La crisis derivada de la Covid-19 ha puesto en la cuerda floja a muchísimas personas que ya antes de la pandemia no disponían de los recursos suficientes para poder tener una vida digna. En los primeros seis meses de 2021, se han dictado 142 órdenes de desahucio, de las cuales se han cumplido 30, y las 102 que restan se han parado. De estos 102 desahucios pospuestos, 66 corresponden a propiedades de grandes tenedores, y 49 a particulares.
Durante el año 2020 se tramitaron un total de 371 expedientes de desahucios, de los cuales se prorrogaron 96. El 66% eran propiedades de grandes tenedores, y el 34% restante de particulares. Según datos del consistorio, actualmente se está trabajando con 336 expedientes, y 39 de ellos tienen ya una fecha de desahucio fijada. De estas 39 propiedades, 20 pertenecen a pequeños propietarios y 19 a grandes tenedores.
Las soluciones que se están buscando desde el ejecutivo reusense para estos casos son ligeramente distintas: de los 20 casos con particulares, 14 están en estudio y se valora una intervención, y 6 se han derivado a una mesa de emergencia. De los 19 expedientes en relación con grandes tenedores, 13 se han derivado al Servei d’Assessorament sobre el deute Hipotecari (SAH), un servicio de información y asesoramiento dirigido a las familias con dificultades para pagar la hipoteca o el alquiler, y para los 6 restantes se están buscando otras vías, ya que no se pueden derivar porque no cumplen los requisitos.
La PAH y el SH afirman que, cuando finalice la moratoria, «habrá una ola de casos»La concejala de Benestar Social del Ayuntamiento, Montserrat Vilella, explica que «la solución para resolver la problemática de los desahucios es disponer de más vivienda social en la ciudad, un tema que ya estamos abordando desde el ámbito municipal y desde la Generalitat».
Precisamente más vivienda social es lo que reclaman dos de las principales entidades que colaboran contra los desahucios en Reus, el Sindicat d’Habitatge de Reus (SH) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El portavoz del SH, Issam Oudriss, afirma que llevan mucho tiempo pidiendo un parque de pisos sociales, y que el Ayuntamiento «pone un terreno a subasta y ayuda económicamente a empresas de construcción para que construyan bloques, lo que comporta que el barrio se encarezca y la gente se tenga que marchar, es una política de gentrificación».
Oudriss también critica a los fondos buitre por el proceso de especulación que llevan a cabo: «No es casualidad que en algunos bloques de los barrios de la periferia, los más precarios, la mitad de pisos estén vacíos», añade. Sin embargo, la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera, afirmó el pasado 27 de julio que Reus dispone de 397 viviendas sociales, una de las cifras más altas de toda Catalunya.
La prórroga del decreto antidesahucios que dictaminó el Gobierno de Pedro Sánchez preveía la suspensión de los desahucios para las familias en situación vulnerable. Las personas que se vean en esa tesitura deben solicitar a Servicios Sociales un informe de vulnerabilidad siempre que cumplan con una serie de requisitos: no tener suficientes ingresos para mantener a su familia, para pagar el alquiler, los suministros, etc. El pasado año se solicitaron en Reus un total de 230 informes, de los cuales únicamente 3 fueron desfavorables.
El Ayuntamiento reconoce que la solución es disponer de más viviendas socialesDurante el primer semestre de 2021 ya se han solicitado 214: 4 denegados y 29 pendientes de estudio. Vilella pone en valor el hecho de que «prácticamente todos los informes de vulnerabilidad solicitados han recibido una respuesta favorable por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Reus», y añade que desde el consistorio son «plenamente conscientes de la importancia de estos informes para evitar los desahucios de familias que se encuentran en una situación vulnerable». La portavoz de la PAH de Reus, Sandra Casanova, expone que la situación de vulnerabilidad es muy relativa, y pone el ejemplo de una familia de cuatro miembros que tenga unos ingresos de 1.500 euros mensuales: «Los alquileres no bajan de 500/600 euros, entonces, si eres una familia de cuatro miembros, ¿qué son 1.500 euros?».
El ejecutivo español también decretó el derecho de arrendadores y propietarios a una compensación, siempre que acrediten perjuicios económicos. Desde el Ayuntamiento se explica que no tienen constancia de que se haya aplicado esta medida. No obstante, los juzgados le empiezan a pedir al consistorio que valore la situación de vulnerabilidad de algunos propietarios.
Tanto el SH como la PAH declaran que los pasos que han seguido el Gobierno español y el catalán con el objetivo de paralizar los desahucios no han sido suficientes: «Han sido parches», remarca Casanova. Por su parte, Oudriss destaca que la regulación apenas ha cambiado, ya que argumenta que la moratoria antidesahucios únicamente está dirigida a familias con hijos a cargo y cuya propiedad sea de grandes tenedores: «Los desahucios que estaban en una situación medianamente ‘aceptable’ a nivel legal lo siguen estando, y los que eran imposibles de parar también lo siguen siendo».
¿Por qué se desahucia?
Las causas de los desahucios suelen ser bastante heterogéneas, como se puede ver en los 371 expedientes tramitados el año pasado: un 48% se debió a impagos de alquiler, un 45% a ocupaciones ilegales y un 7% a ejecuciones hipotecarias. No obstante, en el SH de Reus afirman que la causa principal es «la precariedad laboral y el empobrecimiento de la sociedad en general: se pierden puestos de trabajo, vuelve a crecer la tasa de paro...». Oudriss asegura que ahora mismo es muy difícil adquirir una propiedad o buscar un contrato de alquiler: «Ante esta situación, la gente opta por la ocupación y busca un techo para su familia».
El perfil de personas desahuciadas también es muy variable, Casanova expresa que, a partir de la crisis del 2008, «muchas personas que estaban en una situación económica bastante buena de repente vieron que no tenían nada». Por lo tanto, afirma que un contraste de esta magnitud, acentuado por los «acosos» por parte de los bancos y las llamadas de teléfono, provoca consecuencias en el ámbito familiar muy difíciles de paliar.
Un desconcierto generalizado
A la espera de un acuerdo sobre la nueva Ley de Vivienda, nadie sabe qué va a pasar el 31 de octubre, el día en que finaliza la nueva prórroga de la moratoria antidesahucios decretada por el Gobierno central. Casanova prevé que, cuando llegue el día, «va a haber una ola de desahucios impresionante, y no sé si la podremos solventar porque no se han preocupado de hacer parques de viviendas, que es lo que exigimos nosotras desde hace mucho tiempo». En la misma línea, Oudriss asegura que a muchos grandes propietarios «no les interesa que la moratoria siga, ya que están perdiendo dinero», por lo tanto, presiente que, a partir del 31 de octubre, los casos que se llevan posponiendo durante todo este tiempo se resolverán negativamente para las familias: «Todos esos desahucios acumulados durante más de un año se llevarán a cabo en pocos meses».
Desahucios ‘silenciosos’
Cuando hablamos de desahucios siempre imaginamos la triste escena de una familia teniendo que abandonar su hogar delante de una comitiva policial, pero no siempre es así. Muchas veces no se tienen en cuenta los desahucios invisibilizados, aquellos casos en que las familias abandonan el hogar antes de que se las desaloje por una orden judicial. Con respecto a estos casos, Casanova expone que hay muchos, y que es casi imposible controlarlos porque muchas veces se trata de familias que «no acuden a la plataforma por vergüenza o por no saber cómo actuar».
Desde el SH, Oudriss declara que, después de la crisis, este tipo de desahucios son «mayoritarios», pero que «cuando alguien entra por la puerta, sus problemas pasan a ser de todos, y al revés». Casanova añade que en la PAH de Reus trabajan de manera asamblearia, por lo que todo debe pasar por la asamblea, realizando así un «empoderamiento colectivo» que les sirve para llevar a cabo una «catarsis personal» y ayudarse mutuamente.
