La situación socioeconómica que ha dejado la crisis derivada de la pandemia está haciendo estragos en muchas familias de la demarcación de Tarragona. Actualmente, 21.522 hogares (casi un 7% del total) se benefician del bono social eléctrico, un descuento en la factura que viene aplicándose desde 2009, pese a que ha ido mutando. El dato de beneficiarios se ha incrementado un 13% desde principios de año, un 31,1% desde 2021 y un 57,2% desde antes del inicio de la pandemia.
No obstante, durante 2018, había alrededor de 40.000 personas que se beneficiaban de dicha ayuda, un 46% menos de los que la reciben en la actualidad. El motivo yace en un cambio de requisitos que hubo en diciembre de 2018: antes, se concedía a colectivos determinados que, en principio, sufrían para hacer frente al pago de la luz: personas jubiladas, paradas y con una potencia contratada limitada. Después del cambio, debió acreditarse un tope de ingresos para poder acogerse.
A raíz de la crisis pandémica y de la escalada de precios registrada en el mercado mayorista, el ejecutivo incluyó algunos cambios y aumentó los porcentajes de la ayuda. Hasta el 31 de diciembre de este año, los descuentos aplicables son del 65% para el catalogado como consumidor vulnerable y del 80% para el vulnerable severo.
En Tarragona, de los 21.522 hogares que reciben la prestación, 9.171 (un 42,6%) son vulnerables y 12.035 (un 55,9%) son vulnerables severos. El resto están o en riesgo de exclusión social o particularmente afectados por la crisis energética.
«La desigualdad ha aumentado por la subida de los precios», Dunia Ortuño, responsable del Departamento de Inclusión Social de Creu Roja en Tarragona
Para poder tener el descuento, deben acreditarse, en función de los integrantes de la unidad familiar, rentas inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Otras opciones son estar en posesión del título de familia numerosa (independientemente de la renta, algo que ha provocado polémica, pero que el Gobierno ha dicho que modificará), ser pensionista con pensión mínima o ser beneficiario del ingreso mínimo vital. En todo caso, los hogares deben estar acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), es decir, a la tarifa regulada.
Las familias a las que se les otorga el bono por sus bajos ingresos son 12.141. Por otra parte, 8.214 la perciben por ser familias numerosas, 726 son pensionistas con pensión mínima, 126 por recibir el ingreso mínimo vital y 315 por la afectación de la crisis energética.
«Hay que facilitar el acceso a las prestaciones», Andrea Vides, sección territorial del Camp de Tarragona de la Aliança contra la Pobresa Energètica
Al margen del bono social eléctrico, existe el bono social térmico, un programa de ayudas creado en 2018 para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente. Lo reciben todos los perceptores del bono social eléctrico y también consiste en diferentes cuantías en función de cada hogar.
El Estado también ofrece el bono eléctrico de justicia energética, cuyo funcionamiento es igual a la ayuda de toda la vida, pese a que los umbrales de renta son menos firmes y, en consecuencia, el descuento es menor: un 40%. Otra de las diferencias es que los hogares que lo reciben no perciben el térmico.
No obstante, este tipo de ayudas no reflejan al 100% todos los domicilios que tienen problemas para enfrentarse a las facturas energéticas, ya que muchos no conocen estas prestaciones o no saben cómo solicitarlas. Un informe de la Aliança contra la Pobresa Energètica expone que «más de 6.500 hogares vulnerables en Catalunya no han cobrado el bono social térmico pese a tener derecho». Es casi un 7% de los beneficiarios totales en 2021. Esto provocó que, de los 26.312.736,49 euros de la ayuda, 1.799.559,73 no pudieran ingresarse a domicilios porque no habían facilitado datos bancarios.
«Los hogares con problemas son muchos más de los que piden ayudas», Emma Pérez, delegada territorial en Tarragona del Col·legi Oficial de Treball Social
En cuanto al bono social eléctrico, el desfase se observa en que lo recibe un 7% del total de hogares de Tarragona, pero, por otra parte, un 19,9% de domicilios asegura tener problemas para mantener la vivienda con una temperatura adecuada: son unos 65.000. «Nosotros tenemos conocimiento de que hay muchas más familias que no saben cómo pueden tramitar la ayuda», afirma la delegada territorial en Tarragona del Col·legi Oficial de Treball Social, Emma Pérez. «En realidad, el número de hogares que sufre pobreza energética es mucho mayor», añade. La brecha digital es una de las causas, según el TSCAT.
Desde la sección territorial del Camp de Tarragona de Aliança contra la Pobresa Energètica, Andrea Vides apunta que «hay que facilitar el acceso a las ayudas de las familias en situación de vulnerabilidad; en Catalunya existe la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética: dicha norma, impulsada por la Aliança, el Observatori DESC y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), prohíbe los cortes de suministro a familias identificadas como vulnerables».
Generalitat y Endesa llegaron a un acuerdo para condonar la deuda a domicilios en riesgo
A partir de 2021, Generalitat y Endesa llegaron a un acuerdo a través del cual se condonó la deuda de las familias acumulada desde el año 2015 hasta el 2020. Posteriormente, la empresa se comprometía a cubrir el 50% del coste que se generase de 2021 en adelante.
Más desigualdad social
«La inflación ha provocado que aumente la desigualdad; mucha gente se quedó en el paro durante la pandemia y está sufriendo para recuperarse», explica la responsable del Departament d’Inclusió Social de la Creu Roja en Tarragona, Dunia Ortuño.
Por su parte, Laura Presicce, profesora de Dret Administratiu en la URV e investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona, remarca que «hay hogares que igual no son beneficiarios del bono social, pero que tienen que reducir su compra un 20% para pagar las facturas».
«Cuando hay familias numerosas, con niños o monoparentales, todo se torna más complejo; este invierno ha sido muy duro», añade Ortuño. Por su parte, Pérez asegura que «las personas migrantes suelen tener más dificultades burocráticas».
Vides comenta que «el perfil de personas que se ven afectadas por la pobreza energética se ha ampliado, pero es una problemática que afecta mayormente a mujeres, a familias con menores a cargo, monomarentales, a personas migradas y a gente mayor». Pérez coincide: «Las familias numerosas lo sufren porque su consumo es mucho mayor, y también notamos que las personas mayores salen especialmente perjudicadas».
«El cambio climático acentuará el peligro de sufrir pobreza energética», Laura Presicce, profesora del área de Dret Administratiu de la URV
Desde hace años, Creu Roja trabaja en el proyecto ‘Movent-nos per l’estalvi domèstic’, cuyo objetivo es informar, acompañar y asesorar a los hogares para garantizar su eficiencia energética. Ortuño cuenta que «hay muchas familias que no son capaces de entender la factura». «Repartimos material que pueda servir para ahorrar y mejorar en el ámbito de la energía», añade. Cuando los usuarios son vulnerables, también efectúan ayudas en el pago de las facturas o compra de electrodomésticos más eficientes.
Pérez incide en los ancianos que viven solos: «La soledad no querida provoca que haya personas que no quieran salir de casa». Presicce añade el cambio climático como factor a tener en cuenta: «Habrá zonas que seguirán teniendo frío en invierno, pero, en verano, necesitarán sí o sí enfriar su domicilio». También apuesta por el hecho que «se empodere a las familias para que sus hogares puedan ser más eficientes y se fomente el autoconsumo para acabar pagando menos».
La pandemia primero y la guerra después causaron que la pobreza social se disparara. Las ayudas están paliando ligeramente la situación, aunque no todas las familias disponen de medios para acceder a ellas.