Hace menos de un año la Generalitat aprobó un decreto de «impulso a las energías renovables», para hacer frente al cambio climático y para reducir la gravosa factura originada por los combustibles fósiles. El decreto del Govern eliminaba las barreras administrativas para la creación de parques eólicos y fotovoltaicos, así como otras trabas para el consumo doméstico.
La medida obtuvo el 91% de los votos de los diputados al Parlament y fue aclamada por los productores de energías renovables; sin embargo no fue bien acogida por algunos colectivos ecologistas, que consideraron que el decreto favorece los intereses de los grandes grupos energéticos actuales y que ya existen demasiadas instalaciones de energía eólica.
En los diez meses que han transcurrido desde que se promulgó, la aplicación del decreto ha sido irregular. Y ha generado no pocas críticas y protestas, especialmente porque la aplicación del mismo está siendo muy estricta: se han denegado 20 proyectos de parques eólicos, con una potencia conjunta de unos 700 MV; una cifra que equivale al 6% de toda la potencia eléctrica instalada en Catalunya. La Asociación de Productores Eólicos calcula que los proyectos vetados suponen una inversión de 640 millones de euros y que los municipios afectados dejarán de percibir varias decenas de millones es tributos locales.
Estas decisiones han creado malestar entre los promotores de las energías limpias, que se quejan de que precisamente los proyectos con más potencia eléctrica son vetados con más frecuencia. Es el caso reciente de los parques eólicos de Tortosa y El Perelló en el Baix Ebre, o de la planta fotovoltáica de Beuda (la Garrotxa), a la que se denegó la licencia en marzo, pese a ocupar unos terrenos agrícolas no utilizados y sin ningún valor ecológico especial.
Las críticas con estas decisiones se basan en la falta de criterios claros a la hora de denegar las autorizaciones; los promotores de las energías limpias no acaban de entender por qué se aprueban unos proyectos y se prohíben otros. Hay quien quiere ver una mano negra que defiende a los productores de energías fósiles y hay quienes creen que sencillamente hay un exceso de celo burocrático a la hora de tramitar unas instalaciones que para ser aprobadas requieren un alto número de informes: técnicos, administrativos, medioambientales, etc.
En estos momentos de cambio climático no se puede demorar más la sustitución de las energías fósiles por energías respetuosas con el medio ambiente; el decreto del pasado mes de noviembre fue un buen paso en este sentido. Pero su desarrollo ha denegado la mitad de los planes de instalaciones energéticas alternativas que se han presentado hasta la fecha; es necesario que se clarifiquen los criterios por los que se otorgan las autorizaciones y que la obtención de las mismas no dependa de la decisión arbitraria de la administración. El futuro del medio ambiente en Catalunya está en juego.
Montse Martínez: Profesora en la URV. Abogada en Grupo Gispert Abogados y Economistas.
