En apenas unos días, han entrado en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana -la llamada ‘ley mordaza’- y la reforma del Código Penal, cuyas virtudes -que las tiene- se diluyen en el marco general que determinan irremisiblemente dos asuntos inaceptables: se establece la prisión permanente revisable, un remedo vergonzante de la cadena perpetua, y se admite la devolución en caliente de inmigrantes, que, lógicamente, impide que los aspirantes a ingresar en el país puedan solicitar asilo.
Todo esto sucede a cinco meses de las elecciones generales, un periodo en que todas las actuaciones gubernamentales tienen un inevitable valor testamentario. Esta legislatura del Partido Popular pasará a los anales de la historia por un endurecimiento injustificado de la tutela del Estado sobre los ciudadanos, por un rigor excesivo en el control de los derechos fundamentales, por un énfasis en la sanción penal frente a la persuasión y a la reinserción.
En definitiva, han sido los ministros Fernández Díaz y Ruiz Gallardón los que han caracterizado al Gobierno en esta hora de recuentos y balances. Rajoy está sin duda bastante más centrado que estos personajes radicales, pero al parecer no ha tenido coraje suficiente para imponer su estilo al de sus más extremistas colaboradores. Lo pagará en las urnas.
