Este domingo, el pueblo colombiano decidirá en segunda vuelta su próximo gobierno. En la primera, ganó Gustavo Petro, 62 años, economista, con 8,54 millones de votos. Quien se suponía era su principal rival, el continuista Fico Gutiérrez tuvo 5,06. Y Rodolfo Hernández, 77 años, empresario de la construcción, millonario y que hizo campaña desde Tik Tok, logró colocarse en segundo lugar con casi 6 millones de votos y así –sorpresivamente- pasó a la segunda vuelta.
El «uribismo» anunció de inmediato que votará a Hernández. El Pacto Histórico, las fuerzas que impulsaron a Petro, representan una opción de izquierda social demócrata que nunca pudo gobernar. Siempre que se dio esa posibilidad, hubo magnicidios y fraudes. El punto de partida de la violencia en Colombia en el siglo pasado, fue el asesinato en 1948 del líder liberal Jorge Gaitàn, pocos meses después de haber ganado los comicios parlamentarios. Eso dio origen a la revuelta popular conocida como «El Bogotazo», sofocada por la represión del gobierno conservador de entonces.
Desde ese magnicidio, Colombia ha tenido modelos económicos que acentúan la desigualdad, y que ha generado distintas formas de protesta y disconformidad por las mayorías sociales afectadas. En los años 60 comenzaron a operar fuerzas guerrilleras. La principal fueron las FARC que llegaron a controlar varias zonas del país. En el 2002 el gobierno del conservador Alvaro Uribe, militarizó Colombia, e inició una represión que incluyó asesinatos llamados «falsos positivos». Se comprobó que se trataba de civiles secuestrados en zonas rurales o indígenas y ejecutados para poder cobrar las recompensas oficiales. El uribismo tenía vínculos con sectores empresariales y según denuncias, también con el narcotráfico, que en esos años se incrementó en Colombia.
Pero Uribe, con esa excusa, autorizó a Estados Unidos la instalación de siete bases militares en distintos puntos del país, personal y armamento. Esos equipos incluyendo los tecnológicos, se utilizaron para combatir a la guerrilla. Paradójicamente el narcotráfico aumentó. Y años después llegaron las denuncias que vinculaban a Uribe con con los cárteles mexicanos y con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) un grupo operativo de ultraderecha que cometió numerosos crímenes contra líderes sociales e indígenas. Salvatore Mancuso, narcotraficante y paramilitar, llegó a declarar que «el 35% de los congresistas eran amigos y próximos a las AUC».
A esa organización se le atribuyen miles de víctimas, entre ellos líderes vecinales y campesinos. Uribe gobernó por dos mandatos hasta el 2010. Le sucedió Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, que gobernó otros 8 años, como su predecesor. Durante su mandato se mantuvieron contactos paraun Acuerdo de Paz con la guerrilla. Recién se pudo concretar en el 2016. Se desmovilizaron la mayoría de los grupos rebeldes. Eso no impidió que los paramilitares siguieran matando. Solo el año pasado, ya bajo el mandato del nuevo presidente Iván Duque, -continuista del uribismo- fueron cometidas varias masacres con 171 muertos, de ellos 44 firmantes de los Acuerdos de Paz. Estas víctimas se suman a las provocadas por el conflicto armado, estimadas en 250.000 colombianos. En los últimos años, el gobierno de Duque reprimió duramente protestas populares a los largo y a lo ancho del país cuando intentó aplicar una reforma tributaria regresiva «recomendada» por el FMI. En operaciones ilegales han sido asesinados 350 desmovilizados de las guerrillas de las FARC.
El país padece una crisis humanitaria que lleva décadas y ha dejado millones de desplazados y migrantes además de un conflicto armado interno que ha causado 250.000 víctimas
El acuerdo garantizaba precisamente el respeto a la vida y al derecho a participar en política. Colombia padece una crisis humanitaria que ya lleva décadas, con millones de desplazados internos y emigrados. La pandemia fue sentida por la gente como una expresión de la desigualdad que carcome a la sociedad colombiana: esa desigualdad es histórica, estructural. Duque tiene un alto índice de impopularidad en las encuestas. Este es el marco de los comicios que hoy definirán quien gobernará Colombia. La campaña ha sido atípica, porque el empresario - al que definen como «el Trump colombiano»- evitó actos públicos y siguiendo los consejos de sus asesores de imagen se maneja con las redes y con apariciones breves y programadas ante los medios.
Ha rechazado la posibilidad de un debate con Petro y se ha manejado con frases sueltas, como las que se refieren a la mujer, «que debe estar en su casa y no en cargos públicos o trabajando». Solo llega a los votantes a través de Tik Tok desde donde hizo la campaña de la primera vuelta. Promete terminar con la corrupción, pero él mismo está imputado por varios escándalos como alcalde y está citado en un juicio que se realizará el 21 de julio sobre el cobro por su hijo de una comisión millonaria. Y puesto a prometer, dijo que «si él gana ningún colombiano quedará sin conocer el mar».
Petro ha hecho público su programa y ha respondido todas las preguntas de los periodistas. Tiene trayectoria como alcalde de Bogotá y años de parlamentario. Lleva como candidata a vice a la activista y abogada afrocolombiana Francia Márquez, que impuso su frase: «Vamos de la resistencia al poder, hasta que la dignidad se haga costumbre». Petro afirma que convocará a un Acuerdo Nacional que permita un cambio real en Colombia. Propone medidas sociales que reduzcan la profunda desigualdad. Modificará la fiscalidad, que se basa en los impuestos indirectos, y que son insuficientes para cubrir el gasto público.
Tiene planes para potenciar la educación y la sanidad públicas. Se siente capaz para hacer una reestructuración de las FFAA, un capítulo difícil si se tiene en cuenta que en las últimas décadas han actuado en respaldo de los gobiernos conservadores y tienen causas judiciales por acciones represivas criminales. Human Rights Watch considera que los «paramilitares» han sido un componente del bloque de poder en las últimas décadas. Petro ha dicho que los organismos de control electoral no son fiables y que tendrá sus propios equipos para supervisar. Al parecer, nadie se ha sentido ofendido por esta afirmación. El destino de los colombianos está en sus votos, en que el proceso sea «normal» y en que se respeten sus resultados. Ojalá sea así. Las mayorías sociales de Colombia lo merecen.
«El que no vota no tiene derecho a quejarse».