Hace más de un año que el personal del CAP La Granja-Torreforta empezó a reclamar una cobertura de vigilancia en el centro las 24 horas del día. Se creó una comisión de seguridad, formada por Mossos, Guàrdia Urbana, la dirección del CAP, representantes del Institut Català de la Salut (ICS) y sindicatos.
Según el sindicato USITAC, en la segunda reunión, celebrada en diciembre, «se llegó al acuerdo de que era necesario un vigilante que estuviera activo durante todo el día», ya que, actualmente, tan solo están los miércoles por la mañana, los viernes por la tarde –un refuerzo que se añadió a raíz de los conflictos por las manifestaciones vecinales que reclamaban un mejor servicio sanitario– y cada noche desde las ocho.
«Cuando conseguimos el acta de la segunda comisión, vimos que estaba incompleta, puesto que no aparecían nuestras declaraciones ni el consenso final, cuando sí que se llegó a un acuerdo», explica Isabel Barco, delegada de USITAC. El sindicato indica que, hace dos meses, enviaron algunas enmiendas para anexarlas al acta de la reunión, en la que aseguran que un miembro de los cuerpos de seguridad habría recomendado contar con personal de seguridad durante la totalidad de la jornada.
Desde el ICS, confirman que se propuso al sindicato que redactara un escrito para incluirlo en el acta y que, «en la comisión, dos miembros recomendaron incorporar un guardia las 24 horas; pero fue una recomendación, no un acuerdo». «La comisión técnica está valorando, con criterios objetivables, la necesidad de este refuerzo permanente, y esto sigue unos parámetros, acordes al Pla Director de Seguretat del ICS Camp de Tarragona, a partir de los cuales se actuará», añaden. La seguridad contempla diferentes aspectos que, según el ICS, se valoran en función del entorno, la vulnerabilidad, el histórico de incidentes y las horas de servicio, entre otros aspectos, de cada centro.
«Hay diferentes componentes que permiten garantizar la seguridad: las puertas, la iluminación y los accesos, los recursos humanos, los sistemas de seguridad y organización, los protocolos... variables que determinan el nivel de riesgo», comentan desde el ICS. «La radiografía de cada centro permite dictar las pautas de actuación y medidas a implantar», añaden.
Tanto el personal del centro como el sindicato denuncian la demora del proceso: «Si ya hay una empresa de seguridad es porque hay un riesgo, ¿por qué este riesgo no está cubierto al 100%?», opina Barco. «Es cierto que hay cámaras, pero lo que puede hacer una cámara es grabar una situación, no evitarla», apunta Antònia Bravo, delegada de salud laboral de USITAC. «Estamos de acuerdo en que se hagan cursos al personal y en que se ponga un control numérico para el acceso a la zona de administrativos, pero es que los médicos están arriba y no tienen controles de acceso», añade.
Las agresiones no cesan
Antes de que se creara la comisión, algunos profesionales del centro denunciaron agresiones: «Los incidentes se han repetido durante estos meses: a una trabajadora le lanzaron una grapadora, a otra la cogieron del cuello...», comenta Barco. «Es como si trabajas en la obra y solo te dan casco tres días a la semana», añade.
El Diari ha hablado con cerca de una decena de trabajadores del centro, quienes confirman el aumento de los conflictos: «Han llegado a decirnos que nos esperaban fuera, que volverían con una pistola; una vez hasta se coló una persona adicta, tuvo que venir la policía y perseguirla por todo el centro», narran. «Al final, no vienes con la misma actitud a trabajar, te afecta mucho psicológicamente y ya hay algunas bajas por ansiedad», añaden. Indican que el sábado es uno de los días más problemáticos, ya que solo hay una persona administrativa trabajando de guardia.
El personal de seguridad corrobora los hechos: «Cuando estábamos de noche, desconocíamos las situaciones que se daban durante el día, pero, cuando nos incorporamos los miércoles por la mañana y los viernes por la tarde, percibimos un aumento de la violencia verbal».
En el momento en el que se produce alguna agresión, la Unitat Bàsica de Prevenció (UBP) del ICS, encargada de velar por la seguridad laboral de los trabajadores, es quien recibe la notificación. Sin embargo, el personal explica que no todos los conflictos que se producen derivan necesariamente en una comunicación a la UBP.
Según los trabajadores, cuando sucede algo grave, «generalmente, se llama a los Mossos», quienes declaran haber acudido «en diversas ocasiones» a las inmediaciones del centro. Por su parte, la Guàrdia Urbana confirma que asistió a la comisión de seguridad e informa que, en un año, han tenido que actuar tres veces en el CAP: «No hemos observado ninguna incidencia reiterada», exponen.
Las agresiones a profesionales no paran de crecer en el país y en la demarcación de Tarragona. Durante el año 2022, se produjeron 196, un 35% más que en 2021, cuando fueron 145, según los datos del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT). La atención primaria, tal como reflejan los datos, es la más castigada, con más de 90 agresiones.
A punto de iniciarse los trabajos de fundamentación
Durante este mismo mes, darán comienzo los trabajos de ampliación del edificio. Según las previsiones, a lo largo del mes de junio, deberán iniciarse las tareas de fundamentación. El siguiente paso, que consistirá en levantar la estructura de la nueva construcción, se realizará ya durante el mes de agosto. Se espera que, a finales de diciembre, finalicen las obras.
Según declaraciones del conseller de Salut, Manel Balcells, el pasado noviembre, la ampliación del CAP Torreforta, que permitiría ganar más de 2.000 metros cuadrados, no iba a comportar un incremento del personal, a priori, aunque es una opción que, hoy por hoy, se está analizando.