Hace unos días era aprobado por el Gobierno el proyecto de la Ley de Memoria Democrática que pronto comenzará a discutirse en el Congreso. Se trata en el fondo, al igual que ocurrió con la Ley de la Memoria Histórica (de Zapatero), pero dándole una vuelta de tuerca, de volver al siniestro guerracivilismo y al revanchismo que se intentó enterrar con los acuerdos de la Transición, con la diferencia de que entonces muchos de aquellos políticos habían vivido la Guerra Civil. Pero en los últimos años la izquierda y los separatistas, que en este tipo de leyes totalitarias suelen ir de la mano, tratan de resucitar y utilizar este tema como arma arrojadiza y como propaganda política, eso sí, después de haberse ocupado, a través de sus múltiples tentáculos, de falsificar, manipular y ocultar, determinados hechos históricos para tratar de imponer así una determinada visión y su ideología.
Se trata de una ley de carácter totalitario destinada a coartar la libertad de opinión, de investigación y de cátedra. Quieren tipificar como delito lo que ellos llaman apología del franquismo, para evitar que se expresen determinadas opiniones. No es una ley democrática y para ocultarlo la llaman perversamente de Memoria Democrática.
Por esta razón, quiero dedicar estas líneas a rescatar del olvido una parte de la atroz represión producida en la retaguardia de Cataluña por el Front Popular durante la Guerra Civil, que causó la muerte de cerca de 9.000 personas. Y más concretamente me voy a referir, en esta ocasión, a la terrible persecución religiosa desatada en la Cataluña presidida por Lluís Companys. Pondré como ejemplo principal el asesinato del obispo auxiliar de Tarragona, Dr. Manuel Borràs Ferré del que dentro de unos días se cumple el 85 aniversario de su cruel asesinato. Hay que decir que la Segunda República fue un régimen claramente antireligioso, ya entre mayo de 1931 y octubre de 1934 se produce una gran violencia anticlerical, quema de conventos, disolución de la Compañía de Jesús, asesinato de 33 religiosos en Asturias (1934), etc. Y desde amplios sectores de la izquierda se puso en marcha una intensa campaña de odio contra la Iglesia a la que se presentaba como símbolo de la opresión del pueblo.
Nada más estallar la Guerra, esta persecución alcanzó proporciones gigantescas. Fueron asesinados 6.832 religiosos (incluyendo 13 obispos) y más de 3.000 laicos por el mero hecho de ser católicos. La persecución fue especialmente encarnizada en Cataluña donde, víctimas de una política de exterminio sistemático, fueron asesinados 4 obispos y 2.437 religiosos y más de 5.000 edificios religiosos fueron destruidos o saqueados, convirtiéndose muchos de estos en almacenes, garajes o en sedes de las organizaciones del Front Popular. Solo en la Archidiócesis de Lérida fueron asesinados 270 clérigos y un obispo (un 65% del total) y en la de Tortosa 316 religiosos (el 62%); después de la Barbastro los porcentajes más altos de toda España; en Tarragona fueron 141 los religiosos asesinados ( el 32,5%).
La Vanguardia (2/08/36) publicaba unas declaraciones de Andreu Nin (máximo líder del POUM y Conseller de Justicia de la Generalitat) en las que decía: «La clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia, sencillamente no ha dejado en pie ni una (…)». Y desde la prensa anarquista se hacían constantes llamamientos a acabar con la Iglesia. Las matanzas fueron acompañadas, en muchos casos, de una crueldad tan extrema que pone la piel de gallina. Decían que acabar con la burguesía y la Iglesia era un requisito imprescindible de la revolución y que para ello era necesario sembrar el terror.
Volviendo al obispo Manuel Borràs, me ceñiré a relatar los hechos más relevantes que rodearon su muerte. El 21 de julio, ante los desmanes que se estaban produciendo, desde la propia comisaría se insta al cardenal Vidal i Barraquer y al obispo auxiliar Manuel Borràs, entre otros sacerdotes, a que abandonen el Arzobispado y se trasladen a un lugar más seguro y así deciden finalmente trasladarse a Poblet. Dos días después, el 23 de julio, es detenido en el monasterio el cardenal Vidal i Barraquer por un grupo de milicianos de la CNT-FAI que se encontraban en Vimbodí y que habían sido informados de la presencia del cardenal, “un pez gordo”.
El día 24 de julio, es detenido también el obispo Manuel Borràs, siendo trasladado a la cercana prisión de Montblanc, donde se encontraba preso el cardenal y otros religiosos. Dicha circunstancia es conocida por el conseller de la Generalitat Ventura i Gassol -que había sido seminarista en Tarragona- quien convence al president Lluís Companys, para auspiciar su liberación. El 25 de julio, el cardenal Vidal i Barraquer y su secretario el Dr. Joan Viladrich son liberados, al recibir el Comitè Antifeixista de Montblanc una orden por escrito, que traía en un coche oficial el diputado Joan Solé (ERC) que se había trasladado desde Barcelona a tal efecto. Con alguna reticencia, el comité de Montblanc accede a liberarlos; el cardenal pide que les acompañe también el obispo Borràs, aunque los miembros del Comité se niegan al no estar este incluido en la citada orden. Y así ambos son conducidos a Barcelona y el 30 de julio son embarcados, con el apoyo del cónsul italiano, en un buque italiano que los trasladará al puerto de La Spezia (Italia).
Mientras tanto el obispo Manuel Borràs y el resto de sacerdotes permanecieron encarcelados, hasta que el 12 de agosto sobre las dos de la tarde, un grupo de milicianos se personaron en la prisión de Montblanc y con la excusa de trasladarlo a Tarragona, se llevaron al obispo. Antes de partir se despidió del resto de religiosos y seglares encarcelados con un afectuoso «Adéu, fins al cel», intuyendo cuál sería su fatal destino. Los milicianos lo hicieron subir a una camioneta dirigiéndose al Coll de Lilla y a unos 3,5 kilómetros de Montblanc, se detuvieron, lo hicieron bajar y a pocos metros de la carretera, junto a un olivo lo tirotearon y aún vivo lo pusieron encima de unos matorrales y le prendieron fuego. Justo antes de que lo ejecutaran el obispo bendijo y perdonó a sus verdugos, jactándose después de este hecho los propios milicianos. Su cadáver, al parecer, fue trasladado al cercano cementerio de Lilla, aunque sus restos no han sido a día de hoy encontrados.
Decir que los otros tres sacerdotes encarcelados en Montblanc (J. Rosello, D. Llebaria y J.Farriol) serían trasladados a Tarragona y asesinados por la espalda en las afueras de la ciudad, el 22 de agosto. ¿Por qué Lluís Companys, solo incluyó en su orden de liberación al cardenal Vidal y a su secretario y no movió un dedo por el obispo Borràs y los demás religiosos. El también cardenal tarraconense lsidre Gomà (entonces primado de Toledo) diría poco después, que mientras muchos sacerdotes militantes del catalanismo salían indemnes, sucumbían a centenares sus hermanos. Con la nueva ley en la mano, lo expuesto aquí seguramente será considerado apología del franquismo.
