Ante unas elecciones generales, hay muchos factores que concurren en una papeleta de voto. Ahí, en ese voto, se concentra todo. Yo escribo aquí sobre la vivienda, que es un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, especialmente por la aprobación en mayo de la nueva Ley del derecho a la Vivienda, como un derecho que existe reconocido en la carta magna.
Los problemas derivados de la vivienda son de afectación general en nuestra sociedad y tienen mucha influencia en la toma de decisiones personales, dependiendo de si es es propietario con pisos alquilados o para alquilar, o si es inquilino que se paga un alquiler o se está buscando un piso para vivir, para emanciparse de la casa de los padres o para formar un hogar familiar.
Por lo tanto, los programas y las posiciones de los partidos políticos respecto al derecho de propiedad de la vivienda y al derecho de acceder a la misma, bien sea de alquiler o comprándola mediante el pago de una hipoteca durante muchos años, sí tiene trascendencia a la hora de decidir el voto. O quizás no. A otros les preocupan más otros temas como las pensiones, los autónomos, o el sentimiento nacional o el feminismo. En fin, todo son unos pesos de equilibrios concentrados en un papel, en un voto.
Los problemas de la vivienda son de afectación general en nuestra sociedad y tienen mucha influencia en la toma de decisiones personales
Respecto a la vivienda puedo decir que la reciente ley ignora lecciones y experiencias del pasado de nuestra historia económica y de la teoría económica más básica, que es la oferta y la demanda, creando un marco regulatorio muy intervencionista que agravará aún más la escasez de oferta.
Si de un producto, en este caso, la vivienda, hay escasez, pues hay que hacer más viviendas, públicas y privadas, y poner más viviendas en el mercado. La nueva ley hace todo lo contrario y ya ha encarecido los precios de acceso y alquiler llegando actualmente a sus precios más altos en Barcelona y Cataluña en general.
En esa ley también se han debilitado los derechos de propiedad, creando una gran inseguridad jurídica en los propietarios que ya ha hecho que se reduzca la oferta de viviendas en alquiler.
«Da miedo alquilar», dice alguno. Se han creado una serie de limitaciones, control de rentas y muchos deberes y obligaciones todas a cargo de los propietarios, pues si el inquilino no paga, hay que pasar por un verdadero via crucis legal y judicial para recuperar la vivienda y todo en base a la función social de la propiedad.
Esta función social la debe realizar o facilitar el Estado a través de las Administraciones Públicas competentes, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y no descargar la misma sobre las espaldas de los propietarios, especialmente los particulares que destinaron su ahorro o inversión a tener alguna vivienda para alquilar. Los grandes tenedores de propiedades, o sea, fondos de inversión y patrimoniales, son harina de otro costal y sí pueden recibir un tratamiento más empresarial. Un día un juez me dijo que alquilar una vivienda era un negocio jurídico como cualquier otro, no exento de riesgo y por tanto, el que alquilaba sabía a lo que se arriesgaba.
Si de un producto, en este caso, la vivienda, hay escasez, pues hay que hacer más viviendas, públicas y privadas
La ley de Vivienda puede llegar a tener que alquilar viviendas a precios inferiores a los de mercado por debajo del IPC en zonas declaradas tensionadas y declarar prórrogas forzosas así como disposiciones legales que dificultan la recuperación de los inmuebles por sus propietarios en casos de impago o ocupación, e incluso se ha hablado de expropiación en algunos casos por el Govern de Cataluña para viviendas vacías sin causa prevista en la ley.
Así y volviendo a los factores a la hora de ejercer el voto, es cuanto menos sorprendente y curioso como varios partidos de izquierda se inspiran en muchas cosas que tenía el régimen del tardofranquismo, años 1960 y siguientes, para elaborar su política de vivienda.
Estos partidos enseñan la patita con las medidas de limitar la renta y la actualización de los alquileres, así como declaran prórrogas forzosas de los contratos e incluso hablan de contratos que deben ser de duración indefinida, muy similar a lo que recogía la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 que es la primera que me estudié y aprendí de los libros del maestro Fuentes Lojo, que establecía las llamadas ‘rentas antiguas’ y ‘rentas congeladas’ y en cuyo caso el arrendamiento no finalizaba hasta el fallecimiento del titular, cónyuge o descendientes.
Así, paradójicamente, hay que ver que los partidos de izquierda son más propensos a la tan famosa nostalgia de la política de vivienda y alquileres del régimen anterior, así como los partidos de derecha son más partidarios de una liberalización de estas políticas de vivienda y del suelo, así como de combatir con más decisión y prontitud los desalojos y ocupaciones ilegales de vivienda.
Y muy personalmente pienso que no deberían ser empresas privadas creadas al efecto las que intervinieran en este tipo de asuntos para desalojar okupas ilegales, sino que es el Estado y los cuerpos de Seguridad los que deben realizar esta función que es de orden público.
Todo esto hay que estudiarlo y con un mayor consenso político. Si la vivienda fuera pública, todo es posible lo que haga el gobierno competente con ellas, pero con viviendas particulares estamos ante una intervención de la propiedad privada.
También y como se hizo en el régimen del desarrollismo, deberían construirse cientos de miles de viviendas de carácter y régimen público social y cooperativista, como se hizo en Tarragona el barrio de San Pedro y San Pablo, miles de viviendas que aún perduran que se construyeron en una época económica y política pasada. Tambièn se construyeron miles de viviendas para todos que conformaron barrios enteros como las de Alena, La Granja, La Floresta, IQA, Patronato del Mar, Ministerio Vivienda, La Caixa y CAPT VPO, etc.
Así a la hora de elegir la papeleta de voto al que le importe e influya este tema de la vivienda tiene que preguntarse seriamente qué politicas, qué medidas y acciones respecto a la vivienda, así como el derecho de propiedad y la ocupación ilegal de las mismas, plantean los diferentes partidos.
