«Las víctimas forman parte estructural de la lucha antiterrorista de un país, puesto que son los principales damnificados de la barbarie y el Estado está en deuda con ellos en la medida en que no ha podido proteger su vida y su integridad física o la de sus familiares», sostiene la investigadora Inés Gaviria, en el Anuario del Terrorismo Yihadista 2021. La autora habla de la «invisibilización de las víctimas del terrorismo», en parte por «el respeto debido» a ellas y a sus familiares –en caso de que «no quisieran trascender a la esfera pública»– pero también porque el análisis de la fenomenología terrorista parte «principalmente desde la perspectiva de los terroristas y sus motivaciones para atentar».
Sobre el terreno, Rubén Guiñazú y Núria Figueras, víctimas del atentado terrorista en Cambrils el 17-A de 2017, hace ahora cinco años, se identifican al menos con una parte de esas consideraciones. «No odio a mis agresores. Me dan lástima. Les lavaron el cerebro. Me pregunto qué les faltó a esos chicos para que se dejaran embaucar así», decía tras el atentado, sobre la célula de Ripoll que gestó en Alcanar el ataque. Rubén fue herido de gravedad por uno de los terroristas, que le atacó con un cuchillo, seccionándole partes de la lengua, las amígdalas y las cuerdas vocales. Aquella noche fue operado durante más de cinco horas en maxilofacial de Joan XXIII, en solo la primera de las múltiples intervenciones a las que se ha tenido que someter.
A las secuelas físicas les siguen las psicológicas. «Anímicamente estoy peor. He estado unos años más apaciguada, pero ahora me ha vuelto la rabia, estoy peor», cuenta Núria, que admite: «Yo lo llevo peor. Rubén casi nunca habla del tema porque, en realidad, no lo vivió, nunca fue tan consciente como yo, que lo presencié todo. Él me dice: ‘A mí me hirieron y me hicieron daño, pero no he sufrido, no he vivido lo que tú. Mientras yo estaba en el hospital, eras tú quien te ibas moviendo de un lado a otro». Ambos denuncian lo que otras víctimas del terrorismo, el abandono por parte de la administración. A eso se añade la dificultad para pasar página. «La realidad no te deja superarlo. Me está costando mucho, porque ves que todo es muy largo, no sabes cuándo se acabará» , dice Núria.
La rebaja de la pena
No solo las efemérides traen consigo el recuerdo de los hechos, sino también el constante goteo informativo. El último input es de hace unos días y responde al siguiente titular: «La Audiencia Nacional rebaja la pena de dos condenados por los atentados yihadistas en Catalunya de 2017».
El tribunal rebaja la condena a Mohamed Houli Chemlal a 43 años de cárcel, frente a los 53 años iniciales; y deja el castigo a Driss Oukabir en 36 años de prisión, en comparación con los 46 años decretados en un primer momento. «Es vergonzoso que les saquen 10 años. Ya sé que ellos no son los asesinos pero se ha demostrado que sin ellos no se podía haber hecho. Ellos formaron parte importante y, si no, que se lo pregunten a los vecinos de Alcanar. No entiendo esa rebaja de condena. Estas cosas siempre te remueven por dentro, no te benefician, porque recuerdas», reconoce Figueras. Otros afectados creen que, en realidad, la medida no tiene efectos prácticos, porque se mantiene en 20 años el máximo de tiempo que ambos permanecerán en prisión, según el tribunal. «Las víctimas de Cambrils somos de segunda», denuncia Figueras.
Quien conoce bien el perfil de las víctimas de este tipo de violencia es Robert Manrique, asesor de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (Uavat), y que también ha lamentado en múltiples ocasiones el abandono institucional y de los organismos. «Hay categorías. En la Champions League están las víctimas de ETA con cargo político; en segundo nivel las de ETA en general, donde me incluyo –fue herido en Hipercor–; en tercer puesto, las de Grapo, Terra Lliure, extrema derecha o FRAP; en cuarto, las del GAL; y al final, las del yihadismo».
Es por eso que Manrique, como portavoz, añade: «Pedimos que de una vez por todas Catalunya tenga una oficina de atención a las víctimas del terrorismo y una ley dedicada también a ello, que no existe, para que pueda haber una asistencia directa». Manrique es muy crítico con el trato ligado a los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils: «Tenemos el ejemplo de una señora de 67 años que tuvo fractura de pelvis y cinco años después no consta ningún informe de sanidad al respecto, la administración no se ha preocupado. Hay muchas víctimas de estrés postraumático a las que nadie de la administración ha llamado».
La sentencia ve a las víctimas como «grandes olvidadas»
La sensación de olvido en heridos y afectados es señalada por la sentencia. La Audiencia Nacional denuncia que las víctimas del 17-A han sido las «grandes olvidadas». Recrimina a los jueces que investigaron los atentados, que se saldaron con 16 muertes, que «las víctimas han sido las grandes olvidadas durante la instrucción», reivindicando que merecen un doble reconocimiento: «Además del resarcimiento económico por vía administrativa, el todavía más esencial derecho a la memoria histórica. Tienen derecho a conocer la verdad, por lo que tienen legitimación aun cuando no exista sanción penal al haber quedado extinguida la responsabilidad de los autores directos por su fallecimiento».