Un total de cinco empresas han mostrado interés por los solares de propiedad municipal sobre los que, en marzo de 2021, el Ayuntamiento de Reus y Redessa iniciaron una consulta de mercado para construir vivienda de protección oficial y dotacional. Estas cinco sociedades, tal como precisan al Diari fuentes municipales, se han interesado por «todos los terrenos» que formaron parte del estudio, que son nueve repartidos en seis barrios de la ciudad. Las mismas fuentes concretan que «se han recibido propuestas de empresas muy diversas: constructoras de ámbito estatal, de ámbito local» e incluso «de alguna cooperativa».
Con la consulta, Redessa pretendía conocer si había compañías o entidades que estuvieran dispuestas a promover, construir, gestionar y explotar vivienda social respecto a una o a varias de estas fincas. Buscaba, a partir de los datos que obtuviese, disponer de información para llevar a cabo un posible procedimiento de licitación posterior.
En estos momentos, «en lo referente a los proyectos, el Ayuntamiento y Redessa se encuentran valorando las opciones propuestas así como los requisitos planteados» con la finalidad de «analizar su viabilidad», pese a que todo se encuentra todavía «en una fase inicial». En este sentido, «las conclusiones se podrían tener listas a lo largo del tercer trimestre del año».
En su conjunto, los nueve terrenos municipales tienen capacidad para que en ellos se levanten más de 600 viviendas nuevas. El solar que está en disposición de acoger un mayor volumen de pisos se ubica en el número 12 de la calle Maria Aurèlia Capmany, en Mas Iglesias. Sant Josep Obrer –calles Mas de l’Abelló y Bolívia–, el Carme –calles Vapor Vell y Sant Benet–, la urbanización Mercader –calle Agricultura–, Monestirs –avenida de La Salle– y Clarisses –calle Vilafortuny– son el resto de barrios que albergan descampados en los que el gobierno reusense quiere desplegar inmuebles protegidos o dotacionales. Estos últimos suelen ser de dimensiones algo más compactas y pueden orientarse directamente hacia colectivos específicos como son, por ejemplo, las personas jóvenes o los mayores.
En todos los casos los edificios se han previsto acompañados de plazas de aparcamiento para estacionar coches y motos –en total son unas 800–, y algunos también para bicicletas –casi 100–, dependiendo de las particularidades de cada parcela. Se han previsto fórmulas de venta o alquiler. Los metros cuadrados de superficie global son cerca de 8.275 y los edificables, alrededor de 56.640, según la información sobre las parcelas que Redessa hizo pública el año pasado.
El incremento de la vivienda pública es precisamente uno de los objetivos que se fija el futuro Pla Local d’Habitatge de Reus. También el Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019-2023 contempla que el Ayuntamiento pueda «actuar sobre el parque edificado y el planeamiento para aumentar la vivienda de alquiler y el dedicado a políticas sociales» y, dentro de ello, «desarrollar promociones de pisos».
«Todo lo que se hace se vende»
Preguntado sobre la construcción de inmuebles protegidos o dotacionales en la localidad, el presidente del Gremi de la Construcció del Baix Camp, Anton Sentís, apunta que «siempre es bueno que haya actividad» y especifica que «aunque actualmente estamos teniendo trabajo, no está de más que se empiecen obras nuevas». «Por otro lado, la vivienda social siempre es necesaria», indica.
En Reus están en marcha ahora algunas promociones privadas de pisos que se concentran esencialmente en «la zona de Mas Mainer, la parte de delante de las piscinas municipales o el final del Camí de Valls», tal como detalla Sentís, que constata que «existe una gran cantidad de demanda acumulada de viviendas a estrenar porque durante mucho tiempo no se levantaron y es verdad que ahora todo lo que se construye se vende».
En la consulta de mercado para dar salida a estos nueve solares municipales, los interesados en cada finca debían exponer su grado de disponibilidad e interés por participar en la posible licitación de un derecho de superficie y el planeamiento de otras aportaciones que puedan ser relevantes para el proyecto, así como poner sobre la mesa alternativas de comercialización diferentes al derecho de superficie y formular propuestas de precio de alquiler inferior al máximo establecido y por el cual estarían interesados en arrendar las viviendas, entre otros.
El Ayuntamiento aplicará la bonificación del 95% del ICIO para las obras de nueva construcción en edificios de vivienda de protección oficial y una bonificación del 50% del IBI durante 10 años en las viviendas de protección oficial. Ambas medidas fueron aprobadas coincidiendo con la última reforma fiscal y tiene como meta, entre otras cuestiones, fomentar la vivienda de protección oficial, según precisó entonces el gobierno.
Si alguno de los intereses por los terrenos cuaja y acaba materializándose en la construcción de pisos sociales, las características de las viviendas –el colectivo al que vayan destinados cuando se trate de las dotacionales y el número de habitaciones y la superficie para todos– serán determinadas por el Ayuntamiento y se perfilarán teniendo también en cuenta las propuestas efectuadas por parte de las empresas. El acceso a los inmuebles de protección pública se regirá por lo establecido en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial i a la Borsa de Mediació d’Habitatge de Lloguer Social de Reus.
