El gobierno municipal quiere desatascar el próximo lunes el traspaso del Cafè de Reus. Para ello proponen en el pleno la modificación de las condiciones del traspaso del contrato de alquiler. Concretamente, se votará que los nuevos inquilinos tengan una moratoria de un año del precio del alquiler, que ronda los 2.300€.
Los anteriores arrendatarios dejaron una deuda de 30.000€, que se arrastran en el nuevo contrato. Además, hace falta una inversión en el local que se estima puede alcanzar los 100.000€. Fuentes del equipo de gobierno aseguran al Diari que optan por «dinamizar un espacio emblemático de la ciudad» y que para ello están dispuestos a renunciar al alquiler durante doce meses. Consideran que el proyecto que quiere instalarse en el local de titularidad municipal permitirá la creación de varios puestos de trabajo y que puede convertirse en un referente gastronómico.
Si el consistorio decidiera recorrer a la vía judicial para saldar la deuda, el Cafè de Reus perdería la licenciaEl tiempo apremia, pues los empresarios interesados en relanzar el Cafè de Reus pueden echarse atrás, lo que impediría al Ayuntamiento cobrar la deuda de 30.000€ de forma inmediata. A la postre, si el consistorio decidiera recorrer a la vía judicial para saldar la deuda, el Cafè de Reus perdería la licencia que actualmente ostenta, y dejaría de ser, para siempre, un local de restauración. La normativa obligaría a convertir el espacio en un equipamiento municipal, algo que el gobierno no puede asumir actualmente, lo que condenaría al local a permanecer cerrado durante años.
En manos de la oposición
Algunos partidos de la oposición consideran que la moratoria de un año supone una «competencia desleal» con el resto de bares y restaurantes de la ciudad. Esa es la postura de Juan Carlos Sánchez, de Ciudadanos, quien justifica que en el mercado privado las moratorias nunca superan los seis meses.
En la misma línea se posiciona Sebastià Domènech, del PP, quien asegura también que «hay que preservar el buen uso del dinero público». Domènech, después de hacer cuentas, asegura que «queríamos recuperar los 30.000€ de deuda que arrastrábamos y, en cambio, vamos a perder 40.000€». Y es que, de momento, el Ayuntamiento lleva ya seis meses sin cobrar el alquiler después que el anterior inquilino se declarara insolvente. Los dos formaciones políticas, junto con la CUP, no darán su voto favorable al gobierno en el pleno.
Quien de momento no se posiciona es el PSC, que en la comisión que trató el tema se abstuvo. Fuentes del partido socialista aseguran que decidirán su postura el mismo lunes.
Para el gobierno municipal es de vital importancia desatascar el caso del Cafè de Reus, pues consideran que «revitalizar el local será bueno para la ciudad». Añaden las fuentes consultadas que «si la oposición no apoya la propuesta, no podrán quejarse de que el gobierno no hace nada para dinamizar la economía».
