El Ayuntamiento de Tarragona podría ordenar el corte del suministro a consumidores que no respeten las limitaciones que se impongan por sequía si se llega a la situación de emergencia. Actualmente, la ciudad está en prealerta, lo que significa que no hay ningún tipo de restricciones. No obstante, disponer de un plan de emergencia ante situaciones de sequía es obligatorio para los municipios de más de 20.000 habitantes desde el 8 de enero de 2020, cuando el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat aprobó el Pla Especial d’Actuacions d’Alerta i Eventual Sequera (PES), un paraguas que recoge las principales medidas a tomar ante este tipo de situaciones.
El Ayuntamiento de Tarragona presentó un plan a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), quien lo marcó como «desfavorable» y sugirió diversas enmiendas. Según fuentes municipales, «algunos de los puntos en los que se está trabajando tienen que ver con incrementar el detalle en la descripción del despliegue de medidas de carácter administrativo». Por ejemplo, actuaciones que tengan que ver con el seguimiento y control que el consistorio debería llevar si se da un episodio de sequía. También se pedía más concreción respecto a cómo se actuaría ante posibles incumplimientos y qué personas serían las responsables organizativas, detallando funciones de cada una.
«El informe de la ACA también indica que el plan de Tarragona tiene muchas fortalezas, como la buena diagnosis que se expone y los datos de partida para conocer cuál es la situación de abastecimiento municipal», apuntan fuentes del consistorio.
El nuevo plan se enviará a principios del mes de junio. «Desde la conselleria de Medi Ambient ya se han incluido pequeñas informaciones para que el texto se adapte mejor al plan general de la ACA; a la hora de redactarlo, se han tenido en cuenta todas las acciones que pueden llevarse a cabo desde todas las áreas del Ayuntamiento», apuntan desde el propio consistorio.
La alerta, el punto de partida
Cabe recordar que el texto que se prepara debe enviarse de nuevo a la Agència, que es quien deberá dar el visto bueno. No obstante, el Diari ha tenido acceso a algunas de las medidas que se incluirían en el plan, siempre en función de lo que dicte la ACA.
Actualmente, la mayor parte de la zona del Consorci d’Aigües de Tarragona está en situación de prealerta. El próximo escenario, si todo se agravara, sería la alerta, que es cuando empezarían a desarrollarse tanto las restricciones generales como las medidas que propone el consistorio en su plan.
En caso de alerta, tanto el Ayuntamiento como la empresa suministradora –Ematsa– empezarían a lanzar campañas de concienciación a la población para que esta adoptara, voluntariamente, acciones para reducir el consumo. Además, Ematsa tomaría acciones encaminadas a reducir su propio gasto y llevaría un control de los grandes consumidores. Actualmente, en el caso de la limpieza, el agua que se utiliza es la procedente de la red, «pero se trabajará para detectar nuevos pozos y extraer agua no potable para la limpieza», destacan desde el Ayuntamiento.
El consistorio pretende enviar el documento con las enmiendas corregidas a principios de junio
La entrada en alerta supondría también el cierre de las fuentes ornamentales de la ciudad. Únicamente se conservarían cantidades mínimas en aquellas donde hubiera fauna, la cual se recolocaría para acabar cerrando la fuente.
El siguiente paso, si la sequía persistiera, sería el estado de excepcionalidad. En este caso, el control a los grandes consumidores sería mensual y se trasladaría a las piscinas y zonas verdes públicas. También podrían fijarse restricciones a los grandes consumidores no críticos –que son los que no requieren un uso imprescindible del agua– como bajadas de presión y disposición de aforos u otros sistemas de regulación de caudal.
El estado más extremo sería el de emergencia, que es cuando se empezarían a tomar medidas más severas. En este caso, Ematsa realizaría un plan de suministro para aquellos usuarios críticos –como hospitales y CAP–, incluyendo la posibilidad de proporcionarles agua apta para el consumo humano.
En los lugares en los que se dispusiera de medios para poder controlar los caudales, se rebajarían las presiones hasta el mínimo imprescindible. En caso de que se incumplan reiteradamente las medidas, el consistorio podría ordenar el corte del suministro a los consumidores no críticos. Ematsa podría proponer una ‘lista negra’ para la correspondiente autorización del corte.
¿Qué pasaría si sigue sin llover?
En su conferencia realizada en el marco de las jornadas ‘Bon dia Tarragona’, organizadas por la Cambra de Comerç, el director de la ACA, Samuel Reyes, indicó que Tarragona es uno de los territorios más «resilientes» y que, dentro de lo que cabe, el estado de la zona del CAT no es tan grave como el de otras unidades de explotación.
Sin embargo, si la situación continúa, y según los cálculos de la ACA, en septiembre podría entrarse en estado de alerta. Aún quedarían dos escenarios más graves: la excepcionalidad –que es el estado de la mayoría de las unidades de las cuencas internas del territorio catalán– y la emergencia. En el caso de que deba pasarse al estado de alerta, también empezarían a aplicarse algunas restricciones dictaminadas por la Agència.
En cuanto al uso urbano del agua, se prohibiría utilizarla para eliminar polvo y materia en suspensión en el aire, así como para llenar, total o parcialmente, fuentes ornamentales, lagos artificiales y otros elementos estéticos.
Además, los volúmenes de abastecimiento para la población no podrían superar una dotación máxima equivalente de 250 litros por habitante y día, incluyendo las fracciones provenientes de recursos propios municipales. El llenado de piscinas quedaría limitado a algunos casos concretos, y el riego de jardines y zonas verdes, tanto públicas como privadas, debería realizarse en el horario de menos insolación. La limpieza pública de calles tendría que llevarse a cabo priorizando el uso de agua no procedente de la red de abastecimiento potable. Por otra parte, el uso agrícola quedaría reducido en un 25%, el ganadero, en un 10%; el industrial, en un 5%, y el recreativo, en un 30%.
Por el momento, en Tarragona, la situación está lejos de ser extrema. No obstante, la ACA requiere un plan de acción personalizado para que cada municipio sepa cómo actuar en caso de que la sequía se prolongue.