Casi 48 horas después de la grave explosión que tuvo lugar en el sector químico de Tarragona, una comisión judicial ha registrado este jueves las oficinas de IQOXE, la empresa donde se originó el suceso, y las de PlastiVerd, otra empresa que forma parte del mismo grupo. Se trata de una acción judicial simultánea en estas dos sedes administrativas del Grupo Cristian Lay, localizadas en el mismo polígono sur de las químicas de Tarragona y en El Prat de Llobregat (Barcelona) respectivamente. La comisión, a cargo del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona, ha contado con un secretario judicial y varios agentes de la Unidad de Homicidios de Mossos d'Esquadra.
Los registros han empezado alrededor de las 17:00 horas y los agentes buscaban, principalmente, documentación que pudiese resultar útil a la investigación, como posibles sanciones en anteriores inspecciones. Al cierre de esta edición y según fuentes cercanas a la investigación, estaba previsto que la operación se cerrase a altas horas de la madrugada.
La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, pero, según ha podido saber el Diari, el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona también ha empezado a practicar los primeros interrogatorios a los testigos de la grave explosión que durante varias horas tuvo en vilo a todos los municipios cercanos a la planta de producción de óxido de etileno. Los testigos interrogados son, básicamente, los empleados de la empresa y otras personas que se encontraban cerca del lugar en el momento de la explosión.
Estas son las primeras diligencias ordenadas por el juzgado a raíz de la explosión que, de momento, ha causado ya tres muertes (dos empleados y un vecino) y varios heridos, algunos de gravedad, pero por ahora no existe aún concreción sobre qué delitos se estarían investigando en la causa. Entre los mismos, podrían figurar delitos contra el medio ambiente, contra la seguridad en el trabajo, de lesiones y de homicidio por imprudencia.
El día de la explosión, el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona ya encabezó la comisión en las tareas de levantamiento de los cadáveres en el piso de Torreforta donde impactó un proyectil y en la misma planta afectada.
Cabe tener en cuenta que desde el año 2015 y a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, las personas jurídicas, y no solo las físicas, pueden ser declaradas responsables de delitos penales, lo que significa que la empresa donde se originó la explosión también puede ser investigada en el ámbito penal por estos hechos.