Los trabajadores de la planta de compostaje de Secomsa en Botarell iniciarán una huelga indefinida a partir del 23 de agosto. La plantilla ha afirmado que «no les queda otra salida» tras veinte meses de negociaciones para redactar un nuevo convenio colectivo sin haber llegado a un acuerdo.
Según ha denunciado la CGT, actualmente se encuentran en un «contexto de falta de respeto por los derechos laborales de la plantilla y de degradación de las condiciones de trabajo».
Entre otras cosas, exigen la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2012, una mejora de las condiciones laborales y de seguridad, la creación de nuevos puestos de trabajo y más mantenimiento de la maquinaria. Todo esto, después de que la planta haya sufrido dos incendios en un año.
El portavoz del sindicato CGT en el Baix Camp y en el Priorat, Miguel Moya, ha denunciado que el actual convenio colectivo está «obsoleto», ya que tiene más de doce años. Por eso, desde finales de 2022 han intentado actualizarlo e incluir mejoras laborales, sin llegar a un acuerdo con la empresa. «No nos hacen caso», ha criticado Moya.
Los trabajadores también se muestran preocupados por el estado financiero de la empresa, la cual, según han afirmado, está inmersa en una auditoría para determinar su situación económica, ya que prevé terminar 2024 con números rojos. Además, y según el sindicato, se estaría considerando la opción de convertir Secomsa en una empresa mixta, permitiendo la entrada de capital privado.
La plantilla también ha recordado la muerte por accidente laboral de un trabajador en octubre de 2021, así como los dos incendios que la planta de compostaje ha sufrido en poco más de un año debido, según destacan, a la «falta de medidas adecuadas de prevención». De hecho, a mediados de julio, Inspección de Trabajo instó a la empresa a actualizar el sistema preventivo, al considerar que las medidas actuales son «insuficientes».
Por todo ello, la CGT ha decidido movilizarse para «revertir la situación, en defensa de los derechos laborales, de la mejora de las condiciones de trabajo y en defensa de un servicio público básico para la población del Baix Camp».
La empresa responde
Por su parte, la empresa ha anunciado que «como empresa 100% pública, estamos sujetos a la normativa de derecho público que limita los incrementos salariales según los Presupuetos Generales del Estado y también limita la creación de puestos de trabajo de estructura mediante el impuesto de reposición establecido por la normativa estatal».
Secomsa «no se encuentra inmersa en ninguna auditoría para determinar su situación económica», añade la compañía, que detalla que «la prórroga del presupuesto de 2023 en el Consell Comarcal del Baix Camp y en Secomsa ha obligado a posponer actuaciones previstas para la anualidad 2024».