Los intentos de agresión al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y a los concejales de UPN y PSN en la procesión de las fiestas de San Fermín en Pamplona revelan que el problema de la intoleracia y el odio siguen lamentablemente vivos entre nosotros once años después del final del terrorismo y cuando parecía que habíamos avanzado pasos de gigante en esta materia. Los graves hechos de Pamplona constatan una palpable anomalía democrática. El ataque contra los representantes municipales en la capital navarra muestra una expresión de incivismo y, a la vez, pone de manifiesto una inadmisible estrategia de intimidación, que aún subsiste, aunque se trate de rescoldos de resentimiento que demuestran una gran carencia en la convivencia democrática que debiera ser rechazada y condenada sin ningún tipo de matiz. No es una anécdota festiva. EH Bildu, que ha lamentado los incidentes pero no los ha condenado, ha perdido una nueva oportunidad para retratarse y afianzar su apuesta por las vías democráticas.
El contexto es oportuno para ello en el 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. El recuerdo de aquel crimen constituye de nuevo un revulsivo a la conciencia que pone de relieve la importancia estratégica que tuvo la derrota social de ETA en el fracaso de su proyecto totalitario de imposición a la sociedad vasca y española, aunque, ciertamente, el icebeg del terror tardó demasiado tiempo, hasta 15 años más, en desahacerse. El aniversario, también, ha reabierto la caja de Pandora al resucitar un lamentable frente de división política. El PP y una parte de las asociaciones de víctimas han dirigido en tromba sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que se sienta incómodo en el momento. El marco mental de los reproches no es nuevo y pretende desde el inicio de la legislatura una operación de deslegitimación democrática del Ejecutivo de Sánchez por la naturaleza del programa de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y por sus acuerdos con EH Bildu. En su día, una campaña similar de demonización se desató contra José Luis Rodríguez Zapatero por el final dialogado con ETA. El uso y abuso de las víctimas del terrorismo en la descarnada lucha por el poder en España es una constante histórica. La oposición conservadora siempre ha utilizado este asunto como factor de sensible desgaste del Ejecutivo. Es una munición de alto voltaje ante la que la izquierda no responde con un relato alternativo sólido y desacomplejado.
La polémica ha dejado al descubierto las carencias de la unidad democrática en una coyuntura en la que el Gobierno va a sacar adelante la nueva Ley de Memoria Democrática con el respaldo de sus aliados de investidura. La ley pretende saldar una deuda moral con todas las víctimas de la dictadura franquista. Un asunto inobjetable en el terreno de los principios después de tantos años de olvido.
Sin embargo, todo el centroderecha ha puesto también el grito el cielo por esta iniciativa y sostiene que su contenido reabre las heridas que la Transición había cerrado. El debate es si en su día esas cicatrices se cerraron bien. El acuerdo que incluye la ampliación hasta el 31 de diciembre de 1983 de las posibles vulneraciones de derechos humanos fue pactado por el PSOE y Unidas Podemos y circunscribe los casos a revisar a aquellas personas que defendieron los valores democráticos. Algunas de las víctimas de los atentados de extrema derecha de la época –como Yolanda González, joven estudiante de Bilbao, asesinada en febrero de 1980– podrían encajar en este perfil. Estudiar la falta de reconocimiento y reparación por aquellos crímenes no debería implicar una revisión de la Transición democrática ni supone sentar en el banquillo a los primeros gobiernos de UCD y PSOE. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha querido llevar el agua a su molino al señalar que esta ley demostrará que la Transición española «no fue ejemplar». Si se compara con otras transiciones, lo fue. Lo que quedó es incompleta, además de sufrir un brutal acoso y derribo por parte de ETA. Lo que debería hacer la Ley es corregir esos vacíos. Y lo que debería hacer EH Bildu es dar el paso de una vez que se le exige en su apuesta por las vías políticas y democráticas. No solo decir que el terrorismo nunca debió de existir sino que sus acciones fueron una injusticia atroz que sólo provocó dolor. Desde la verdadera fuerza política que le dan los 303.050 sufragios que obtuvo en las urnas en las últimas generales debería romper la espiral que aún le une al pasado. Reivindicar la memoria democrática también es eso.
