Según la Comisión Europea, los cambios propuestos pueden suponer un ahorro de hasta 1.580 millones de euros anuales para los agricultores y 210 millones de euros para las administraciones nacionales
La denuncia también va dirigida contra el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, altos cargos de la Policía Nacional y contra responsables de la empresa del software