Un año después, el pleno del Ayuntamiento de Tarragona vuelve a adjudicar el contrato de la basura, caducado desde abril del 2023. El gobierno municipal del PSC, con el apoyo de Junts per Catalunya y los dos ediles tránsfugas, ha avalado el paso con la abstención del PP y el rechazo de ERC, Vox y ECP.
Hace 13 meses, el consistorio aprobó conceder el contrato a la empresa francesa GBI Paprec. Sin embargo, una resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, a raíz de un recurso de la segunda clasificada –Urbaser–, eliminó a la firma gala del proceso, al considerar que su oferta habría vulnerado las exigencias del pliego de condiciones técnicas.
Esta decisión ha iniciado un laberinto judicial, con cinco recursos en los tribunales, sin que de momento se haya resuelto el fondo.
Recientemente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número ‘2’ de Tarragona desestimó aplicar las medidas cautelares solicitadas por GBI Paprec para ser readmitida en el proceso. Por ello, ahora el consistorio da el paso para adjudicar a la segunda clasificada, a la espera de que los tribunales resuelvan.
ERC teme que haya «prevaricación»
La nueva concesión, que renovará la actual del 2002 por un montante global de 233 millones de euros durante una década, debe servir para que «Tarragona tenga un contrato a la altura de lo que se merece tanto la ciudadanía como los trabajadores», según ha indicado la concejal de Contractació, Isabel Mascaró (PSC).
La aprobación del punto ha generado un largo debate sobre las consecuencias jurídicas que puede tener, ya que hace 10 meses el Tribunal Català de Contractes alertó de que todas las empresas del concurso incumplían el pliego. Por ello, el alcalde Viñuales ha solicitado una aclaración técnica al secretario general, Joan Anton Font, quien ha avalado la legalidad de un acuerdo que «es la única fórmula posible para acatar la resolución del tribunal administrativo y de dos juzgados».
Sobre ello, el concejal de Esquerra Republicana Xavier Puig ha solicitado que los servicios jurídicos municipales hagan un nuevo informe, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo en un caso similar a Tarragona. «Vamos a aprobar un contrato de 208 millones con una gran incertidumbre, con riesgo de prevaricación. Nos gustaría tener una garantía por escrito de los técnicos para poder votar mucho más tranquilos», ha indicado el edil.
Sobre ello, el alcalde ha indicado que «en los organismos colegiados en los que el secretario ha explicado la postura del Ayuntamiento se levantan actas, y en el pleno se graba. Ya queda constancia formal», a la vez que el propio secretario ha asegurado que no habría peligro de cometer ningún delito penal al respecto porque la actuación municipal «va en la línea de los informes realizados».
