Una madre con residencia en Sant Carles de la Ràpita mantiene sustraída y sin escolarizar a su hija de diez años desde hace 479 días (a fecha de hoy) desobedeciendo una sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Tarragona que otorga la custodia al padre y hasta el momento se ha negado a entregarla, a pesar de las muchas órdenes judiciales.
La pequeña de 10 años solo tiene contacto con la familia materna y no ha acudido a la escuela desde hace dos cursos, según ha quedado acreditado en las vistas orales de este caso.
La historia de la pequeña María (nombre ficticio de la niña) tuvo un punto y aparte a finales de 2019. La separación de sus padres terminó en los juzgados y con ella la custodia de la menor, que tenía por aquel entonces 9 años.
La sentencia que falló la Audiencia Provincial el 2 de octubre de 2019 y que se notificó a las partes el 27 de noviembre del mismo año (era un recurso de apelación procedente del Juzgado de Amposta) acordó dejar la custodia de la menor a su padre, vecino de Tarragona, y justificaba la decisión tras una serie de conclusiones que reflejaban que la madre no estaba en condiciones y que mantener la custodia copmpartida de la hija «suponía un riesgo para la menor», según se exponen en las conclusiones.
La sentencia que es firme porque no se recurrió en su momento, no agradó a la madre y presentó a principios de enero, 36 días después, una demanda para modificar medidas, una vía judicial válida solo «si hay una alteración sustancial de las circunstancias como fija la ley», explica el letrado Joan Crua. En el caso de la custodia este extremo no existía. La demanda se presentó en los juzgados de Amposta, ya que las demandas de custodia empezaron allí antes de que terminara en apelación a la Audiencia.
Último día de escuela
La niña, el curso 2019/20, estaba escolarizada en Sant Carles de la Rápita. La madre se negó a devolver a su hija a la vuelta de las cvacaciones de Navidad y fue el padre quien la recogió una tarde a la salida para poder iniciar con ella la nueva etapa.
La sentencia de la Audiencia estableció un régimen de visitas en favor de la madre, pero la niña viviría con el padre. El 20 de enero de 2020, la niña pasó el fin de semana con la madre, pero ésta no la llevó a Tarragona donde el padre la había matriculado a otra escuela (ya que entre semana estaba bajo su custodia). Fue el último día que el padre estuvo con su hija, ya que a la hora de ir a recogerla, le informaron que la menor no había acudido.
Según la versión de la madre, la pequeña se encontró enferma aquel lunes y así lo explicó al padre para justificar su ausencia, que, según el letrado del padre, éste sospechó de que era una excusa para no devolver a la pequeña a su custodia.
«Desde aquel día la pequeña no va a ningún colegio y la madre la mantiene sin escolarizar para evitar que el padre pueda ir a recogerla», afirma el abogado, quien añade que la madre tiene sustraída a la menor desde el 20 de enero, 479 días a contar hasta hoy.
La vida de reclusión forzosa de la menor, por un lado, y la insistencia del padre para que la sentencia de la Audiencia Provincial se cumpla de una vez por todas han motivado diferentes procesos judiciales desde enero de 2020 que todavía siguen abiertos.
Y paralelamente existe el temor que la pequeña se encuentre en un punto en el que requiera de forma urgente ayuda psicológica. «Temo por mi hija porque no se merece lo que está pasando», explica el padre, que intenta cada fin de semana ir hasta La Ràpita por si «me devuelven a mi hija», aunque todas las veces que ha ido no ha tenido oportunidad de verla.
Joan Crua expone que la pequeña reside en el piso de la madre y sin apenas salir a la calle. No va a la escuela, por lo que ha perdido dos cursos, y solo se sabe que ha recibido clases particulares en una vivienda. En la última sentencia del caso, en el que incluye la exploración que se hizo a la menor, ésta no recordaba ni las asignaturas que se impartían.
«La madre estaría incumpliendo presuntamente un gran número de delitos: desatención de los deberes inherentes a la patria potestad al mantener a la niña sin escolarizar, sustracción de menores, desobediencia grave a la autoridad por desacatar una sentencia, presuntos malos tratos…. A todo ello hay que añadir una situación de absoluto desamparo de la menor», argumenta el letrado.
La situación psicológica de la niña preocupa al padre, que han pedido por vía judicial una exploración médica y su ingreso a la unidad psiquiátrica infantil como la que existe en el Hospital Sant Joan de Déu.
El papel de la DGAIA
El caso de esta menor sin escolarizar es conocido por el Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència (DGAIA), quien a día de hoy sus técnicos está recopilando información para hacer una evaluación del caso. El padre está molesto con la actitud de este órgano de la Generalitat por actuar ahora y no desde el principio y permitir que siga su hija sin escolarizar y permitiendo incumplir una sentencia. Desde la DGAIA declinan hacer comentarios.