El Ayuntamiento de Tarragona ya tiene el Palau d’Esports pero no podrá abrirlo a los clubes deportivos y a la ciudadanía en general hasta, como mínimo, la parte final de este año. Esto es lo que se desprende del convenio entre Consistorio y Generalitat que ayer –tras casi tres años desde la inauguración del pabellón de Campclar– avaló el pleno municipal con el OK de ERC, Comuns, Junts y la CUP y las abstenciones de PSC, Cs, PP y de los dos ediles no adscritos: Sonia Orts y José Luis Calderón.
El acuerdo supone un primer paso para desbloquear el estado de abandono en el que se encuentra el emplazamiento, que supuso una inversión de 18 millones de euros por parte del Govern para que el edificio fuera una realidad para los Juegos del Mediterráneo de mediados de 2018. Asimismo, el documento sirve para establecer un calendario y marcar un horizonte de un año para firmar el traspaso sine die de la gestión de la joya de la corona del Anillo de Campclar en favor de la corporación local. Sin embargo, a corto plazo el texto aún no abre la puerta para el uso diario del recinto por parte del Patronat Municipal d’Esports. ¿Por qué? Con el acuerdo materializado ayer, que es por doce meses, el Ayuntamiento obtiene la gestión temporal del inmueble, pero aún no podrá ofrecerlo a las entidades deportivas porque aún debe dotarse al emplazamiento del equipamiento que falta, en una inversión que se calcula que será de unos 480.000 euros para colocar el parqué, las cortinas separadoras y el material deportivo necesario, ya que a día de hoy el espacio está vacío.
Aquí es donde aparece el problema a corto plazo, ya que ni el interventor ni el secretario municipal permiten que el Consistorio realice ninguna inversión económica en un recinto que no es ni de su propiedad ni el que tenga la gestión sine die por parte del Ayuntamiento, sino que en estos momentos el Consistorio únicamente tiene una cesión con fecha de caducidad, lo que impide gastar dinero municipal allí.
El Consistorio aprueba su parte
En el documento, que ya está firmado por Ayuntamiento y Govern, se especifica que el Consell Català de l’Esport autoriza a la administración local «de forma gratuita» a utilizar el Palau, si bien se detalla que la Generalitat «no proporcionará ni recursos económicos ni humanos» para que el espacio tenga actividad.
El convenio también indica que «el Ayuntamiento pondrá todos los recursos necesarios para cubrir las necesidades de organización de las actividades que se lleven a cabo en el equipamiento», incluidos los gastos en «limpieza, seguridad y del mantenimiento integral de la instalación, así como otros que puedan surgir del funcionamiento y conservación». Según un informe elaborado por la gerencia del Patronat d’Esports, el coste anual en mantenimiento será de unos 200.000 euros, si bien también se especifica que la seguridad podría sustituirse «conectando la alarma del Palau a la central de alarmas del Ayuntamiento».
Los presupuestos municipales de 2021 reservan una partida de inversión de 190.000 euros para el Palau d’Esports, una cifra que no cubriría la globalidad de las necesidades, pero sí que permitirá avanzar la tramitación administrativa para adquirir el material. Pese a ello, el hecho de que tenga que ser el Consistorio el que afronte la inversión final para poner en marcha el recinto ocasionó ayer las críticas de PSC, Ciutadans y PP, que piden «luchar» para que sea el Govern el que afronte el gasto, según indicó Berni Álvarez (PSC). Pese a ello, Xavier Puig (ERC) recordó que, hace tres años, el anterior gobierno local (PSC-PP) acordó con la Generalitat que, a cambio de que el Consistorio afrontara dicha inversión, la corporación autonómica abonaría «414.000 euros por el impuesto de construcciones», por lo que criticó que «no sé qué fuerza moral le queda al PSC».
En el convenio también se insta al Ayuntamiento aprobar «en seis meses» una «mutación demanial» del suelo para que la Generalitat pueda legalizar e inscribir posteriormente la obra en el Registro de la Propiedad. Pese a que hay medio año de margen, ayer mismo el pleno municipal aprobó este requisito, por lo que ahora es el Govern el que deberá aprobar una nueva mutación demanial del suelo y del edificio en favor del Consistorio para que el recinto pueda ser utilizado con todas las garantías inversoras por parte de la administración liderada por Pau Ricomà (ERC).
En caso de expirar el plazo máximo, esto situaría la obtención del acuerdo definitivo para finales del próximo mes de septiembre, un hecho que junto a la necesidad de llevar a cabo obras para adecuar el espacio comportaría que la instalación pudiera abrir sus puertas en el último trimestre de 2021 «para ganar el espacio de tres pabellones y dar solución a los clubes de la ciudad», según indicó la concejal de Esports, María José López (ERC), quien añadió que la voluntad municipal también es que el pabellón pueda acoger «concentraciones deportivas y un centro de formación de ciclo medio y superior».