El Centro de Asistencia Primaria (CAP) Jaume I está al límite, como explica el Diari en la sección de Tarragona. La situación merece una respuesta urgente y decisiva del Govern. Aquí no se trata de cifras ni de estadísticas, sino de personas, ciudadanos que confían en un sistema sanitario público que debería garantizar una atención digna y eficaz. Sin embargo, lo que encuentran son salas de espera abarrotadas y largas listas de espera. El Jaume I es un ambulatorio diseñado hace veinte años para atender a un 30% menos de población. Los residentes de los barrios de la Part Baixa que atiende han aumentado y envejecido. Las necesidades de atención sanitaria son mayores y distintas. Es difícilmente justificable que 32.048 personas dependan de un centro pensado para 20.000. La falta de médicos y de espacio son la eterna excusa de la inacción. Las demoras no solo comprometen la confianza en el sistema.
Es difícilmente justificable que 32.048 personas dependan de un centro pensado para 20.000 hace veinte años
También sobrecargan de trabajo al personal sanitario y los servicios de urgencias de los hospitales y, en fin, castigan la salud de los pacientes. Las promesas de trasladar el CAP a un nuevo espacio son bienvenidas, pero insuficientes. Los estudios y negociaciones entre administraciones no pueden convertirse en un proceso interminable del que los primeros perjudicados son los usuarios y profesionales, que sufren las consecuencias. En esta o parecida situación están también otros proyectos en la misma Tarragona (el CUAP) y en otras ciudades, como Reus —necesita otro CAP— o Valls —el Parc Sanitari—. Es necesario acelerar los plazos y garantizar la dotación presupuestaria necesaria para resolver estas situaciones, en especial el déficit estructural de personal sanitario. No es de recibo que los pacientes se vean obligados a recurrir a la sanidad privada para acceder a especialistas, o que se sientan desprotegidos porque los médicos no pueden derivarlos adecuadamente. Es una cuestión de derechos fundamentales y de dignidad, y de la eficacia de un sistema que debe estar al servicio de todos. Los ciudadanos, representados por plataformas como el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública, cumplen con su parte al levantar la voz, denunciar y buscar soluciones. Es hora de que las instituciones no solo escuchen, sino que actúen con celeridad y responsabilidad. La sanidad pública no puede esperar, y la salud, menos.
