El Ayuntamiento de Tarragona está en números rojos. O logra 13,9 millones de euros adicionales en 2024 para poder pagar los gastos corrientes o entrará en quiebra, advierte el alcalde, Rubén Viñuales. Su propuesta para salir de este atolladero, que debe consensuar con los partidos de la oposición y aprobar en el pleno, pasa por tocar el bolsillo de los ciudadanos: un incremento del 20% del IBI, que 3.400 plazas de aparcamiento gratuitas sean de pago, la subida de las zonas azules y verdes o eliminar los bonos de la EMT. No plantea, por ejemplo, la reducción de cargos de confianza.
Viñuales se ha encontrado con un problema que viene de lejos: hace años que el consistorio tiene la tesorería bajo mínimos y arrastra un pesada mochila de préstamos bancarios –‘parking’ Jaume I, la reforma del Mercat Central o los Juegos Mediterráneos–. Lo que cuesta digerir es que la única salida sea trasladar el problema a los ciudadanos, que sean ellos los que hagan un sobresfuerzo para evitar la bancarrota. Es el camino más fácil, pero quizá lo que toca es remover los cimientos y exigir responsabilidades.