Aunque ahora se multiplican por las redes sociales, lo cierto es que los bulos sobre las supuestas ayudas y prestaciones de las que solo gozan los inmigrantes no son nuevos. Josep Miquel Beltran, gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona, IMSST, relata cómo en la anterior crisis, en 2009, corrió la noticia de que Servicios Sociales regalaba las sillitas de bebé a las familias inmigrantes. El rumor llegó incluso a sus familiares en Francia. «A las personas que me lo explicaban les reté a que me trajeran al menos una familia, una factura... No apareció nadie, por supuesto, pero el mensaje quedó», relata.
Es por ello que, con datos en la mano, intentamos explicar cuánto hay de cierto y cuánto hay de bulo en algunos de los mensajes que con más frecuencia se vierten sobre los inmigrantes.
1- Copan las ayudas municipales
Uno de los mensajes generalizados es que las personas inmigrantes son las destinatarias de la mayor parte de las ayudas que se tramitan desde Servicios Sociales.En el caso de Tarragona, igual que ocurre con cualquier otra administración, lo primero que hay que saber es que, por ley, es imprescindible contar con una situación legal regularizada para optar a cualquier ayuda.
Esto plantea un problema enorme, acota Beltran, en el caso de los solicitantes de asilo, cuyo proceso se ha alargado con la pandemia y todavía no tienen papeles, o con los jóvenes extutelados que han llegado a la mayoría de edad sin arreglar su situación.
Los requisitos para recibir una ayuda puntual de urgencia de las que se tramitan desde el IMSST implican, además, demostrar que se tiene al menos un año mínimo de empadronamiento en la ciudad, o seis meses si se presenta un informe técnico que justifique la excepcionalidad.
Y, en todo caso, lo que no existe es ninguna ayuda específica para inmigrantes. Los criterios que se emplean tienen que ver con la situación económica, familiar o de vivienda, no con la nacionalidad.
Tampoco es cierto que copen las ayudas que se entregan. En el año pasado, que fue excepcionalmente complicado, el 66% de las ayudas de urgencia del IMSST fueron para personas de nacionalidad española y el 33%, para extranjeras.
Es cierto que la proporción de personas extranjeras que reciben ayudas es mayor que el peso que tienen dentro de la población general (son 17,4% de los empadronados en la ciudad), pero también es verdad que las personas extranjeras presentan tasas de pobreza mucho mayores. Según la encuesta de condiciones de vida del INE de 2019, el riesgo de pobreza entre las personas de nacionalidad española es del 21,7%, mientras que para las personas extranjeras es del 46,2% si son nacidas en la UE, y del 54,2% si son nacidas fuera de la UE.
Todos los datos que se presentan ante Servicios Sociales deben ser fidedignos, porque si no la ayuda se suspende de manera automática. Es necesario, además, contar con un plan de intervención. «El objetivo siempre es que la persona sea autónoma», aclara Bertrán.
2-Viven de las pagas
Valga aclarar, además, que en lo que se refiere a la Renda garantida de Ciutadania de la Generalitat también hay requisitos que condicionan las ayudas a personas extranjeras. Además de estar legalmente en el país, deben tener residencia demostrable en Catalunya al menos dos años.
A propósito de la reciente circulación de un vídeo que vertía diferentes mensajes falsos como que «en Catalunya la comunidad islámica procedente de Marruecos vive en un 80% de ayudas sociales» y que 7.000 de esas personas ni siquiera viven en España, sino en Marruecos, a donde se les envía el dinero, el portal de verificación Maldita.es se encargó de contrastar la información. Desde el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies señalan que actualmente «un 70% de los beneficiarios de la RGC son de nacionalidad española». Además, las personas que la perciben «deben mantenerse inscritos en el Servicio Público de Empleo y no rechazar una oferta de trabajo adecuada» y «residir de manera continuada y efectiva en Catalunya». Por lo tanto, no se permite percibir esta ayuda desde Marruecos.
En el caso del Ingreso Mínmo Vital, que otorga el Estado, las condiciones de acceso también especifican que las personas beneficiarias «deben tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud».
3- Las entidades les ayudan más
Pero la suspicacia sobre un trato preferente a las personas inmigrantes no se ciñe a las administraciones, sino que salpica también a las entidades sociales.
Pilar Ribas, del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas, cuenta que, aunque no siempre se los dicen directamente, de vez en cuando se escuchan mensajes del tipo: «Si llevara un pañuelo en la cabeza ya me habrían ayudado a...». Por eso invita a quienes tengan dudas a aclararlas. «Nos pueden preguntar todo lo que quieran, no vamos a hacer un tabú de esto».
Deja claro, de entrada, que los criterios para saber a quién se dedican las ayudas son siempre técnicos y se basan en la renta de las personas y en su situación familiar. «Decidimos en función de la gravedad de la situación». En el caso de las ayudas de alimentación que entregan las Cáritas parroquiales, por ejemplo, es Serveis Socials el que se encarga de hacer la valoración de las personas.
Según los datos de la memoria de Cáritas Diocesana de Tarragona en 2019 (última disponible), el 39% de las personas que atendieron eran españolas; el 28%, de Marruecos; el 25%, de América Latina; el 5%, del resto de Europa; el 3%, de África, y el 1%, de Asia. En este caso los extranjeros sí son mayoría.
Una de las razones, señala Ribas, es que a entidades como Cáritas llegan personas inmigrantes con necesidades apremiantes que, por sus circunstancias, no pueden acceder a ningún tipo de ayudas públicas. «Y tampoco tienen opciones de salir de esa situación porque si no tienen papeles tampoco tienen acceso al sistema educativo o laboral. Es como si no existieran».
También señala que las personas autóctonas que están pasando por dificultades tienen un camino más largo hasta ir a solicitar ayuda, porque pueden tener familia que les apoye e, incluso, pueden tener más prejuicios, mientras que a las personas inmigrantes «no les queda otra».
Creen además, que falta mucha información sobre los servicios de las distintas administraciones. Por eso, siempre insisten a quienes tocan a su puerta para que vayan a Serveis Socials. «Cuando no sabes dónde ir es más fácil echarle la culpa a otro», señala.
El discurso de que los inmigrantes quitan las ayudas a los españoles ha calado de tal forma que recientemente en un grupo de Facebook de un barrio de Ponent una persona anunciaba que estaba entregando «donaciones voluntarias a familias ESPAÑOLAS necesitadas en TGN».
No obstante, también hay otras experiencias, como las de las entidades de inmigrantes de la ciudad, que desde que comenzó la pandemia han estado ayudando a personas necesitadas independientemente de su origen. Para ello se han coordinado con la conselleria de Nova Ciutadanía y con las asociaciones de vecinos.
4-Quitan trabajo a los españoles
Los datos oficiales contradicen el mito de que los extranjeros roban el trabajo a los españoles. Según los que recoge el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en marzo de este año había dadas de alta 301.300 personas en la provincia de Tarragona. De ellas 42.535 eran extranjeras, lo que supone que los extranjeros ocupan un 14,1% de los empleos.
Eso sí, hay que tener en cuenta que estos datos no hablan del trabajo ‘en negro’, que, alertan los sindicatos, se ha incrementado en los últimos años.
5-Colapsan la sanidad
Los estudios desmienten la percepción de que las personas extranjeras colapsan la sanidad. En el congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Semfyc, de 2019 se presentó un estudio entre todos los usuarios del sistema de salud en Aragón. Los investigadores encontraron que los inmigrantes en situación irregular realizan un menor uso del sistema sanitario y tienen menos gasto en farmacia que los inmigrantes en situación regular y estos, a su vez, menos que las personas nativas.
También vale la pena aclarar otro mensaje, que no hay medicamentos gratis para las personas inmigrantes por el hecho de serlo; las aportaciones a los medicamentos se fijan según la renta de los usuarios. Además, según el Real Decreto 7/2018, los inmigrantes irregulares deben pagar el 40% del coste de los medicamentos.
Mensaje preocupante
Carla Aguilar Cunill, concejal de Serveis Socials, quien tiene un máster en migraciones y mediación social, reconoce su preocupación por la forma como se han extendido los mensajes contra los inmigrantes. Cree que hay que hacer un esfuerzo por desmontar el discurso de que hay que ‘competir’ por las ayudas. Al menos en el caso de las ayudas de urgencia municipales, explica, el año pasado se fueron aumentando a medida que avanzaba la pandemia y crecían las necesidades.
Recordó, además, que la población de Tarragona, igual que sucede en su entorno, es una población envejecida que necesitará un recambio no solo para garantizar las jubilaciones, sino para ejercer trabajos de cuidados y eso, con los bajos niveles de natalidad que tenemos, solo será posible con la llegada de inmigrantes.
