La sensación de inseguridad ha aumentado en Tarragona en estos últimos años. Es así, sale en todas las encuestas pero sobre todo se palpa a pie de calle, cuando hablas con la gente y te explican lo que les preocupa y cuáles son sus problemas.
Es una inquietud que no debería ser despreciada ni por el ayuntamiento, ni por la Generalitat (que es la institución que tiene la titularidad de las políticas relacionadas con la vivienda). Lamentablemente no es así. Los portavoces del gobierno nacionalista de la Plaça de la Font se obstinan en afirmar que los episodios delictivos y de inseguridad son «hechos aislados». Por el contrario desde el grupo municipal del PSC se han pedido reiteradamente soluciones inmediatas ante este incremento de la inseguridad… en vano. El actual gobierno independentista de Tarragona (que abarca desde la derecha liberal hasta los que autodenominan ellos mismos como «antisistema”) no solo desprecia a los concejales de los partidos no nacionalistas, sino que -más grave aún- desoye la voz de los vecinos, de la gente de la calle. El señor Ricomà ni escucha, ni quiere hacerlo.
Capítulo especial merece la problemática de las ocupaciones. Pese a que los antisistema de la CUP (que están en el gobierno municipal de Tarragona por obra y gracia de ERC y de cuyo apoyo depende el Govern de la Generalitat también por decisión de ERC) poco menos que les quieran hacer un monumento, la verdad es que generan problemas de convivencia graves que los vecinos de Tarragona no merecen. Por poner solo un ejemplo, los intentos de «pinchar» los suministros básicos de estos pisos ocupados ilegalmente han llegado a provocar pérdidas del suministro en bloques enteros durante semanas. Ni se puede tolerar, ni se puede justificar, ni las instituciones directamente implicadas en esta problemática (el ayuntamiento y la Generalitat) puedan mirar hacia otro lado, ignorando el problema o directamente negándolo. Por ejemplo, ahora mismo en Tarragona hay 55 pisos propiedad de la Generalitat que están ocupados ilegalmente. ¿Y qué hace el gobierno independentista de ERC-Junts para resolver la situación? Lo que mejor saben hacer, es decir nada. O tal vez escribir una carta al presidente de Kosovo culpando al «Estado opresor» de ser el responsable del desaguisado… En fin.
«Allí dónde hay poderosos, nosotros estamos siempre con los más débiles», esta máxima del socialismo democrático desde su fundación significa aquí y ahora que tenemos que defender, también aquí y ahora y de forma efectiva, a los vecinos y vecinas de Tarragona que sufren en carne propia la realidad de las ocupaciones ilegales de pisos.
Sí, porque ni sufre el responsable político que sentado en su despacho oficial, aquí o en Barcelona, «pasa» del tema sino los vecinos de nuestros barrios que tienen que convivir con determinadas problemáticas que aquellos que las justifican no sufren en su vida diaria (en caso contrario sería interesante observar como cambiarían radicalmente de opinión).
Tarragona, como capital humana del Mediterráneo que es por mérito propio, merece ser una ciudad con los parámetros de seguridad más altos de Europa. Todos debemos remar es esta dirección. Todos y todas. Mitificar las ocupaciones, como hace el nacionalismo radical, es un grave error político que genera un conflicto real en las comunidades afectadas.
Finalmente, en nombre del PSC, quiero reconocer y agradecer tanto el trabajo de todos los cuerpos de seguridad (policía local, Mossos, policía nacional y Guardia Civil), como de los tribunales de justicia que garantizan que los derechos de las personas no sean pisoteados.
Sí, sí, ya sé que –digamos– no está de moda hacerlo pero precisamente por ello quiero subrayarlo porque es de justicia y también porque estoy seguro que aquellos que justifican ciertas ilegalidades cambiarían de opinión si las ocupaciones, pongamos por caso, afectaran a los chalets de montaña que tienen para ir a esquiar. No es nuestro caso, nosotros, junto al pueblo de Tarragona, decimos no a las ocupaciones ilegales.