Bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes, deberán circular a un máximo de 10 kilómetros por hora en las calles residenciales. Estas, aunque admiten tráfico, son «zonas destinadas en primer lugar a los peatones», según las define la DGT.
El límite, que queda reflejado en la nueva Ordenança de Mobilitat Sostenible de Reus, rebaja en 10 el inicial, que se había previsto en 20 kilómetros por hora. El cambio se incluyó en el transcurso del pleno de marzo, coincidiendo con la aprobación definitiva del documento, que entrará en vigor el 1 de julio.
En la sesión, la concejala de Urbanisme, Marina Berasategui, repasó las alegaciones presentadas por Aproser y Bicicamp. Se incorporaron algunas y se hicieron modificaciones sobre el acceso de bicicletas a las zonas plenamente peatonales solo si desarrollan actividades económicas o forman parte de eventos, y vinculadas a la circulación de menores en patinete acompañados de adultos y por debajo de los 10 kilómetros por hora.
Berasategui detalló que una parte, y entre ellas la referentes a la velocidad en las calles residenciales, variaban a raíz de «algunos informes internos de secretaría y de la Guàrdia Urbana para cerrar definitivamente el texto».
Tal como ya reflejó este rotativo, la Ordenança de Mobilitat Sostenible contempla que los VMP deben ir por las calzadas, por los carriles bici y por las zonas habilitadas. Recomienda el casco y disponer de seguro de responsabilidad civil, y fija que el conductor deberá llevar los elementos reflectantes obligatorios. Subirse a las aceras está prohibido, bajo multa de 200 euros, y así lo indica igualmente el texto.
El documento también señala que el Ayuntamiento preparará un protocolo contra el acoso a bicicletas y VMP, y regula los grupos turísticos que empleen estos medios para desplazarse: no podrán exceder las 15 personas, tendrán que ir acompañados de un guía si son más de seis y deben evitar obstruir al resto. También contempla los sistemas de alquiler de bicicletas o VMP en la vía pública, así como los carriles bus-taxi.
En declaraciones anteriores, Berasategui había explicado que la ordenanza «protege a las movilidades sostenibles, porque son más vulnerables, y ajusta las que no lo son tanto y las pone en su lugar». La elaboración del texto se orientó a que «la movilidad sostenible en bicicleta y las zonas de peatones sean una prioridad frente al vehículo privado».
«Al final», dijo la concejala, «la ordenanza marca las reglas del juego» y «aunque despliega un régimen sancionador concreto, ese no es el objetivo sino que se trata de regular y resituar las prioridades», apuntó.
El texto es «una actualización de la normativa local de movilidad», teniendo en cuenta que databa de 1992, y «no puede entenderse sin la revisión del Pla de Mobilitat y la transformación real que estamos haciendo con la red ciclable y la bici compartida».
