Ocho mujeres al día son víctimas de la violencia machista en Tarragona. En el primer trimestre hubo 743 denuncias, un 8,4% más en relación con el mismo periodo del año anterior. El incremento también se percibe cuando se analiza otro indicador, el de los delitos: hubo 946, más de diez diarios, lo que supone un aumento del 25% respecto al mismo tramo de 2022 y un 20% sobre el último trimestre del año pasado. Esas subidas están entre los mayores incrementos de los últimos años.
Son los datos publicados recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que apuntan a una tendencia alcista muy generalizada. Este año está aflorando más la violencia contra la mujer en Tarragona. «Los principales indicadores de la violencia de género experimentaron en el primer trimestre de 2023 un nuevo incremento, no solo respecto del mismo trimestre de 2022 sino también en relación con los últimos tres meses de ese mismo año», expone el CGPJ. Las estadísticas anuales del año pasado ya mostraron un aumento: de 2.756 denuncias a 2.948, un 7% más.
En un 51% de casos en Tarragona, algo más de la mitad, la relación entre víctima y agresor ya estaba rota. De ese porcentaje, en un 40,4% se trataba solo de una ex y en un 10,6% había habido un matrimonio que estaba deshecho.
En el otro lado, un 41% aún mantenían una relación en marcha y en un 8% ese vínculo vigente era incluso matrimonial.
El CGPJ, a través del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género, apunta que «el número de medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas, que los juzgados de violencia sobre la mujer dictan para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, mantuvieron la tendencia al alza». Y en eso son claves los efectos de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Así, durante el primer trimestre de 2023, se adoptaron 989 medidas de este tipo, un 18,72 % más que hace un año.
¿Qué sucedió en Tarragona? El mismo ‘in crescendo’ se ha producido en la provincia, al pasar de 16 a 22 al trimestre solo en un año. Estas suspensiones eran mínimas, no solían pasar de 10 al trimestre, pero se han disparado con la nueva norma. Prueba de ello es el saldo anual: de 34 suspensiones de visitas en 2021 se pasó a prácticamente el triple el año pasado, 87. En 2019 solo fueron 21.
En ese sentido fue decisiva esa ley de protección integral a la infancia para custodiar a los hijos e hijas de las víctimas. La ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a suspender el régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección por violencia de género y existan indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido con el maltrato. Se trata, con ello, de luchar contra la violencia vicaria.
La abogada tarraconense Pilar Casas cree que «los casos han estado ahí siempre, pero ahora se habla más del tema y se denuncia más». Casas detecta una doble tendencia, además, contrapuesta: «Tengo la sensación de que las mujeres se están empoderando más para denunciar. Existe una mayor concienciación, pero a la vez hay algo en contra, porque cada vez se está frivolizando más sobre la violencia, con argumentos en contra que se ponen en el debate. Eso hace que se compre un discurso social que es el del negacionismo de la violencia».
Para la letrada, «muchos han aprovechado el error, que no lo fue tanto, de la ley del ‘solo sí es sí’, para apuntalar sus argumentos, cuando es una norma buena, para la protección de la víctima y la sensibilización, pero cogen eso para que algunos se sientan más impunes cuando cometen violencia».
Casas habla de «una reacción a los adelantos, como ya sucedió en 2004, con la Ley de Violencia de Género, que iba por delante de la sensibilidad social». «Es algo que pasa con todos los avances, con todos los progresos, que luego vienen seguidos de una reacción que empieza a ganar espacio».
El abogado Hèctor Cabré, especializado en violencia de género, cree que «los aumentos son normales desde el momento en que en el sistema se crea una estructura específica para defender los casos de violencia machista, así que es natural que vayan aflorando». Cabré zanja todo el debate y apunta a que «el colectivo al que matan y hieren es al de las mujeres, no al de los hombres» pero sugiere: «La protección legal a la mujer es indispensable pero a veces el sistema judicial no puede resolverlo todo. Creo que hay un exceso de legislación, se judicializa demasiado y habría aspectos que se deberían resolver por ejemplo desde un punto de vista terapéutico. Es una cuestión de equilibrios».
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, observa cómo los datos del primer trimestre del año muestran una vez más un incremento, muy similar en términos porcentuales al registrado en el cierre del pasado año, tanto en el número de víctimas como en el de denuncias.
Se denuncia más
El aumento del número de víctimas y de denuncias tiene, como siempre, una doble lectura: de un lado es un dato positivo porque muestra que las víctimas no se callan, denuncian, pero, por otro, significa que la violencia de género sigue haciendo daño. Carmona insiste en la enorme importancia de la denuncia, que es también la única forma de no dejar impune la comisión de estos delitos.
«La denuncia pone en marcha la maquinaria de la justicia, que actúa con absoluto respeto de las garantías procesales de todas las partes y es la única vía de castigar al agresor cuando, tras la celebración de un juicio justo, se demuestra la veracidad de los hechos denunciados», asegura Carmona.
En Tarragona, de las 743 denuncias, 557 fueron presentadas por las propias víctimas. Es casi el 75%, una cifra muy superior a la de las efectuadas por el entorno de la víctima. Se trata de un dato elevado que el Observatorio aplaude, pues derriba los miedos de la víctima a dar el paso y denunciar al agresor. Solo en un 15% de los casos la denuncia fue vehiculada a través de atestados policiales y no llegan ni al 1% las situaciones en las que fue un familiar quien empezó ese proceso judicial.
Otra vertiente importante son las órdenes de protección. Son medidas que piden muchas víctimas de violencia machista para evitar que el agresor pueda tener interacción una vez ha sido denunciado. En Tarragona, durante este primer trimestre, hubo 178 peticiones, prácticamente dos al día. Es un dato superior al del año pasado (173). De esas 178, un total de 59 fueron denegadas, el 33%.