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El pleno del Ayuntamiento de Reus aprueba ampliar el contrato de limpieza viaria y recogida de la basura

El objetivo es «mejorarlo de acuerdo a las necesidades vecinales detectadas», algo que se traduce en un incremento del presupuesto municipal de 576.297, 20 euros con IVA

23 febrero 2024 22:02 | Actualizado a 24 febrero 2024 19:08
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El pleno municipal del Ayuntamiento de Reus aprobó ayer, en sesión extraordinaria, la ampliación del contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, con el objetivo de «mejorarlo de acuerdo a las necesidades vecinales detectadas» –algo que se traduce en un incremento del presupuesto municipal de 576.297,20 € con IVA–. También se aprobó la revisión de los precios de dicho servicio, prevista en el contrato a partir de los dos primeros años de vigencia –por un importe de 670.386,44 euros–.

Todo ello, se produce en un contexto sensible para los trabajadores del servicio, quienes la semana pasada, al conocer ambos anuncios hechos públicos desde el consistorio, hicieron notorio su malestar por la «carga de trabajo» que supondría la ampliación (pues se contemplan refuerzos) y por la imposibilidad de no haber agilizado ya las negociaciones correspondientes para poder tener un nuevo convenio colectivo en el horizonte, ya que el actual vence en julio de este año.

Respecto a la ampliación del contrato de la basura –con la que se contemplan mejoras en materia de recogida, limpieza y gestión del servicio– parte de la oposición se mostró contraria al equipo de gobierno: mientras que Vox y el concejal no adscrito, José Ruiz, se posicionaron al lado del equipo de gobierno, Junts y la CUP votaron en contra y el PP se abstuvo. En la exposición del sentido del voto, el cupaire Arnau Martí, por ejemplo, expuso que, «aunque querer mejorar el servicio en calidad y eficiencia tiene buena intención, creemos que haber concedido el servicio a una empresa privada, en su día, ya fue un error; si en su momento, una empresa se elige por ser la más eficiente, deberíamos ahorrar y, de momento, con la actual, incrementamos el presupuesto». «Seguimos defendiendo –añadió– que habría que internalizar el servicio».

La portavoz del PP, Sílvia Virgili, describió que el incremento que se sometió a votación es «considerable» y recordó que «en 2020, la UTE formada por Valoriza Medioambiente-Romero Polo ganó por presentar mejor proyecto, pero al haber esta ampliación, esperamos que lo barato al principio, no acabe saliendo caro al final, con lo que, por ello, nos abstendremos». Por su parte, el portavoz de Vox, Julio Pardo, terció: «Hay que controlar el contrato y, sobre todo, dar cobertura a los derechos de los trabajadores». Y, en cuestión de malos olores en las calles, aportó luego, «se dijo que se trabaja en ello, pero queremos esto se traduzca en resultados».

Niveles de calidad

Desde Junts, la concejala Mariluz Caballero reconoció que «nos preocupa la visión del equipo de gobierno orientada al gasto público, esperamos que el ritmo no sea este durante todo el mandato». En respuesta a todas las aportaciones, el concejal de Via Pública, Daniel Marcos, insistió en que la ampliación se realiza para «llegar a los niveles de calidad que tocan» y, por alusiones, a Caballero le contestó: «Podemos aplicar un incremento hasta el 20% y por el momento hemos hecho la mejor de las apuestas, en los informes técnicos lo justificamos».

Ruiz, en su turno de palabra, incidió, en que se hiciera «más sensibilización para no generar residuos». Algo a lo que el edil Marcos contestó que «en ello trabajamos» y declaró que «la ampliación quiere dar herramientas tanto a los trabajadores como a la ciudadanía».

En cuanto al punto llevado al pleno relacionado con la revisión de precios del contrato, en los que se contemplan los incrementos, entre otros, del coste de los combustibles o de las retribuciones de la plantilla, los grupos CUP, PP y Vox votaron en contra. La concejala Virgili dijo que se trataba de «un aumento desorbitado» y Pardo que tal subida planteada «es excesiva», que podía responder a una «falta de previsión o estar mal calculada, esto afecta al presupuesto municipal y no vemos resultados, mientras los barrios periféricos siguen estando dejados el centro se ve muy bien».

En nombre del equipo de gobierno, el concejal de Hisenda, Manel Muñoz, contradijo al portavoz de Vox expresando que «he mencionado que la revisión de precios se hace basándose en una fórmula objetiva, no tiene ninguna relación con ningún tipo de sobrecoste, ni previsión errónea, el propio contrato establecía dicha revisión y es lo que se ha aplicado, estaba contemplado que pasase». Por otro lado, en el pleno, se aprobó, además, la liquidación del contrato de gestión del servicio público de la limpieza viaria y recogida de residuos.

Comunidad energética

En otro orden de cosas, el pleno aprobó la autorización a Reus Serveis Municipals SA a la concertación de un préstamo a la Associació Comunitat Energètica Polígon Agro-Reus (ACEPAR), de la cual además es socio, como anticipo de una ayuda concedida por los fondos Next Generation. Este punto prosperó aunque con la oposición votando en contra –CUP, PP y Vox– y con abstenciones –Junts x Reus y la del concejal no adscrito José Ruiz–. Sobre el tema, la portavoz de la CUP, Mònica Pàmies, repasó que «se trata de la primera comunidad energética del polígono Agro-Reus, que surge a su vez de la primera empresa energética municipal, Reus Energía». Y expresó, también, su malestar porque, al tratarse de una agrupación público-privada, «una vez más, volvemos a estar en manos de privados, puesto que hay una mayoría de empresas que lo son y eso, a la hora de hacer votaciones, puede dejar a las empresas públicas en desventaja».

El concejal del PP Sebastià Domènech también afirmó que «no nos gusta la forma, no la vemos clara» y Pardo (Vox) aportó que «la legalidad de la operación no se discute, pero sí la forma, ni es necesaria, ni la mejor». Caballero, en su turno, declaró que «hacía falta previsión, nos preocupa la fecha límite en la que se devuelve el capital (a principios de noviembre)» y pidió «que se nos informe de la evolución del proyecto, tendemos la mano al gobierno, pero también solicitamos rigor y transparencia».

A todo ello, y en representación del gobierno, el concejal de Medi Ambient, Daniel Rubio, sostuvo que «hemos hecho todas las consultas posibles y otras opciones jurídicas eran inviables; actuaremos, por supuesto, con la mayor de las transparencias».

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