«Abolish Frontex» (AF) es una coalición de organizaciones que abogan por el desmantelamiento de la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras Exteriores (FRONTEX), considerada responsable de una política que causa muchas víctimas entre los que intentan llegar a Europa. La coalición AF incluye unas cuarenta asociaciones y organizaciones, ONG y activistas, y reivindica el cierre de FRONTEX. Entre las asociaciones presentes figuran la española Open Arms, la alemana Sea-Watch, la francesa Utopia 56 y las italianas Nigrizia y Baoban Experience.
En una carta abierta dirigida a la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeos, la coalición denuncia las prácticas ilegales e inhumanas de FRONTEX, acusada de fomentar y aplicar políticas violentas contra los migrantes. Los peticionarios denuncian una práctica que, en aras de la seguridad, pone en marcha políticas que afectan gravemente la vida de aquéllos que quieren entrar en la UE. Según la coalición AF «las políticas europeas han matado a más de 40.000 personas desde 1993. Abandonados a su suerte en el Mediterráneo, el Atlántico o el desierto, derribados en las fronteras, la UE tiene las manos manchadas de sangre».
FRONTEX tiene un coste de dinero público, su presupuesto se ha multiplicado y va a recibir 5.600 millones de euros hasta 2027, gracias a los cuales la Agencia llegará a los 10.000 efectivos. En 2019 eran 750 personas. El mensaje lo han transmitido grupos radicales que nunca consideraron reformables las políticas migratorias, pero que siempre han tenido una perspectiva abolicionista; no solo suprimir FRONTEX, sino también el principio de detención administrativa de personas en situación denominada irregular.
FRONTEX también ha sido objeto de críticas desde dentro de las instituciones europeas. La Agencia está en el punto de mira de la OLAF, el organismo de lucha contra el fraude de la UE, por comportamientos irregulares y operaciones ilegales, cuyo objetivo es evitar que los migrantes lleguen a las costas de la UE. Es lo que se conoce como «pushbacks», expulsiones producidas antes de que las personas tengan tiempo de solicitar asilo.
En 2020, la red de ONG y asociaciones Border Violence Monitoring Network (BVMN) publicó un informe que examinaba al menos 900 casos de este tipo. Asimismo, en mayo de 2020, se inició una acción judicial ante el Tribunal de Justicia Europeo contra FRONTEX, en nombre de dos demandantes de asilo que afirmaban haber sido víctimas de violencia y de una devolución ilegal. Otra crítica proviene del Tribunal de Cuentas Europeo, que a principios de junio publicó un informe en el que afirma que FRONTEX aún no ofrece a los Estados miembros un apoyo suficiente en la gestión de las fronteras exteriores de la UE y que la Agencia no informa de su trabajo ni de los gastos que genera.
A finales de mayo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Ginebra, publicó un estudio, llevado a cabo entre enero de 2019 y diciembre de 2020, que resalta todas las herramientas técnicas y obligaciones legales que existen para evitar hacer del Mediterráneo una tumba a cielo abierto. El ACNUDH destaca varios problemas esenciales: la falta de asistencia a los migrantes en peligro en el mar, las intercepciones y salvamentos peligrosos, las expulsiones, la criminalización de las ONG y de sus militantes, los retrasos en los desembarcos y la acogida inadecuada.
Jose-Daniel Vila Robert es exsubdirector general y director de Patentes e Información Tecnológica del Ministerio de Industria y Energía.
