Portavoces de las familias de la residencia ICASS anunciaron este pasado jueves al Diari que la gestión con el Departament de Drets Socials está generando incomodidades y que, por ello, «hemos ampliado la queja que habíamos hecho a la Sindicatura de Greuges de Reus, con más información».
Como comentó la Síndica de Reus, Anna Civit, el pasado 16 de marzo –día en que presentó la memoria de atenciones hechas en 2023–, el anuncio del cierre de la residencia pública había generado quejas, pero desde Reus no se tiene competencia, al ser la residencia de la Generalitat.
En este caso, detalló la Síndica, las quejas se derivan a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, siendo este organismo el que informará de la respuesta de la Generalitat. Dicha ampliación de queja, pues, «se derivará», esperan los portavoces de las familias. Dicho esto, y en el documento de la ampliación de la queja –al que ha tenido acceso este medio– los representantes explican que el pasado 6 de marzo recibieron un escrito de Drets Socials en el que se contabilizaban los residentes proclives o no a permanecer en la residencia mientras se realizaban las obras previstas. Del escrito del Departament, se reproducían unas líneas y se cifraba que, de los «64 residentes, había 47 a favor» y quedaban «cuatro sin familia, seis con dudas, cuatro que se marchaban y tres tutelados». Hasta «195 familiares» estuvieron, por otro lado, «a favor».
El documento refleja que, «de los 64 residentes, 47 están a favor» de quedarse
Los portavoces se preguntan, tras exponer el recuento, «por qué esta constante coacción, tanto a residentes como trabajadores, para echarnos». Añaden que no entienden «esta presión constante» y que «no se ha respetado, en ningún momento, las normativas, ni las leyes que protegen a los residentes». Recuerdan que hay informes que avalan que pueden quedarse, «aunque sería más caro y [las obras] se prolongarían».
