A diferencia del caso Inipro, el Ayuntamiento de Tarragona sí que podrá ejercer como acusación particular en el caso Jaume I por el sobrecoste en la construcción del parking que debía situarse en la Plaça de l’Escorxador. Esta obra estaba presupuestada en 2002 en 3,9 millones de euros, pero en 2008 se paralizaron las actuaciones tras un gasto comprometido de más de 30, sin que el espacio haya podido ser nunca un aparcamiento.
Por ello, ese año el caso llegó ante el Juzgado de Instrucción número 3 tras una denuncia de la entidad Veu Ciutadana, después de que la nefasta gestión acreditara el gasto desorbitado. Asimismo, un informe pericial elaborado en marzo de 2016 aseguró que no podía justificarse ni el 40% del despilfarro, ya que solo aparecieron facturas por valor de 11,6 millones de euros.
Gestión interna
Desde hace años, el Ayuntamiento está personado en el caso en una doble condición: como perjudicado y como responsable civil subsidiario, pero a partir de ahora también actuará como acusación particular. «Celebramos que el proceso avance, deben depurarse responsabilidades», indica el concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC), quien añade que «estamos ante un agujero económico y un despilfarro de muchos millones de euros». El también segundo teniente de alcalde enfatiza que «tenemos muy presentes las acciones necesarias que debemos llevar a cabo para defender los intereses de la ciudad», a la vez que lamenta que «la justicia tiene sus ritmos, que a veces son desesperadamente lentos». A diferencia de otros casos –como Inipro o el de Tarragona Ràdio– en esta polémica la tramitación penal la gestionan directamente los servicios jurídicos municipales.
Aún en el Juzgado de Instrucción
De hecho, han pasado los años, pero todo sigue encallado en el Juzgado de Instrucción, sin que haya ni imputados mientras la investigación ha completado ya la tercera prórroga. Se espera que, en breve, las partes registren sus escritos de acusación... o, por el contrario, el caso podría quedar archivado, ya que la entidad denunciante ha desparecido y ya no forma parte del procedimiento.
Ante esta posibilidad, y ante el riesgo de que la investigación quede en nada –o que prescriba, como fue el caso del Fortí de la Reina–, los presupuestos municipales de 2021 reservaron una partida de 20.000 euros para impulsar el caso, en lo que fue una exigencia de la CUP para avalar las cuentas de Pau Ricomà (ERC). Ayer, las ediles cupaires recordaron este acuerdo y añadieron que «el Ayuntamiento debe ser proactivo antes cualquier indicio de posible corrupción».