Básicamente, ignorar la Constitución. Punto. Fin del artículo. Estaría bien que el debate político alrededor de la investidura del Presidente del Gobierno y el rol del Rey en ella fuese así de sencillo, ¿verdad? Tristemente, no lo es. Recientemente, sufrí estas dificultades en carne propia a raíz de un debate que sobre el particular padecí con un gran amigo, por el que siento un cariño y respeto infinitos, que fue diputado en la legislatura constituyente, pero con el que me temo que no estoy de acuerdo. Él, como no pocos en las recientes semanas, defendía que cuando el Rey se encuentre ante la tesitura de tener que proponer como candidato a la Presidencia del Gobierno a Pedro ‘esfinge’ Sánchez, no debe hacerlo, pues el programa y los aliados parlamentarios del susodicho son inconstitucionales. En fin, Sánchez y los suyos defienden la amnistía, el referéndum, la independencia y, claro, estas defensas les vuelven indefendibles, ergo, inconstitucionales. Con lo que, llegado el momento y con Pedro en la puerta tocando el timbre, hola, hola, ¿hay alguien?, el Rey debería hacerse el tonto, ni por asomo proponerle como candidato, convocar elecciones y que el pueblo vote y vuelva a barajar.
El Rey debe nombrar a quien haya sido elegido por el Congreso, sea cual sea su ideología. No puede oponerse a la voluntad parlamentaria
Dicho así suena perfecto para aquellos que no aman a Sánchez. Lamentablemente, hay un pequeño inconveniente: la Constitución en ningún punto le da al Rey la capacidad de hacer tal cosa. El artículo 99, que es el que regula la elección del Presidente del Gobierno, dice que el Rey, una vez consultados los representantes de los grupos políticos presentes en el Congreso, «propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno». Posteriormente, y una vez el candidato en cuestión haya sido elegido por el Congreso, el Rey «le nombrará Presidente». No sé si observan que los verbos no están conjugados de modo dispositivo, sino imperativo. No es que el Rey pueda proponer o nombrar candidato según le venga en gusto, es que debe proponer y nombrar candidato en los momentos y del modo indicados a tal efecto. En el momento del nombramiento, el Rey debe nombrar a quien haya sido elegido por el Congreso. No puede oponerse a la voluntad parlamentaria.
Y en el momento de la inicial proposición, siendo este el que deja más margen de maniobra para que (al menos, en teoría) el Rey pueda proponer a quien quiera, lo cierto es que de las palabras del texto constitucional parece claro que el Rey debe proponer a quien los representantes de los grupos le hayan dicho que goza de mayor apoyo. Si no, ¿qué sentido tendría escucharlos antes? Además, la costumbre constitucional establecida desde los años setenta, que no es que sea de obligatorio cumplimiento pero que marca lo que ha sido el actuar en los últimos ya casi cincuenta años, es que el Rey propone a quien tiene mayor apoyo parlamentario. Sea cual sea la ideología del propuesto y le haga más o menos gracia al Rey proponerle.
Si el Rey se negase a proponer a Sánchez teniendo éste el apoyo mayoritario de la Cámara o, como mínimo, siendo el que más apoyos tuviese, estaría yendo contra la Constitución, contra el actuar de la Corona durante décadas y, lo que es más importante, estaría dejándole claro a los españoles que, en función de cuál sea tu ideología, el Rey te pone o no palos en las ruedas para ser Presidente. O sea, ¿de la mano de Vox sí, pero de la de Junts no? ¿Se propone a un candidato apoyado por un partido populista, pero no a otro candidato apoyado por uno independentista? Semejante actuar, tan parecido al de Alfonso XIII un siglo atrás, supondría, de idéntico modo a como le supuso al mentado, que una parte muy significativa de los españoles dejase de considerar al Rey como rey de todos los españoles. Seguro, todos aquellos votantes de los partidos que apoyarían al candidato rechazado, y más que probablemente muchos que, como yo, veríamos en tal actuar del Rey un comportamiento ajeno a la Constitución y, por ello, contrario al Estado de Derecho y a la democracia. Si tal desafuero se produjera, yo mismo escribiría, cual Ortega venido a menos, aunque con mejor peinado, una columna titulada ‘Delenda est monarchia’.
Si el Rey se negase a proponer a Sánchez teniendo éste el apoyo mayoritario de la Cámara, estaría yendo contra la Constitución
No obstante, no creo que el Rey haga lo defendido por, entre otros, mi amigo. Primero porque no es tonto y sabe lo que se juega. Segundo porque estoy seguro de que tiene consejeros que se han leído la Constitución. Y, tercero, porque creo firmemente que el Rey conoce cuál es su papel en una monarquía parlamentaria como la nuestra y tiene bien claro que, le guste o no un determinado candidato, una determinada ideología, o una determinada propuesta, su papel no es hacer lo que él estime mejor o peor, sino, exclusivamente, lo que la Constitución le ordena que haga. Si todos nos comportáramos de idéntico modo, quizá otro gallo nos cantaría en este país de locos.
