha revelado como el gobierno de Mariano Rajoy y su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pusieron a la cúpula policial al servicio de sus maniobras políticas ilegales para desacreditar el proceso soberanista catalán.
La primera maquinación destapada es una nota de 2012 enviada al ministro por el comisario José Manuel Villarejo, en la que éste resumía algunas causas judiciales en marcha con el objetivo de darles nueva vida y generar escandalera para perjudicar a líderes independentistas. Y entre las seleccionadas figuraba el caso Parc Central –inicialmente llamado Eroski– en Tarragona.
Las cuentas de Mas y Pujol
En la venta de los terrenos y la tramitación de las licencias municipales había intervenido y cobrado comisiones la empresa peletera Tipel, propiedad de la familia Prenafeta, uno de cuyos miembros fue secretario general de la Presidència de la Generalitat con Jordi Pujol. Dado que Artur Mas había trabajado en Tipel cuando fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona, el asunto interesó a Villarejo, aunque los hechos eran posteriores al paso de Mas por la compañía.
«Sumario antiguo, pero vivo», resaltó el comisario. «Hay solicitadas nueve comisiones rogatorias a Suiza, Holanda, Andorra y Liechtenstein. Se refiere a la compra de unos terrenos por valor de 535 millones y venta a Eroski por 1.337. Se investigan los 800 que faltan». Con estos mimbres, Villarejo aprovechó para apuntar que el dinero habría ido a parar a «cuentas en Liechtenstein a nombre de varios dirigentes políticos, entre ellos AM (Artur Mas) y su padre». Según La Vanguardia y Eldiario.es, esa sugerencia fue suficiente para elaborar un nuevo dossier falso en el que se atribuían a Pujol y Mas cuentas en Liechtenstein y Suiza con cientos de millones de euros, publicado en El Mundo.
Villarejo incluyó otros comentarios en la nota, como el nombre de la magistrada que cerró el caso, «y ahora hay una sustituta que dice estar muy presionada por medios políticos».
En los años noventa, cuando estalló el caso, el que suscribe y otro periodista del Diari fueron interrogados por la Fiscalía por revelación de secreto de sumario en la publicación de una noticia sobre el mismo. Hoy, esto suena a chirigota, porque la filtración de secretos de sumario, y prácticas de guerra sucia aún más atentatorias contra los derechos fundamentales, parece que han pasado de delito a deber patrio. Veremos si la Justicia también se anima a juzgar esta otra época.