La tarraconense Neus Roig, licenciada en antropología por la URV y recién doctorada por la Universidad de Almería, ha elaborado la primera tesis en España sobre niños robados, una investigación que se ha prolongado durante cuatro años y que ahora ve la luz tras abordar el tema desde una triple perspectiva histórica, antropológica y jurídica. En su extenso trabajo, de más de 800 páginas, ha recopilado al detalle un total de 476 casos de sustracciones de bebés, en un recorrido histórico que arranca en 1938, en plena Guerra Civil, y termina en 1996.
Su investigación arroja una pátina académica al drama vivido por numerosas familias y destapado en 2011, con una denuncia colectiva en toda España. «De las 2.000 denuncias hechas en los últimos años, la mayoría ya se han archivado», lamenta Neus Roig. A través de documentación judicial, hospitalaria e incluso funeraria, y con el testimonio de las entrevistas a centenares de afectados, la doctora teje las casuísticas de un goteo de casos que, en general, tras la denuncia pública, le ha seguido el obstáculo judicial, con dificultades para llevar a cabo unas investigaciones complejas que han tenido que retroceder décadas. En Tarragona, de los 21 casos que han llegado a los juzgados, todos han acabado siendo archivados, con mayor o menor fortuna. «Me he encontrado con familias desesperadas, con sensación de rabia y de impotencia, porque ya no saben por dónde tirar», relata Roig, que pese a todo ha querido huir del sentimentalismo para aferrarse a datos y documentación.
‘El móvil era económico’
«En España se han perpetrado sustracciones de bebés por parte de personas pertenecientes a instituciones específicas. Y, además, de forma continuada en el tiempo. Todo empezó como una represión a la mujer republicana, pero luego se mantuvo durante décadas, incluso después del franquismo. Al final el móvil era económico», admite contundente, y desglosa algunas de las situaciones que han perdurado hasta la actualidad: «En nuestra provincia, constatadas por diversas pruebas de ADN, tenemos a tres mujeres inscritas como hijas biológicas de madres que jamás parieron. Sus ‘madres’ fingieron un embarazo con cojines y a golpe de talonario consiguieron el objeto de su deseo: un bebé».
Roig se ha centrado en el análisis de las incongruencias detectadas en la documentación. Supuestos errores, indicaciones diferentes en un papel y en otro o ausencia de datos han servido para argumentar numerosas denuncias. La tarraconense reclama ahora reactivar la investigación judicial de las causas en las que se han exhumado cajas vacías –sin restos del bebé supuestamente enterrado–, se ha comparado el ADN de un cadáver con el de los padres con el resultado de que no era su hijo o se ha detectado a niños muertos sin entrada en un cementerio.
La investigadora insta al Estado español a reconocer estos casos como crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, así como a pedir perdón a las víctimas y a ofrecerles la ayuda necesaria para sobrellevar lo ocurrido durante el franquismo y la transición. Roig, dirigida en su tesis por el profesor de la URV Santiago Castellà junto a dos catedráticos de la universidad de Almería, pide al Ejecutivo español y a la Conferencia Episcopal Española que permitan el acceso a la documentación sobre partos y defunciones para que los afectados puedan conocer la verdad. Hasta el momento, sólo la titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, que investiga los casos de bebés robados en la clínica San Ramón de la capital, ha propuesto juzgar al doctor Eduardo Vela, exdirector del hospital, por firmar un certificado de nacimiento de una niña cuya supuesta madre biológica era estéril.
El trabajo incluye la realización de entrevistas a una exmonja de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, médicos, comadronas, forenses, funcionarios del Registro Civil, párrocos, responsables de laboratorios de ADN, representantes de asociaciones de afectados y juristas.
