La comunidad musulmana lo tiene claro: quiere que aquellos alumnos que pidan recibir educación islámica en la escuela pública y concertada, su petición sea atendida. «Tenemos derecho. Así consta en un acuerdo de 1992 entre el Estado y las distintas confesiones», señalaba hace unos días el portavoz de la mezquita As-sunnah de Reus, Mohamed Said Badaoui, que recuerda que en Catalunya no se está aplicando, «mientras que en otras partes del país ya se está haciendo».
Las distintas comunidades musulmanas catalanas se están organizando para pedir formalmente al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que se aplique, ni más ni menos, la ley. Ya hicieron una primera reunión, hace un par de meses, en Barcelona, y ahora están a la espera de reunirse por segunda vez para formar una plataforma y, así, hacer más fuerza. Una reunión que debía celebrarse el pasado sábado, pero que se aplazó, a la espera de una nueva fecha.
La petición se fundamenta sobre la ‘Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España’, en la que en el artículo 10 se establece: «Se garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a los últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro, en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria». La ley lo deja claro, pero según explica Mohamed Said Badaoui, «en Catalunya nunca se ha aplicado». El Diari ha intentado ponerse en contacto con el Departament d’Ensenyament, pero sin éxito. Aun así, algunas fuentes consultadas señalan que no habría una postura oficial ante este tema, aunque sí que se estaría trabajando para dar una respuesta a una petición con la que las distintas comunidades musulmanas hace años que están trabajando.
Se abre el debate
El debate siempre ha estado encima la mesa, pero en estas últimas semanas está en el orden del día. Las opiniones al respecto son dispares, pero todas las voces coinciden en afirmar que «los musulmanes tienen derecho a recibir educación islámica en la escuela pública y concertada», según lo que marca la ley. Pero a partir de aquí, se abren distintos frentes.
«Tienen legitimidad, aunque quizás deberíamos preguntarnos si en los centros financiados con dinero público deberían impartirse clases de religión», expone el coordinador de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), Lluís Pallejà. Aclara que desde la FAPAC no se ha tratado la cuestión concreta de la comunidad musulmana, y aunque reitera la legitimidad de la demanda, «desde FAPAC tenemos claro que la escuela no es el espacio para impartir ningún tipo de religión. Y cabe señalar que el problema no es la religión, sino la segregación que genera», señala Pallejà.
Las comunidades musulmanas quieren unirse para hacer una petición a EnsenyamentDesde el sindicato Junts Docents de Religió en Tarragona, Josep Ponce reconoce el derecho desde el punto de vista legal de los musulmanes a recibir educación islámica en la escuela, teniendo en cuenta el acuerdo entre el Estado español y las distintas confesiones. Ponce expone que para poder impartir clases de religión cristiana se requiere de titulación civil, titulación religiosa [se trata de la Declaració Eclesiàstica Competència Acadèmica (DECA)] y el nivel C de catalán. «El contenido curricular lo establece la confesión, y los objetivos y la metodología, la ley de educación vigente. Así que el currículum se diseña de acuerdo a las directrices de Ensenyament», puntualiza.
Ante la reivindicación de la comunidad musulmana, Josep Ponce subraya que «están en su derecho, pero deben plantearse algunas cuestiones previas que no son fáciles. ¿Cómo se va a regular el contenido curricular? ¿Quién podrá impartir las clases? ¿En qué idioma?». En este sentido, Ponce considera que se necesita regular correctamente la cuestión «para evitar que haya adoctrinamiento en las aulas. Se trata de que se establezcan unos parámetros claros de control», señala.
Sergi Arévalo, de la Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional, muestra la religión como «parte de la cultura humana». También subraya que legalmente los musulmanes tendrían que poder recibir educación islámica, aunque también se plantea si la religión debería o no estar en las escuelas. «Nosotros no trabajamos en las aulas. Nuestros proyectos quieren favorecer el conocimiento, diálogo interreligioso y la cooperación entre las distintas confesiones religiosas», explica Arévalo.
¿Y los padres y las madres? ¿Qué opinan sobre este tema tan delicado? En las puertas del colegio público Prat de la Riba de Reus, Mary Henau ve correcto que los alumnos que lo pidan puedan recibir clases de religión islámica. «Hay muchos musulmanes en la escuela. ¿Por que no?», pregunta.
La FAPAC y algunos padres y madres defienden la escuela pública sin religionesPor su parte, Pilar Martínez defiende la escuela pública libre de cualquier religión. «La fe se hace en casa. Los padres son los responsables, no la escuela», opina. En la misma línea se expresan dos padres más, Mireia Roig y Pedro Delgado. «A la que entra una religión, tienen que entrar todas. Esto se entiende. Pero en realidad, yo no quiero que se imparta ningún tipo de religión en la escuela», señala Roig. «En todo caso, se puede reconvertir en ética. Tratar las cuestiones morales o explicar todas las religiones desde el punto de vista histórico y cultural», añade Delgado.
«Falta de voluntad política»
Desde la mezquita As-sunnah de Reus, su portavoz, Mohamed Said Badaoui, apunta a una «falta de voluntad política». Explica que en más de una ocasión han trasladado sus reivindicaciones al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, pero, de momento, «todo sigue igual». «Está por ley. Nosotros marcamos, en el momento de matricular a nuestros hijos en la escuela, la casilla de educación islámica, pero nada cambia», añade. De momento, el siguiente paso es que las comunidades se agrupen y, luego, qué respuesta da la Generalitat.
