Dieciséis meses después de las inundaciones del día de Santa Tecla, la Diputació de Tarragona ha reconocido que las obras de ampliación de la carretera de El Catllar incrementaron los daños en cuatro viviendas de la urbanización Parc Llevant.
No obstante, este organismo no se hace responsable de la totalidad de las afectaciones y apunta a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) como principal causante.
«En la resolución que hemos hecho manifestamos que consideramos que hubo un incremento de los daños, que se habría producido por las obras que se estaban haciendo, y este incremento lo cuantificamos en un 30%», afirman fuentes de la Diputació.
El ente supramunicipal atribuye el otro 70% a la Agència Catalana de l’Aigua, que es la titular de la riera, la cual considera que no estaba en sus debidas condiciones. Previamente esta ya había resuelto que no tenía ninguna responsabilidad en los hechos, por lo que el organismo que preside Noemí Llauradó ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la empresa pública que preside Samuel Reyes.
La resolución de la administración del Passeig de Sant Antoni llega después que el pasado mes de diciembre la Comissió Jurídica Assessora emitió un dictamen que reforzaba la tesis que desde el primer momento han defendido las familias afectadas, que es que el desvío de la carretera generó un efecto presa, que hizo que el agua quedara embalsada debajo del puente del Mas de la Creu.
Esta situación acabó provocando un efecto retorno del agua acumulada que llegó a las cuatro viviendas, generando importantes daños.
En su informe, esta comisión apunta que la causa de este «taponamiento» de la ruta de salida del agua fue a raíz del cambio en el desvío provisional de la TP-2039, que se efectuó 1,60 metros más arriba de lo que recogía el proyecto aprobado por la ACA. Por tanto, únicamente se apuntaba a la Diputació.
No hay un acuerdo sobre la valoración de la responsabilidad patrimonial
«Desde un punto de vista técnico es positivo, porque por primera vez reconocen una responsabilidad en los daños, pero sorprende que tan solo asuman una parte de estos, cuando las pruebas que constan en el expediente que hizo que un organismo imparcial y autónomo como la Comissió Jurídico Assessora emitiera su dictamen dicen todo lo contrario, que es que la Diputació construyó el vial sin el permiso de la ACA», expone el abogado de la acusación, Lluís Pau Gratacòs.
No obstante, lo que ha generado más disconformidad entre las familias es la valoración de la responsabilidad patrimonial que se hace. Esta cifra en 33.691,04 euros el total de los daños, una cantidad muy por debajo de la que reclaman los afectados, que sitúan esta suma en 640.005,88 euros.
Asimismo, el abogado de las familias denuncia que quien asumirá principalmente los costes es la compañía de seguros, por lo que «la única aportación de las arcas públicas será ni más ni menos de 600 euros», lo que considera «vergonzoso».
«Se equivocan, hacen las cosas mal, generando unos daños con unas afectaciones para cuatro familias a las que no dicen nada, porque han dilatado el proceso durante un año y medio, y al final se van de rositas pagando una suma que es ridícula», expone.
El abogado considera que la situación muestra un «desprecio» que ataca la «honorabilidad» de las familias, por lo que sigue adelante la vía judicial que abrió en primavera de 2023, cuanto acudió al juzgado de lo contencioso-administrativo. Asimismo, Lluís Pau Gratacòs avanza que los afectados se suman a la defensa de la ACA por el contencioso que ha interpuesto la Diputació. «Nos ponemos a su lado, ya que siempre han hecho lo que han podido», expone.
Por su parte, la ACA informa de que tiene constancia de que se ha presentado este recurso, no obstante, afirma no quiere hacer valoraciones sobre un expediente judicial que todavía está abierto.
