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El ‘Bicing’ de Reus se podrá coger en la estación de tren y en ocho barrios más allá del centro

Los primeros 31 puntos donde sacar y dejar la bicicleta pública compartida se instalarán en cuatro fases, empezando por el núcleo y avanzando radialmente. El Ayuntamiento sostiene que las bicis circularán por la ciudad en 2023

13 diciembre 2022 17:21 | Actualizado a 14 diciembre 2022 07:00
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Tras afrontar multitud de obstáculos durante el proceso de contratación, el servicio de bicicleta pública compartida de Reus parece empezar a dar pasos en firme. Todos los lotes de los que se compone este sistema similar al Bicing e inspirado en la Girocleta ya están en juego. El último pendiente, el que permitirá instalar por la ciudad las plataformas para coger y dejar la bici –denominadas estaciones–, se licitó en noviembre.

Este comprende dos de las tres fases ya definidas –hay una cuarta por perfilar– en las que se ha dividido el despliegue de anclajes, que se hará de manera radial y acabará abarcando desde el núcleo de Reus hasta infraestructuras como la estación de trenes y llevando la bicicleta a alrededor de ocho barrios más allá del centro. Las otras dos saldrán a concurso más adelante. El gobierno mantiene que las bicis entrarán en circulación en 2023.

Pero antes habrá que generar las estaciones. La primera fase del proyecto colocará 345 anclajes de bicicleta pública entre el acceso al tren, el ámbito del Centre Comercial La Fira, la Biblioteca Central Xavier Amorós y el núcleo como tal. El entorno del antiguo hospital, las Peixateries Velles o la plaza Catalunya, además del paseo Prim acogerán algunos de los 14 puntos que se generarán, donde el usuario podrá recoger y bloquear la bici. El Ayuntamiento espera tenerlos listos en cuatro meses a partir de la formalización del contrato.

Luego vendrá la segunda fase, que dotará de plataformas una corona más amplia en la que se enmarcan el paseo Misericòrdia, la avenida Marià Fortuny, la plaza Gandhi o la carretera de Alcolea. Incluirá siete estaciones más –con otros 138 anclajes–, de manera que la ciudad alcanzará la cifra de 21, y requerirá siete meses de ejecución. Una de las estaciones se localizará en la avenida de la Universitat, al otro lado de la vía que marca el límite con el Campus Bellissens de la URV, pero sin llegar a acercarse a él. En los actuales planes del gobierno no figuran anclajes estrictamente en la zona de las facultades.

Será en la tercera fase cuando la bici pública entre de lleno en los barrios. Las áreas de influencia de Gaudí, Immaculada, Sardana, Fortuny, Muralla, Juroca, Mas Vilanova o Mas Abelló albergarán 198 anclajes en 10 puntos donde subirse y bajarse de la bici compartida. Esta parte, sin embargo, el Ayuntamiento todavía no la ha licitado. Y algo muy parecido ocurre con la cuarta fase: hasta 322 anclajes que «se irán poniendo en diferentes emplazamientos del municipio, según el criterio de los técnicos, a lo largo de la anualidad 2024».

Los vecinos de los barrios que, si todo se desarrolla como hoy está programado, recibirán estaciones de bici pública, se mueven entre la satisfacción y el escepticismo. Consultada al respecto, la presidenta de la Associació de Veïns Mas Magrané, Misericòrdia Parra, expresa que «todo lo que sea ampliar las prestaciones para la gente que vive aquí me parece bien». «La bicicleta puede ser útil y seguro que fomentarla beneficiará al medioambiente, aunque también los hay que preferimos ir a los sitios andando», indica Parra. Y dice que el sistema compartido «será una novedad y habrá que ver qué aceptación tiene», y que «todo lo que sea conectar los barrios y acercarlos al centro me parece perfecto».

Por su lado, la presidenta de la Associació de Veïns Amics del Barri Fortuny, Pepita Roig, tiene la percepción de que «la gente no va mucho en bici a los barrios». «Tenemos carriles a los que no se les da demasiado uso», apunta, y comenta que los vecinos «suelen coger más el coche particular o el autobús y, normalmente, quien quiere ir en bici ya tiene la suya». Por eso, si se implanta la bicicleta compartida, «es muy importante que se haga difusión cuando sea el momento, que todos sepan que cuentan con esa oportunidad porque, a menudo, disponemos de opciones que no conocemos y por eso no las elegimos», concluye la presidenta vecinal.

Aunque varios lotes del sistema de la bici compartida quedaron desiertos en sus primeros concursos, cosa que generó demoras en la contratación, fuentes municipales aseguran que la intención del gobierno es mantener los plazos que se anunciaron en un inicio y que las bicicletas rueden en 2023. Por el momento, las obras para habilitar el taller desde donde se llevará a cabo todo el mantenimiento del servicio van avanzando en el local del número 17 de la calle de Joan Martell.

Un modelo propio

La concejala de Urbanisme, Marina Berasategui, explica que «el proyecto de la bicicleta compartida esté definido en el Pla d’Acció Municipal y forma parte de las políticas de promoción de la movilidad sostenible que impulsamos, junto a la revisión del Pla de Mobilitat Urbana, la redacción de la nueva ordenanza de movilidad y el despliegue del Pla de la Bicicleta». «El objetivo», especifica Berasategui, «es crear un sistema de transporte público individual, que facilite a la ciudadanía la realización de sus desplazamientos habituales por la ciudad de manera sostenible, saludable y económica; un modelo propio gestionado a través de la experiencia tecnológica y de recursos humanos de la empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis».

En un principio, la idea es que se ofrezcan tarifas por meses o días, aunque los importes están por regular. La gestión de las bicis se hará mediante una aplicación móvil y solo se podrá circular con ellas en el área urbana del término municipal de Reus. No está previsto que se permita subirlas a otro medio de transporte ni tampoco cederlas tras haberlas cogido.

Los usuarios tendrán la obligación de notificar averías, pérdidas o robos. Exceder en más de 24 horas el retorno, dejar de abonar las tarifas o causar daños a la bici o al mobiliario comportará sanciones. Esas sanciones irán desde el bloqueo del acceso hasta el pago de tarifas como penalización, además de la reclamación de los daños u otras reclamaciones dentro de la jurisdicción.

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