El documento que la Agència Catalana de l‘Aigua (ACA) actualiza con carácter mensual y que, con datos proporcionados por los ayuntamientos, indica el consumo de agua de cada municipio, apunta que 18 de las 95 localidades –un 20%, que representan un 12,27% de la población– de la demarcación de Tarragona con restricciones por la actual sequía estarían, supuestamente, gastando más agua de la permitida. Supuestamente, porque la propia Agència expone que existen matices y que algunas de las estadísticas podrían no corresponderse al 100% con la realidad.
«Tenemos una granja agropecuaria con miles de animales que han de beber agua cada día», Marc Bigordà, alcalde de Els Garidells
Con los últimos datos en la mano, correspondientes al pasado mes de septiembre, los 18 municipios que se habrían pasado de la raya a lo largo del mes de agosto son La Bisbal del Penedès, Bonastre, Cabra del Camp, La Pobla de Montornès, Salomó, Santa Coloma de Queralt, Vespella de Gaià, Alcanar, l’Ametlla de Mar, Castellvell del Camp, Els Garidells, El Perelló, El Pla de Santa Maria, Salou, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant y Pratdip.
Hay otros de los cuales no constan datos del mes de agosto, pero que supuestamente incumplieron las restricciones en el último mes del que hay registros de consumo. Es el caso de El Montmell, Nulles, Querol, Vilabella, Botarell y Figuerola del Camp.
«Por diversos motivos, puede haber casos de consumos más altos de lo que el municipio considera», Agència Catalana de l’Aigua
¿Por qué motivo hay matices en las estadísticas? Fuentes de la ACA explican que las restricciones de dotación que se contabilizan en su informe son las que se aplican al agua que se destina al uso urbano, que es el que tienen los hogares y las actividades económicas y del consistorio.
No obstante, es posible que algunos municipios que tengan un gran consumo ganadero, industrial, agrícola o recreativo no los separen cuando contabilizan las estadísticas y, en consecuencia, se dé como gasto de uso urbano el que en realidad es el gasto total. «Puede haber casos de consumos que sean más elevados de lo que el municipio considera», remarcan desde la ACA. «Estamos en contacto directo con las instituciones en las que pueda haber una casuística de este tipo», añaden.
Un caso es el de la localidad de Els Garidells, en el Alt Camp. Su alcalde, Marc Bigordà, argumenta que «en el pueblo hay una granja agropecuaria que suministra agua a muchos animales cada día; además, también hay una industria y los datos que se envían son globales, no solo de consumo urbano».
Otro de los factores que puede provocar este desajuste es la población, ya que la unidad que se utiliza en los balances es la de litro por habitante y por día. «La población censada en un municipio puede variar entre un mes de enero y un mes de junio», concretan fuentes de la Agència. Se da en casos de localidades turísticas, que, en verano, aumentan su consumo porque hay más personas residiendo allí, y que tienen que adaptar sus datos de población para que el gasto que tienen por habitante y día no se dispare.
«Estamos estudiando si se producen fugas», Josep Sabaté, alcalde de Castellvell del Camp
En el Camp de Tarragona, existen actualmente cinco unidades de explotación: Anoia-Gaià, el aqüifer plioquaternari de Tarragona, Prades-Llaberia, el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) y el embalse Siurana-Riudecanyes. En el Anoia Gaià, que está en estado de excepcionalidad y cuyo máximo consumo permitido es de 230 litros por habitante y día, el 36,8% de municipios incumplen, supuestamente, del 52,6% no hay datos y el 10,5% cumplen.
Por otro lado, el aqüifer plioquaternari de Tarragona está en estado de normalidad y no tiene que cumplir ninguna restricción. El CAT está en alerta y tiene un consumo urbano de 250 litros por habitante y día como máximo: el 19,2% gasta más, del 32,7% no hay datos y el 48% cumple.
El Siurana-Riudecanyes, por su parte, está en estado de emergencia –el más grave–, pero ninguno de sus municipios incumple. En el caso de la unidad Prades-Llaberia, en excepcionalidad, solo hay un municipio que incumpla, el 36,3% cumple y del 59% no existen datos.
«Tenemos fugas que están reparándose; hemos invertido para mejorar la red», Josep Silvestre, concejal de Obras i Serveis del Ayuntamiento del Pla de Santa Maria
El alcalde de Botarell, Lluís Escoda, explica al Diari que los datos que aparecen en el documento sobre el municipio no se corresponden con los que maneja el consistorio: «Son irreales, no sé qué tipo de desajuste ha podido producirse, pero, ahora mismo, estamos en una media de 120 litros por habitante y día, según los números en tiempo real de nuestros contadores, que indican que nuestra eficiencia es del 88%».
Botarell es una localidad pequeña del Baix Camp que, hace unos meses, renovó su infraestructura de control del gasto. En agosto, tuvo que comprar cisternas por la escasa entrada de agua: «Es muy importante ayudar a los pueblos pequeños a paliar las consecuencias de la sequía», expone Escoda.
Por el momento, la ACA no ha multado a ninguna localidad: «Están enviándose requerimientos tanto a municipios como a empresas que, con los últimos datos de consumo, superaban el límite», apuntan. Este primer aviso insta a los ayuntamientos a reducir el consumo y, si no es posible, a analizar las causas. También incluye una propuesta de sanción en caso de que sigan incumpliéndose las restricciones en los sucesivos registros. La Generalitat ya ha enviado dichos avisos a 170 municipios y 41 industrias de toda Catalunya.
¿Por qué se incumple?
No puede establecerse un único motivo que explique por qué un pueblo o ciudad está gastando más agua de la que tendría que utilizar. Los casos son muy diversos y depende de cada lugar. La mayor parte son localidades pequeñas, por ello es mayor el porcentaje de municipios que la población que representan. El director de la Agència, Samuel Reyes, ya advirtió de que un motivo del incremento de consumo podrían ser las fugas. Bigordà remarca que «en Els Garidells, se pierde alrededor de un 30% del agua».
«Tenemos que aportar más agua para que así reúna las condiciones necesarias para el consumo humano», Ayuntamiento de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Además, si estas localidades tienen urbanizaciones y piscinas, puede suceder que, si la red es antigua, se pierdan grandes cantidades. Es lo que sucede en municipios como Castellvell del Camp, que combina ambas problemáticas: tiene muchos quilómetros de tuberías y el consistorio está estudiando si hay alguna fuga. Su alcalde, Josep Sabaté, expone que en el municipio hay siete urbanizaciones con jardines y piscinas y que, pese a que han ido llevándose a cabo campañas de concienciación, el Ayuntamiento no dispone de un cuerpo policial para controlarlo. En una situación similar se encuentra el Pla de Santa Maria: hay fugas de agua que están reparándose. El primer teniente de alcalde y concejal de Obras i Serveis, Josep Silvestre, explica que el ejecutivo ha invertido unos 900.000 euros en los últimos tiempos para mejorar la calidad de la red. De igual forma, el alcalde de Santa Coloma de Queralt, Josep Corsellas, argumenta que, a pesar de que la ciudadanía se ha comportado, «la red es muy antigua, arreglas una fuga y te sale otra».
«Nuestra red es muy antigua, arreglas una fuga y enseguida te aparece otra», Josep Corsellas, alcalde de Santa Coloma de Queralt
En el caso de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, el consistorio apunta que «debido a la sequía, el nivel de los pozos municipales es bajo y la calidad del agua se ve afectada; por este motivo, es necesario aportar más agua del CAT a los depósitos para que reúna las condiciones necesarias para el consumo humano».
«Hay que tener en cuenta también que durante la temporada estival, la población del municipio se triplica y, por tanto, el consumo se incrementa», añaden. El Ayuntamiento ha iniciado varias acciones para reducirlo, como la sustitución de las duchas de las playas por lavapiés, además de las propias medidas dictadas por la ACA, como el cierre de casi todas las fuentes, la reducción de la presión del agua o la limitación del riego de zonas verdes.
En cualquier caso, los motivos que llevan a un municipio a consumir más de lo previsto no responden, generalmente, a una voluntad manifiesta, sino a la imposibilidad de ejercer un control o a una infraestructura antigua.