Entre 73.582,29 y 67.089,81 euros brutos anuales. Eso es lo que cobrarán los ediles del nuevo gobierno que tengan dedicación exclusiva y contando solamente las retribuciones fijas. En el caso de la alcaldesa, Sandra Guaita, la cifra asciende a 75.529,97 euros, aunque ella ingresará menos porque va a compatibilizar el cargo al frente del Ayuntamiento con labores docentes en la URV.
Los salarios son iguales que los que tenían los miembros del ejecutivo 2019-2023 al desenlace del mandato, tal como especificó ayer la misma Guaita, que incidió en que «se ha marcado como régimen el mismo que se aprobó en los presupuestos de 2023 y, por lo tanto, no hay variación respecto a lo que se venía percibiendo».
Josep Baiges, Anabel Martínez, Manel Muñoz (PSC), Noemí Llauradó, Marina Berasategui (ERC) y Daniel Rubio (Ara Reus) son los concejales de área y los que tienen derecho a 73.582,29 euros. Y para los nueve restantes, que son concejales delegados, la nómina es de 67.089,81.
El régimen retributivo contempla casos en que la dedicación no sea exclusiva sino del 95%, de forma que los importes bajarían a 69.903,18 y 63.735,32 euros respectivamente. Aunque todavía no está definido quién se acogerá a esta opción, sí ha decidido ya hacerlo Guaita, que permanecerá ligada al ámbito universitario –es bióloga, científica– y se quedará así en 71.753,47.
Además de estas cantidades fijas, existen otras que los cargos electos pueden percibir por acudir a sesiones –las llamadas retribuciones por asistencias–, que van de los 600 euros por pleno a los 150 por comisión informativa y, pese a estar topadas pueden suponer unas decenas de miles de euros al cabo del ejercicio.
Sin embargo, no todos procederán de la misma manera. Y es que hay ediles que renunciarán a las retribuciones por asistencias y cobrarán solamente las fijas, mientras que otros harán lo contrario, pero no habrá quien acumule ambas, según apuntan fuentes del gobierno. La oposición recibe solo asistencias.
Los plenos se celebrarán el tercer viernes de cada mes, la Junta de Govern se convocará el segundo y cuarto viernes, y habrá comisiones informativas los lunes alternos. Josep Baiges (PSC), Daniel Recasens (ERC), Dolors Vázquez (Ara Reus), Teresa Pallarès (Junts per Reus), Julio Pardo (Vox), Sílvia Virgili (PP) y Mònica Pàmies (CUP) ejercerán de portavoces. Y habrá seis tenencias de alcaldía.
PSC, ERC y Junts, con 2 asesores
En cuanto a los cargos de confianza para este periodo 2023-2027, en el pleno de ayer el gobierno local dio cuenta de hasta 21 entre el jefe de gabinete de alcaldía –un máximo de 67.256,96 euros al año–, el jefe de comunicación corporativa –56.408,06–, seis delegados de servicios con tareas de asesoramiento a concejales de área –56.408,06 cada uno, 338.448,36 en total–, tres asesores de concejalías adscritas –47.729,83 cada uno, 143.189,49– y diez asesores de grupos –31.085,64 cada uno, 310.856,4–. Juntos, estos cargos suponen 916.159,27 euros. En el reparto de asesores de grupos municipales, tendrán dos PSC, ERC y Junts per Reus. Por su parte, Ara Reus, Vox, CUP y PP dispondrán de uno.
Al capítulo de cargos de confianza hay que incorporar tres gerencias: Institut Municipal Reus Cultura, donde se prorroga el contrato de Josep Oriol Nicolau; Serveis Territorials, que sigue con Anton Maria Salvadó; y Organització i Serveis Interns, con continuidad para Jordi Medrano.
Del cartapacio, ya se habían dado a conocer la semana pasada las líneas maestras. A grandes rasgos, el PSC dirigirá la parte económica y derechos sociales, ERC comandará proyección y urbanismo, y Ara Reus, medioambiente. Hay seis grandes áreas.
Guaita expresó ayer que la organización «tiene la voluntad de dar respuesta a las demandas ciudadanas» y destacó que «más allá de gobierno y oposición, somos concejales». En este sentido, insistió en que la distribución «se ha previsto no solo con visión política sino con los trabajadores de la casa».
En su intervención, Teresa Pallarès (Junts per Reus) lamentó que «no hemos sido consultados ni informados de los criterios para la organización municipal» y señaló que «un buen gobierno para la ciudad precisa de la complicidad de todos los grupos». De las retribuciones, dijo que «en dietas, asistencias y dotaciones a grupos, el régimen lleva once años congelado y pedimos que se haga, cuanto antes, una actualización», y que cada concejal tenga su mesa y micro.
Y Julio Pardo (Vox) indicó «errores materiales» en los decretos que establecen las facultades de las concejalías delegadas, así como «duplicidades, incongruencias y reiteraciones» en la estructura, que calificó de «farragosa». Reclamó al ejecutivo que «no reserve la relación con la ciudadanía solo a concejalías de gobierno», ya que el resto de ediles las van a seguir ejerciendo.
Desde el PP, Sebastià Domènech criticó que «esta era la oportunidad de tener cotización en la Seguridad Social con una dedicación parcial al menos para una persona de cada grupo para que se centre plenamente en la tarea de control del gobierno». Denunció que «un mes después de las elecciones, el grupo municipal aún no dispone de espacio para trabajar. Pediríamos tenerlo, como muy tarde, el 1 de julio». Y concedió «100 días de cortesía».
Y la portavoz de la CUP, Mònica Pàmies, lamentó que la sesión no se hubiese pospuesto pese a que «Arnau Martí no está porque tenía un juicio por las movilizaciones a favor de la independencia». «Esperábamos más austeridad, menos estructura, más funcionalidad y un cartapacio mejor articulado y menos continuista», afirmó, y apuntó que «empiezan bien porque mantienen sus sueldos convergentes pero la ciudad no va bien». «No han considerado las remuneraciones de la oposición más allá de asistencias. ¿Dónde está la otra manera de hacer las cosas que prometían?», se preguntó.
Tratar las empresas municipales
A falta de concretar las presidencias de las empresas municipales, ayer se asignó la primera de ellas, la de Reus Serveis Municipals, que es la más grande. Recae en Sandra Guaita. El consejo cuenta con cinco miembros del PSC, tres de ERC y tres de Junts per Reus, y uno de Ara Reus, Vox, PP y la CUP.
