La debacle del sector primario, en datos: «Aunque mis hijas quisieran, les diría que no se dedicasen a esto»

El sector primario en el Estado español en general y en Tarragona en particular no pasa por su mejor momento y existe un goteo de datos que lo certifican: la demarcación ha pasado de tener 32.966 explotaciones agrícolas en el año 1999 a 24.220 en 2009 y 21.348 en 2020 y la flota pesquera ha mutado de 486 embarcaciones en el 2000 a 324 en 2013 y 290 en 2023.

Los agricultores afiliados a la Seguridad Social –tanto por cuenta propia como por cuenta ajena– son 1.088 menos desde febrero de 2014 en comparación con el mismo mes de 2024. En el caso de los pescadores, también teniendo en cuenta autónomos y asalariados, son 159 menos en Tarragona en el mismo período.

Son solo algunas de las muestras de que, en los últimos veinte años y en la última década, la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura están perdiendo activos.

De todos esos datos vienen, en parte, las protestas del sector primario, que ha tomado el territorio para reclamar más apoyos por la situación actual de sequía y soluciones ante las importaciones desleales, el precio del gasóleo de uso profesional, el exceso de burocracia...

Se añade aquí la ley de la cadena alimentaria. El responsable de organización, acción sindical y comunicación de Unió de Pagesos y payés del Priorat, Carles Vicente, apunta que «el problema de la payesía son los precios».

«Esta ley no cumple las expectativas del productor y su modificación será uno de los cambios más importantes para la economía de nuestro sector». «El problema es tener que cumplir mil exigencias y aun así no poder ganarte la vida», añade.

«Debemos promover políticas de todo tipo, agrarias y no agrarias, que repercutan en los que vivimos aquí para ligar la explotación al territorio», propone. En este sentido, comenta que la clave está en parar el despoblamiento para que el tejido comercial de los pueblos pequeños se mantenga.

No hacerlo, insiste el sector primario, desincentiva a los posibles futuros trabajadores y, es más, puede provocar el retiro prematuro de los actuales.

El descenso es latente, atendiendo a los datos que publica de forma mensual el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: hace diez años, en febrero de 2014, había 9.432 agricultores afiliados –5.518 en el régimen general y 3.914 en el de autónomos– y 1.971 pescadores –1.706 por cuenta ajena y 265 por cuenta propia–.

A finales del pasado mes de febrero, la realidad era distinta: 8.344 trabajadores agrícolas –5.523 asalariados y 2.821 autónomos– y 1.812 en la pesca –1.482 por cuenta ajena y 330 por cuenta propia–. Son unas disminuciones del 12% y del 8% en campesinos y pescadores respectivamente.

También ha bajado en Tarragona la población activa del sector primario: según el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), ha pasado de 41.700 personas en el año 1977, el primero del que se tienen datos, hasta las 13.300 en 2023.

Josep y Sergi Llorach son dos hermanos de Valls que tienen veinticuatro y diecinueve años respectivamente. Ambos se iniciaron en el sector en su adolescencia, ya que les viene de familia. No obstante, afirman que la cosa está complicada: «Con lo que tiene ahora encima la payesía, todo se vuelve más difícil».

Añaden que «para los jóvenes, ahora mismo es muy complejo». Ellos son parte de esas 3.000 perspnas de dieciséis a veinticuatro años que se dedican a la agricultura en Catalunya y que suponen un 6% del total de campesinos.

Con más años de experiencia en el terreno, Jordi Aixalà, de Torroja del Priorat, recuerda que, cuando él empezó, hace ya tres décadas, «podías ganarte la vida mucho mejor».

Y es que el valor añadido bruto (VAB) –que mide la riqueza generada– de la agricultura también está cayendo. Los registros del Idescat marcan que, en 2022, el dato fue de 1.622 millones de euros en toda Catalunya, la estadística más baja desde el año 2000 –el primero con datos–.

Es un descenso del 20,5% en comparación con los resultados de 2021. Por otra parte, el avance del producto interior bruto (PIB) de 2023 indica que la disminución anual de la agricultura fue del 17,6% en territorio catalán.

Cae la riqueza porque cae también el número de explotaciones que, según el Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística (INE), es de 21.348 en Tarragona. El dato fue de 24.220 en 2009 y de 32.966 en 1999, y responde a una disminución progresiva que este censo –que se elabora cada diez años– ha ido documentando.

Vicente argumenta que «la superficie de cultivo se mantiene porque hay explotaciones que concentran más terreno... También se han añadido empresas ajenas al sector y grupos de inversión».

La situación se extrapola a la pesca. Los registros del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural apuntan que, en la última década, las embarcaciones en los puertos de la demarcación han caído un 10%.

Actualmente, de las 290 que hay activas, tres se encuentran en Calafell, 32 en Deltebre, 60 en L’Ametlla de Mar, diecisiete en L’Ampolla, dieciséis en Les Cases d’Alcanar, 93 en La Ràpita, 38 en Tarragona, cinco en Torredembarra, seis en Illa de Mar y veinte en Cambrils.

Una de esas veinte es de Jan Matamoros, proveniente de una familia de pescadores de la costa cambrilense. «Los que quedamos ahora seremos los últimos; si mis hijas quisieran dedicarse a la pesca, yo les diría que no lo hicieran», manifiesta.

Por otra parte, también denuncia que el sector debe cumplir con muchas exigencias que el producto importado no tiene: «No podemos vender el pulpo de roca si no pesa más de un quilo, pero luego me voy a un centro comercial y me encuentro envases de dos pulpos de roca que vienen de fuera y que, juntos, pesan 700 u 800 gramos».

Las capturas de la pesca marítima bajan también en todo el territorio, ya que hay menos barcas. Los primeros números de Idescat señalan que, en el 2000, Tarragona, con 17.447 toneladas, era la demarcación catalana con un peso mayor.

Diez años después, el dato ya había caído hasta las 11.036 toneladas y, en 2020, fue de 6.905. Las últimas estadísticas actualizadas exponen que, en 2023, fueron 6.669.

Son datos que no invitan al optimismo y que dejan claro que hacen falta medidas de choque para mantener vivo al sector primario.