El primer juicio oral del caso Innova, que debe abordar las piezas principal y número 2 de la macrocausa y cuyo comienzo se señaló para este 13 de mayo –y con una duración prevista de tres semanas– en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona, se ha suspendido a petición de uno de los acusados, que alega para ello motivos de salud.
Así lo comunicó ayer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) mediante una providencia, a la espera de fijar nuevas fechas. Según ha podido saber el Diari, y teniendo también en cuenta el volumen de actividad en cuanto a macrocausas en la Audiencia para este año, las previsiones apuntan a que el juicio de Innova podría acabar celebrándose durante la primavera del próximo 2025.
Pese a que, en situaciones de este tipo, está contemplada la posibilidad de dividir el proceso y suspenderlo únicamente para quien lo ha solicitado –y no para el resto–, la sala ha concluido que en esta ocasión concreta «no es posible hacerlo sin que afecte a la unidad de la causa». Y considera «justificada y acreditada» la petición de aplazamiento.
Paralelamente, y tal como precisan fuentes conocedoras del caso, la Fiscalía ha lanzado y mantiene encima de la mesa la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes que evitaría la celebración del juicio. Sin embargo, al menos por el momento, no todos los investigados verían con buenos ojos esta oportunidad, principalmente, por el componente de aceptación de culpa que acarrea y todo lo que de esto se deriva.
Las obras del Hospital Sant Joan
Las piezas principal y número 2 del caso Innova, que fueron acumuladas en 2019, analizan el pago de facturas, presuntamente sin justificar, en el contexto de las obras de construcción del nuevo Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
Como acusados constan ocho personas y dos sociedades mercantiles. Entre ellos figuran Josep Prat, exdirector del holding Innova; Carles Manté, exdirector del CatSalut; Lluís Miquel Pérez, exalcalde de Reus; o el arquitecto Jorge Batesteza. El procedimiento se inició a por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude a la administración, blanqueo de capitales y organización criminal.