Es la historia canónica del enésimo abuso bancario. Un capitán de marina mercante y una dependienta de tienda de juguetes de Tarragona han podido recuperar unos 130.000 euros que habían perdido al invertirlos en acciones del Banco Popular. Es un caso de libro en el reguero de afectados por la fallida de la entidad financiera, en 2017, que aún colea.
El modus operandi es común en el agravio: perfiles trabajadores («ajenos a la contratación bancaria», como reza la sentencia) se fían de su director de confianza de sucursal y aceptan convertir sus ahorros a acciones, sin saber realmente lo que estaban firmando.
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Tarragona ha dado la razón a la pareja y ha condenado a la entidad a pagar esa cantidad de dinero. Durante varios años adquirieron diferentes acciones. El empleado de la sucursal le ofreció esa posibilidad al marido, diciéndole que era una buena opción para asegurarse la pensión. Él, «cercano a jubilarse, como confiaba en él» accedió a la contratación. Continúa la sentencia: «Nadie le informó del riesgo, ni de la falta de solvencia entre los años 2012 y 2017, y él no tiene ningún conocimiento de la materia, es marino, ha estado más de 50 años en el mar». Tampoco la mujer, ama de casa y en los últimos años con una tienda de regalos y muebles, estaba especializada en operaciones tan arriesgadas. Pero en la resolución judicial es especialmente llamativa la declaración de uno de los empleados de la banca. Admitió que los propios trabajadores no podían conocer «la falta de solvencia del banco» y que, en su caso, «le defenestraron y le mandaron a Valls, precisamente porque estaba en contra de todo aquello».
El propio trabajador perdió 1.000 euros «y ni quiere pensar en todo eso porque se enerva», según expone la sentencia. Añadió finalmente que los propios directores también eran víctimas, porque «estaban sometidos a una presión que les llevaba a hacer barbaridades». El director de la oficina dijo que el banco «proyectaba una imagen de máxima solvencia». El juez dictamina que «la entidad no informó al cliente del riesgo que entrañaba la operación». Previamente, sostiene que no se ha demostrado que el banco informara adecuada y suficientemente de los efectos de un producto complejo. No fue suficiente «la entrega de un tríptico con información estandarizada y de confuso entendimiento para el cliente inexperto».
Ni los trabajadores lo sabían
Hubo un incumplimiento de información, a lo que se añade que «ni siquiera los empleados tenían la información completa». La jueza anula las «operaciones de adquisición», porque el cliente «carecía de conocimientos» por su perfil para saber que estaba llevando a cabo una operación de riesgo. «Estamos frente a la nulidad en la compra de acciones por vicio en el consentimiento, además, teniendo en cuenta que el banco falseó las cuentas anuales y sus balances», cuentan desde el despacho Durán & Durán Abogados, bufete responsable de haber llevado el caso a la justicia.
La recuperación de ese dinero será un alivio para esa familia, que en 2017 vio cómo el Banco Popular quebraba por sorpresa y sus títulos quedaban sin valor de un día para otro. La entidad, por entonces el sexto banco de España, fue intervenida por Bruselas y comprada al día siguiente por el Santander por un euro. Comenzó entonces toda una batalla en los juzgados por recuperar el dinero invertido en acciones.