El Ayuntamiento de Tarragona ha sacado a licitación pública la concertación de un crédito de diez millones de euros. Así lo publica hoy la sede electrónica de la administración municipal, que estipula que el plazo que tienen las entidades financieras para presentar ofertas finaliza el próximo 14 de septiembre a las 23.59 horas.
En el decreto firmado por la teniente de alcalde de Hisenda, Serveis Interns y Tecnologia, Isabel Mascaró (PSC), se indica que el plazo de amortización que quiere la corporación local es de «un mínimo de 10 años y un máximo de 15, empezando a contar a partir del 15/5/2025, cuando termina el período de carencia», según se recalca en la resolución. En el documento, se especifica que la modalidad de pago será mediante el sistema alemán, es decir, de cuota variable con amortización fija, con una cuota anual única, con vencimiento cada 15 de mayo «o el día hábil siguiente».
Asimismo, en el anuncio de licitación no se define si se apuesta por un préstamo a interés fijo o variable, si bien se indica la preferencia por «el variable en caso de ofertas equivalentes».
Ratio del 80% a final de año
El préstamo que ahora se pide es el que ya estaba contemplado en las cuentas municipales que se aprobaron el pasado mes de enero con el anterior gobierno municipal (ERC, Junts y CUP), además del apoyo de la exedil de En Comú Podem, Àngels Pérez. De hecho, en el decreto firmado por Mascaró se concreta que «el presupuesto municipal de 2023, en su anexo de inversiones, prevé la financiación de varios proyectos con préstamo que suman 10 millones de euros».
La administración local prevé finalizar este año con una deuda de 152 millones de euros
Este crédito, pues, ya está contabilizado en la senda del pago de la deuda que los técnicos municipales diseñaron para volver a poner el pasivo municipal dentro del límite legal durante este mismo mandato. Hace cuatro años, la mochila era de 176,8 millones de euros, una cifra que suponía una ratio del 102%, muy lejos del límite legal del 75% que permite endeudarse sin pedir permiso a la Generalitat de Catalunya. En ese momento, además, el Ayuntamiento se encontraba tutelado por el Estado, a raíz de un plan de ajuste económico solicitado durante la crisis económica de 2008 y del que no se ha salido hasta este año.
Desde hace tiempo, en cada ejercicio el consistorio debe invertir casi un 8% de sus cuentas –unos 15 millones– para poder hacer frente al pasivo pendiente con los bancos y pagar los intereses. A final de este 2023, la previsión es la de situar la deuda en los 152 millones –24 menos que en 2019–, lo que permitirá dejar la ratio en el 80% o, lo que es lo mismo, a las puertas de lo permitido por la legislación actual.