La zona de bajas emisiones (ZBE) de Reus empieza a tomar forma y, pendiente de delimitar su alcance definitivo, lo que ya ha definido el Ayuntamiento es que abarcará más allá del Tomb de Ravals. Como municipio con más de 50.000 habitantes, la normativa le obliga a implantar un área de este tipo, donde se disuade la circulación de coches y motos contaminantes para «reducir las concentraciones de CO2» y «avanzar hacia una movilidad más sostenible».
El consistorio ha captado unos 400.000 euros de los Next Generation para llevar a cabo el despliegue, y la transformación del Raval de Santa Anna en espacio para peatones ejercerá de «banco de pruebas» de la futura ZBE, tal como detalla al Diari la vicealcaldesa de Reus, Noemí Llauradó, en el sentido de que «la adaptación tecnológica para restringir el acceso de vehículos tiene que servirnos como experiencia previa».
La capital del Baix Camp tiene, con datos de enero de este 2022, 66.924 vehículos, casi 10.000 más que hace 20 años. El Ayuntamiento no ha calculado aún cuántos de ellos se verán afectados por las limitaciones de la zona de bajas emisiones, ni en qué franjas. A finales de abril, se puso en marcha la licitación de los servicios de consultoría para redactar el proyecto y la dirección facultativa de las obras, con un presupuesto de 24.200 euros. El plazo de ejecución es de dos meses.
«Aún no tenemos bien concretada cuál será la zona de bajas emisiones», aunque «partiremos de lo que es el Tomb de Ravals e iremos hasta donde podamos siempre que tengamos consenso» y «lo haremos de manera progresiva y sensata y a través del Pla de Mobilitat Urbana que estamos revisando en el marco de la Comissió de Mobilitat Sostenible», añade Llauradó. Todas las fuerzas políticas, gobierno y oposición, tienen representación en esta Comissió y «además hay veces que participan otros agentes relacionados con la movilidad».
«Lo que es una zona de bajas emisiones lo establece la DGT y nos lo indica la propia ley, y tiene un horario en el cual se restringe el acceso e incluso el aparcamiento en función de la contaminación de los vehículos», explica la vicealcaldesa, que dice «la ley deberá detallar más específicamente las características de las ZBE, así que vamos en la buena dirección pero dentro de los tempos: debemos tener esto perfilado antes de que acabe 2023». De los 400.000 euros que se han obtenido de los Next Generation, una primera aportación de 300.000 llegará el mes que viene.
Implicaciones para la ciudadanía
Llauradó destaca dos conceptos: «Consenso y sensatez». «Debemos tener en cuenta todas las implicaciones que esto comporta para la ciudadanía», expresa, e indica que «por ejemplo, hay personas que trabajan habitualmente con el vehículo y que quizá no están en disposición de cambiarlo por otro menos contaminante, por cuestiones económicas, y esto hay que tenerlo presente aunque siempre considerando que el objetivo principal es la reducción del CO2».
Por su parte, la concejala de Urbanisme, Marina Berasategui, especifica que «la ZBE conlleva un sistema de restricción de determinados vehículos según el tipo de emisiones, que ya lo determinaremos, y también sistemas de gestión» y dice que estos últimos operarán «mediante tecnología». Así, «no será una inspección directa, por decirlo de alguna manera, sino que, a través de un sistema de cámaras y de diferentes puntos de revisión captaremos directamente la información de cada vehículo medianre su matrícula» y «a partir de eso, sabremos si tiene restricción de paso o no y aplicaremos las consecuencias seguramente con un régimen sancionador».
«Hacerlo de manera progresiva y adaptada nos parece necesario para que todo salga bien», destaca Berasategui, que expone que «por ejemplo, en Barcelona, haber querido ir rápido puede haber generado externalidades que no ayudan, como que se ha acabado judicializando el proceso» y que «hay que ir poco a poco para alcanzar hitos ambiciosos».
Medir la calidad del aire y el ruido
El Tomb de Ravals, de hecho, «ya es una zona de bajas emisiones, lo que pasa es que estamos estudiando de qué manera la ampliaremos, es decir, hasta qué espacio podemos llegar a aplicar restricciones y, sobre todo, qué tipo de restricción será según la calidad ambiental del vehículo». Además, «no se trata solo de cuánto se abarque, de los límites de las calles, sino que hay también restricciones de tipo horario o de ciclo y probablemente no apliquemos las mismas con movilidad laboral y escolar que en fin de semana, o en horario comercial y no comercial». Se instalarán puntos de medición de la calidad del aire y de ruido.
La Comissió de Mobilitat –que Llauradó preside y de la cual Berasategui es vicepresidenta– analiza estas cuestiones para «hallar objetivos que estemos de acuerdo en desarrollar». La ZBE no tiene por qué implementarse en una sola fase, sino que puede crecer con el tiempo.
Preguntado sobre las zonas de bajas emisiones, el presidente de la Agrupació Taxis Reus, David Martínez, opina que «contribuir al medioambiente siempre es algo positivo» aunque al colectivo le inquieta el hecho de que «nosotros, como servicio público, necesitamos tener acceso al centro por la gente mayor que vive allí y porque en esa área se concentra la restauración y el turismo». Por otro lado, «esperamos que pueda haber un tiempo de adaptación y que tengamos un margen adecuado para los cambios de vehículo que haya que hacer, porque es nuestro medio de trabajo».
Al frente de la Federació d‘Associacions de Veïns de Reus (FAVR), Marcos Massó expresa que «no creo que el gran problema de Reus sea la contaminación pero contribuir a reducirla está bien» y dice que «hoy en día ya es mucha la gente que procura no ir hacia el centro en coche porque es un follón, y es mejor dejar el coche en alguno de los aparcamientos de alrededor porque uno bien se puede plantar donde sea a pie en cinco minutos».
El presidente de la Associació d’Autoescoles de Tarragona, Carles Oliver, valora que «irá bien siempre que haya flexibilidad». «Si se hace de golpe y muchos vehículos no pueden circular, será un problema porque no todo el mundo tiene la opción de cambiarse el coche», añade, y precisa que «hay que ofrecer opciones de estacionamiento a bajo precio y señalizar con claridad porque a veces quien viene de fuera no sabe», pero «la idea es buena y rebajar la contaminación es importante».
La Ordenança de Mobilitat se aprobará en otoño
La nueva Ordenança de Mobilitat, que substituirá a la actual Ordenança de Circulació y regulará el cambio «para dar seguridad a la ciudadanía y promover y facilitar aquellas modalidades de transporte que son más sostenibles y que ya se están dando», avanza. La previsión es que «en julio acabe la fase final de revisión de todo el documento» y «seguramente en otoño la pasaríamos ya a aprobación plenaria», tal como indica Berasategui. Será, por lo tanto, a partir de ese momento cuando se pueda saber la fecha de aplicación de la primera fase de la zona de bajas emisiones. Por otro lado, la revisión del Pla de Mobilitat Urbana «contempla un período participativo en la fase propositiva, en la que ahora comenzamos». La finalidad de la redacción del nuevo documento es «establecer una guía correcta de movilidad adaptada a las circunstancias actuales y, especialmente, a los retos que se presentan en materia de sostenibilidad».