En los últimos meses el personal del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes SA (Smhausa) ha trabajado a un ritmo frenético. A pesar de que las oficinas permanecieron cerradas durante el estado de alarma y de que estas no volvieron a abrir hasta el 18 de mayo, sus trabajadores tuvieron que hacer malabares para poder atender todas las solicitudes de ayudas al alquiler y hacer frente a las convocatorias que el Gobierno Central abrió explícitamente para la Covid-19. Una situación que ahora que la atención se hace vía telemática o con cita previa aún no se ha normalizado, ya que hay que seguir tramitando unas peticiones de las cuales depende la economía de cientos de familias de la ciudad.
Los expedientes de solicitudes ascienden a 2.267, 137 más que el año pasado. Un dato que incluye tanto las ayudas convencionales, como las prestaciones de urgencia, que han pasado de cincuenta a 356 en el último año. Esta cifra también incluye las 283 familias que tuvieron que justificar que habían sufrido un ERTO a causa de la pandemia sanitaria o que esta había supuesto un cese de su actividad habitual, en el caso de los autónomos.
Muchos solicitantes lamentan las dificultades para acceder a las ayudas«La pandemia ha hecho que hayamos atendido a una nueva tipología de gente que a lo mejor estaba trabajando y que no había necesitado ayuda, pero que de la noche a la mañana se quedó sin unos ingresos», indica la responsable de la Oficina Local de l’Habitatge, Alberta Sánchez.
Por otro lado, en el último año han aumentado en un 46% los casos de urgencia, en los que una familia no puede hacer frente al pago del recibo del alquiler durante unos meses, por culpa de una situación determinada. «En estos casos, lo que hacemos es liquidar la deuda directamente, para que el inquilino pueda mantener la vivienda y le dé una estabilidad», indica Sánchez.
Tramitación virtual
Cada vez que se abre una convocatoria para las ayudas al alquiler, delante de las oficinas de la calle Descalços se forma una larga cola de usuarios que busca poder presentar su solicitud a la convocatoria. Este año todo este procedimiento ha tenido que tramitarse de forma virtual, lo que ha dificultado esta parte burocrática. «Había gente mayor que tuvo muchos problemas y después la atendías por teléfono o solicitudes que te llegaban hasta treinta veces y a menudo tenías que cruzar los datos para poder rellenar todos los campos», explica Sánchez.
Uno de los casos que han atendido es el de Rosario Lagoma, una vecina de la calle Castellarnau con una pensión no contributiva que con los complementos le aporta unos ingresos de 550 euros al mes. De estos, 450 se le van para pagar el alquiler, de forma que, con los cien euros restantes, tiene que pagar las facturas y sobrevivir. Lagoma ha presentado de nuevo todos los papeles para recibir la prestación de 200 euros, que otorga la Generalitat. En diciembre sabrá si la solicitud ha sido aceptada o no. Y es que, aunque todos los indicios apuntan a que no debería tener problemas, el año pasado se la denegaron.
«Me dijeron que no me la podían dar porque tenía una propiedad en Ciudad Real que heredé cuando falleció mi madre. Es una casa que tenemos entre los siete hermanos, de la cual me corresponde un 14%», explica esta vecina del Barri del Port. Lagoma denuncia «el montón de pegas» para acceder a la prestación. «El mismo nombre ya lo indica: ayuda», apunta.
Anteriormente, Lagoma ya había recibido este dinero. Ahora, tiene que recurrir a la ayuda de los hijos para poder afrontar los gastos del día a día. «Encima después tienes que aguantar al propietario que te apriete y te diga que podría estar cobrando más de 600 euros por el piso», añade.
Una situación similar vive Ana Cabañas, madre soltera con 52 años que tiene un trabajo de media jornada en el sector de la hostelería. Tan solo el alquiler son 450 euros al mes, por lo que desde que su hijo era pequeño empezó a solicitar una prestación que el año pasado le fue denegada. «Me ha salvado un montón de veces, pero este año no me la dieron y espero que en diciembre no haya problemas de nuevo y que me la concedan porque sino...», dice.
La ayuda prácticamente representa la mitad del alquiler lo que debe permitirle vivir de una forma más desahogada ahora que su hijo ya se ha ido de casa y no cuenta con esta ayuda adicional.
De acuerdo con las bases de la convocatoria, las ayudas al alquiler van dirigidas a los inquilinos con un contrato de alquiler que no supere los 500 euros. La cantidad la establece la administración de la Generalitat en base a las estadísticas de Incasòl. «Desde 2017 solicitábamos incrementar esta cantidad, porque antes era de 450 euros y cada vez los alquileres suben más», dice la responsable de l’Oficina d’Habitatge. Finalmente, el año pasado se atendió a la demanda.
Además, los solicitantes deben justificar que tienen unos ingresos mínimos de 4.780 al año y un máximo de 22.000. De las casi dos mil solicitudes que se han tramitado, un porcentaje importante corresponde a gente mayor, de más de 65 años que vive sola y con unas pensiones muy bajas que casi se las come por entero el pago del piso. Un total de 222 personas cumplían estas características, siendo la zona de barrios como Sant Salvador, Torreforta y La Floresta algunas de las partes de la ciudad con más solicitantes.