La coordinadora de la Sección de Menores de la Fiscalía de Tarragona destaca los casos relacionados con las redes sociales. Lo que en un principio se inicia con el envío de fotos íntimas, sirve después para realizar chantaje a la víctima. La situación puede continuar en la misma línea o subir de grado, terminando en una agresión sexual.
Éste sería el caso de un menor, que cuando ocurrieron los hechos tenía 14 años. Mediante las redes sociales ha venido contactando con jóvenes, generalmente también menores de edad, iniciando supuestas relaciones sentimentales con ellas. Les pedía que le enviasen fotografías y vídeos con imágenes de su cuerpo y explícitamente sexuales.
Una vez disponía del material, el acusado amenazaba a las víctimas con difundir dichas fotos si no consentían en mantener relaciones sexuales con él, a lo que acababan accediendo por miedo a su reacción.
El menor, durante el 2013, entró en contacto, a través de las redes sociales, con una adolescente de 12 años. A pesar de la oposición inicial de ella, consiguió que le enviase fotos de carácter sexual en las que aparecía ella. Él intentaba ganarse la confianza de la joven y establecer lazos sentimentales mientras que en otros se mostraba violento, insistente y contrariado. Le decía a la joven que si no le enviaba dicho material, la buscaría y le pegaría. La relación duró cuatro años, durante los cuales le indujo a mantener relaciones sexuales con él. Tenían lugar en el domicilio de su tía –su refugio cuando se escapaba del Centre de Protecció Terres de l’Ebre– y otras en un almacén de su hermana, en Roquetes.
El último caso es el de un joven que estaba bajo la tutela de la GeneralitatLa misma práctica utilizó con otras jóvenes. A una cuarta consiguió que le enviase algunas fotos. Pero cuando él le pidió más, ella se negó. La reacción del acusado fue divulgar entre sus conocidos las imágenes que tenía de ella.
El menor fue acusado de tres delitos contra la libertad sexual a menor de 16 años, dos continuados de agresión sexual con penetración, dos agresiones sexuales, apropiación indebida, descubrimiento y revelación de secretos y amenazas. La medida impuesta fue de dos años de internamiento en régimen cerrado, complementado con tres años de libertad vigilada con acompañamiento educativo. Y como responsabilidad civil –se declara a la Generalitat responsable civil solidario– tendrá que pagar 3.250 euros a tres de las víctimas. La sentencia del Juzgado de Menores, que tiene fecha del pasado 13 de diciembre, es firme.