El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus ha acordado prisión provisional para siete detenidos este jueves en el Camp de Tarragona en una operación policial contra una organización criminal dedicada a las estafas.
Seis de los detenidos no pueden eludir la prisión provisional con ninguna fianza, mientras que el séptimo sí que lo puede hacer con un pago de 5.000 euros. La operación conjunta de Mossos y Guardia Civil comportó, este jueves, cacheos en domicilios de la Riba (Alt Camp), Coma-ruga en el Vendrell, Reus y Tarragona. El juez los investiga por delitos de organización criminal, robo con fuerza, estafa continuada, falsificación de documento, receptación y blanqueo de capitales.
En el escrito que ordena la prisión el juez relata que los Mossos iniciaron una investigación relacionada con contratación de créditos fraudulentos en varias empresas financieras. Esta investigación comportó la detención de uno de los ahora encarcelados el 23 de noviembre del año pasado.
Más tarde, el 26 de enero de este año, una mujer denunció ante la Guardia Civil un delito de estafa, usurpación de estado civil y falsedad documental. La investigación sobre la denuncia permitió obtener indicios que determinaban que el detenido anteriormente era el presunto autor de los hechos, así como que había dieciocho víctimas.
La actuación conjunta de Mossos y Guardia Civil dio lugar a una pieza separada que este viernes se ha acumulado a la pieza principal.
El juez considera que la organización criminal estaba perfectamente jerarquizada y tenía como líder al primer detenido, que repartía y coordinaba las funciones de cada miembro y «ha sido capaz de coordinar ilícitos penaltis con implicación de más de 91 víctimas».
Según el magistrado, la organización criminal utilizaba documentación personal de terceras personas obtenida de forma ilícita para usurparles la identidad y hacer todo tipo de operaciones mercantiles en beneficio propio, como por ejemplo contratar servicios de varia naturaleza, solicitar préstamos o financiar productos a cargo de la persona suplantada, abrir cuentas bancarias específicamente destinadas a canalizar la entrega de las cantidades solicitadas de manera fraudulenta a los perjudicados o bien ocultar los beneficios ilícitos y facilitar su aprovechamiento posterior.
La investigación policial también ha puesto de manifiesto una estructura compleja de ejecución para llevar a cabo las estafas, que incluían hechos como dar de alta y de baja en la seguridad social a determinadas personas para que constaran a sus registros o falsificar contratos, recibos o nóminas. De este modo, se engañaba a las entidades financieras sobre la capacidad económica de los solicitantes de los créditos por así obtenerlos.
Una vez concedidos los créditos, la organización adquiría productos de alto valor y fácil salida al mercado como por ejemplo teléfonos móviles, ordenadores portátiles, herramientas o equipos de aire acondicionado, que posteriormente vendía en diferentes puntos de receptación que también formaban parte de la red consiguiendo, así, beneficios económicos de entre el 15 y el 20% del valor del producto.
