El Ayuntamiento de Tarragona acordó este pasado viernes adjudicar a la empresa francesa GBI Paprec el mayor contrato de su historia: 233 millones de euros hasta 2034 para asumir la gestión del servicio de la limpieza y la recogida de la basura. A la espera de la presentación de posibles recursos, la firma gala relevará a la compañía FCC tras un tortuoso camino que no ha estado exento de polémica y que, con toda probabilidad, aún no ha llegado a su capítulo final.
A la espera de que este Dragon Khan viva algún nuevo episodio, lo cierto es que el aval que anteayer impulsaron PSC, ERC y Junts al nuevo contrato supone el broche final a un proceso que se inició en 2019 y en el que han intervenido un mínimo de 17 empleados municipales, más algún «asesoramiento externo», según revelan las fuentes consultadas. El proceso arrancó en 2020, sufrió dos traspiés importantes en 2022 y 2023 y, finalmente, ha culminado este 2024 con la decisión de la mesa municicipal de contratación.
2021: internalización del pliego
A inicios del pasado mandato, el gobierno de Pau Ricomà (ERC) decidió reforzar el equipo «basura» bajo el mando del concejal Jordi Fortuny (ERC). Con la coordinación de la Cap de Gestió de Serveis Públics, Lidia Bartra, el ejecutivo formó el grupo de control del contrato, que también integraron los técnicos Míriam Prats, Núria Ganigué y Jordi Bru.
Ya en 2020, el consistorio sacó a licitación pública la redacción del pliego de condiciones para renovar una concesión que se firmó en 2002, con Joan Miquel Nadal (CiU) en la alcaldía. Se presentaron tres ingenierías, ganando la firma Lavola, de Manlleu. Sin embargo, el recurso de una de ellas lo paralizó todo.
El esqueleto del contrato lo definieron técnicos municipales «con algún asesoramiento externo»
Tras meses de espera, llegó el dead line: verano de 2021. En ese momento, el primer teniente de alcalde –Fortuny– puso sobre la mesa la posibilidad de realizar el pliego a nivel interno entre el equipo de la basura, el área económica de Intervenció –con José Fernando Chicano y Javier Requejo al frente– y el departamento de Contractació, principalmente, con Noelia Parreño, Àurea Rodríguez y Yolanda Rovira. También se contó con el apoyo de Secretaria para los temas jurídicos– Joan Anton Font y Núria Pallarès–, además de Recursos Humans –con Néstor Cañete–, así como con Pep Budí, de Tecnologies de la Informació. La gran mayoría de ellos formaron parte de las mesas de contratación del concurso, según se puede observar en las actas. Durante esta fase previa también se consultó a «algún experto» externo.
«La prioridad era hacer un pliego técnico, en el que el servicio importara el 95% y la posible rebaja económica solo se valorara en un 5% para no afectar a la capacidad económica de los trabajadores», recuerda el ahora edil en la oposición, Jordi Fortuny (ERC).
¿Cuándo aparece Paprec?
En mayo de 2022 se avaló el pliego y el contrato se licitó en septiembre de ese año... con la sorpresa de que el concurso quedó desierto en diciembre. Tras ese fracaso, los técnicos municipales iniciaron «una ronda de contactos» con varias «empresas del sector» que habían mostrado interés en el concurso de Tarragona, como FCC, Urbaser, Sorigué o Romero Polo. La pregunta, sin embargo, es: ¿Cuándo se interesó Paprec por Tarragona? «Fue en esta fase de contactos técnicos, no políticos. Nadie contaba con ellos, pero ya han ganado Salou y Tarragona tras fichar a gente de FCC», afirman fuentes consultadas, que indican que «si el primer concurso no se hubiera quedado sin ofertas, seguro que habría ganado alguna de las empresas que ya gestionan servicios por la demarcación, y no los franceses».
La ronda de contactos derivó en un aumento del periodo del contrato –de nueve años a diez– así como del pago del interés por las inversiones: el 2,5% al 4,5%. En ese momento se inició una batalla que saltó a los medios entre la firma gestora –FCC–, el comité de empresa –con audios de apoyo político al PSC– y el Ayuntamiento, que acabó con una sanción de 250.000 euros y la amenaza de huelga por parte de los empleados, liderados por Ángel Martín de Sande. Cabe recordar que la coordinadora del servicio, Lidia Bartra, trabajó en FCC y que, ahora, el juez ha anulado varias multas con informes de ella por valor de 200.000 euros al considerar la «no imparcialidad» de la alta funcionaria con la firma.
En marzo del 2023, sin embargo, apareció una sorprendente alegación de la empresa Smatsa, vinculada al caso Mercurio de Sabadell, así como otra del comité de empresa de la UGT que paralizaron de nuevo el proceso al llevarlo al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que resolvió a dos días de las elecciones municipales de mayo del 2023 que la tramitación podía seguir, a cambio de publicar una serie de documentos. Asimismo, un informe firmado conjuntamente entre el secretario, Joan Anton Font, y el viceinterventor general, Javier Requejo, descongeló una licitación que, tras la intervención del tribunal, no podía congelarse sine die.
Por ello, el nuevo gobierno liderado por Rubén Viñuales (PSC) confirmó en el cargo a todo el equipo de la basura, que en esta ocasión pasó a ser liderado por la edil Sonia Orts. Al concurso se presentaron cuatro empresas, ganando contra todo pronósito GBI Paprec por delante de Urbaser, FCC y Valoriza, forzando un histórico cambio que, según Orts, «será imprescindible para mejorar la limpieza de la ciudad». Alea iacta est.
