La cifra de pisos turísticos se ha disparado en Tarragona. Especialmente después de la pandemia, cuando ha habido un incremento en la solicitud de licencias que ha ido en paralelo al crecimiento de la cifra de visitantes. Según los últimos datos de la Generalitat, correspondientes al mes de septiembre, la ciudad cuenta con un total de 2.051 inmuebles con licencia de uso turístico, una cifra que ya supera al número de viviendas destinadas a políticas sociales, que se sitúa en poco más de 1.460.
Al déficit de viviendas sociales hay que sumarle la ciudad tiene un mercado del alquiler catalogado como tenso, por parte de la administración catalana, y los problemas que está provocando la proliferación de pisos turísticos en zonas como la Part Alta. Una situación que ha hecho que finalmente el Ayuntamiento de Tarragona haya decidido pisar el acelerador para regular esta actividad.
El primer paso se dará en el pleno de este viernes, cuando está previsto que prospere un modificativo de crédito que incluirá una partida de 50.000 euros para iniciar la redacción de un plan especial. Esta era uno de los compromisos que En Comú Podem arrancó de las negociación con el gobierno de Rubén Viñuales para la aprobación de las nuevas ordenanzas fiscales y que ahora se materializa con un nuevo acuerdo. Según este, el objetivo es que en el plazo de «un año» la corporación local disponga de este instrumento, el cual ofrecerá una extensa radiografía, con las cifras reales, las tendencias y la afectación sobre la población o el mercado del alquiler, entre otros aspectos.
A partir de ahí, el Ayuntamiento podrá fijar las ratios por zonas que considere óptimas, lo que podría comportar que en los barrios con un porcentaje de concentración más elevado podría reducirse el número de licencias existente.
La Generalitat obligará a renovar la licencia cada cinco años
El Gobierno municipal tira adelante este proceso en paralelo a la regulación impulsada desde la Generalitat. De acuerdo con esta, en ciudades con problemas de acceso a la vivienda como Tarragona no podrá superarse la cifra diez licencias de pisos turísticos por cada cien habitantes. Asimismo, esta autorización no será ilimitada como ahora, sino que deberá renovarse cada cinco años.
Esta regulación iniciará ahora el trámite parlamentario. Sin embargo, delante la duda que no cuente con los apoyos necesarios para prosperar o que algún tribunal la impugne, el consistorio ha decidido seguir adelante con el planteamiento con el que se estaba trabajando. Y es que, mientras tanto, desde el pasado 9 de noviembre ya se aplica la moratoria que impide conceder nuevas licencias hasta que el planeamiento urbanístico esté adaptado.
Trabajo previo
El Ayuntamiento aborda esta problemática a partir de los estudios previos encargados desde el Patronat Municipal de Turisme, a cargo del catedrático de Geografia de la URV, Antionio Paolo Russo. El último de estos se hizo en 2021, cuando ya se hablaba de una «concentración notable de la oferta» en zonas como la Part Alta, el Eixample, los Barrios Marítimos y las urbanizaciones de Llevant. De hecho, en aquellos momentos ya se aseguró que la presión en algunas de estas zonas era superior a la de distritos como Ciutat Vella, en Barcelona.
En las últimas semanas se han emitido nuevo informes jurídicos para seguir adelante con dicho propósito. Uno de estos hace referencia a los aspectos que deberían justificarse para poder limitar las autorizaciones de alquiler de viviendas de uso turístico, en los que se estudia detenidamente la experiencia de ciudades como Palma y Barcelona. Ambas cuentan con una delimitación por zonas como la que busca plantearse.
La suspensión o limitación de licencias debe responder a «razones imperiosas de interés general»
En ambos casos pueden establecerse similitudes con las zonas de Tarragona en las que se está registrando más presión. Y, al respecto, una de las conclusiones que apunta el documento es que la suspensión o limitación de las licencias puede realizarse «siempre que atienda a razones imperiosas de interés general» y que se cumplan las condiciones de «no discriminación, necesidad y proporcionalidad».
Esta limitación debe garantizar un «equilibrio» en el entorno urbano entre el ejercicio de dicha actividad económica y la ciudad sostenible. Asimismo, se tiene en cuenta que la medida persigue la reducción del impacto de estos pisos en el precio de compra y alquiler de los residentes habituales, así como en la lucha contra el problema de la gentrificación que genera la expulsión de los residentes habituales.